Puertas cerradas, no abiertas
El PP de Vitoria-Gasteiz vuelve a insistir en una idea tan recurrente como problemática: que el aumento de la delincuencia está directamente relacionado con una supuesta política de “puertas abiertas” a la inmigración. A partir de datos policiales, su portavoz y futuro candidato a la Alcaldía, Iñaki García Calvo, construye un relato que, aunque pueda resultar intuitivo para muchas personas, simplifica una realidad compleja y, lo que es más grave, contribuye a estigmatizar a una parte muy vulnerable de la población.
Porque el problema no son las “puertas abiertas”, sino las muchas puertas cerradas con las que chocan las personas migrantes que llegan a España buscando una vida más libre y segura. España, como el conjunto de Europa, dista mucho de ser un territorio de libre acceso para quienes buscan una vida mejor. Las vías legales y seguras para migrar son escasas, lentas y, en muchos casos, inaccesibles para quienes huyen de contextos de pobreza, violencia o falta de oportunidades.
Lejos de un modelo permisivo, lo que existe es un entramado burocrático y legal que empuja a miles de personas a la irregularidad desde el primer momento en que pisan suelo europeo. Y esa irregularidad no es una elección libre, es una consecuencia.
La irregularidad como producto del sistema
Decir que la irregularidad administrativa es una elección implica asumir que las personas migrantes disponen de alternativas reales para hacer las cosas “bien” desde el inicio. Pero esa premisa no se sostiene en la práctica. Para la mayoría de quienes llegan a España, no existe una vía accesible, rápida y segura que les permita entrar, residir y trabajar de forma regular desde el primer momento. Los visados están limitados, condicionados a requisitos difíciles de cumplir, como contar previamente con un contrato de trabajo, y muchas veces desconectados de la realidad de quienes migran.
A esto se suma un hecho determinante: el propio sistema legal genera irregularidad sobrevenida. Personas que entraron legalmente con un visado pueden perder su situación regular al no poder renovarlo a tiempo, al quedarse sin empleo o al no cumplir condiciones administrativas extremadamente rígidas. No hablamos, por tanto, únicamente de quienes cruzan fronteras sin autorización, sino también de quienes, aun habiendo seguido las reglas, acaban fuera del sistema por la imposibilidad material de sostener su estatus.
El resultado es un callejón sin salida: para acceder a un permiso de residencia se exige un contrato de trabajo, pero para conseguir ese contrato es necesario tener ya el permiso. Este tipo de requisitos no solo no ordenan la migración, sino que empujan a muchas personas hacia la economía informal, donde la precariedad y la desprotección son la norma.
En ese contexto, la irregularidad deja de ser una decisión individual para convertirse en el producto de un diseño institucional que excluye. No es que las personas elijan estar al margen de la ley, sino que la ley, tal y como está configurada, las sitúa en ese margen. Y una vez ahí, salir no es sencillo: los procesos de regularización son largos, inciertos y, en muchos casos, inaccesibles.
El actual proceso de regularización extraordinaria es, en sí mismo, una evidencia de las disfunciones del sistema. Si hoy se plantea la necesidad de regularizar a decenas de miles de personas es precisamente porque durante años se ha permitido, cuando no provocado, que vivan y trabajen en la irregularidad. No se trata de una anomalía puntual, sino de un fenómeno estructural: personas que ya forman parte de nuestras ciudades, que sostienen sectores enteros de la economía en condiciones de enorme precariedad, pero a las que se les niega durante largos periodos el reconocimiento legal más básico. En lugar de facilitar itinerarios de incorporación progresiva a la ciudadanía, el Estado acumula situaciones de exclusión que después intenta resolver de manera extraordinaria y tardía. Y, sin embargo, esas personas llevan tiempo demostrando, con su trabajo y su arraigo, su voluntad de ser una más y uno más entre nosotras. La paradoja es evidente: se exige integración mientras se bloquean los mecanismos que la hacen posible.
Por eso, cuando se habla de “inmigración ilegal” como si fuera una categoría moral o una opción deliberada, se está ignorando que nuestras propias políticas migratorias producen la irregularidad que luego se denuncia. En ese contexto, hablar de “puertas abiertas” resulta una exageración interesada.
Seguridad, estigmatización y convivencia
Es cierto que los datos policiales pueden mostrar una sobrerrepresentación de personas extranjeras en determinados delitos. Pero interpretar esos datos sin atender al contexto social es irresponsable. La criminología lleva décadas señalando que los factores determinantes de la delincuencia no son el origen o la nacionalidad, sino variables como la exclusión social, la precariedad económica o la falta de redes de apoyo. Dicho de otro modo: no delinque alguien por ser extranjero, sino por encontrarse en situaciones de vulnerabilidad que, no casualmente, afectan con mayor intensidad a quienes han sido empujados a los márgenes del sistema.
Además, conviene recordar que los propios datos pueden estar sesgados. Las personas migrantes, especialmente aquellas en situación irregular, están más expuestas a la vigilancia policial y tienen menos capacidad para defender sus derechos, lo que incrementa la probabilidad de detenciones y registros. No es solo una cuestión de quién delinque, sino también de quién es controlado. En este sentido, resulta indignante que responsables públicos utilicen cifras parciales para reforzar un discurso que asocia inmigración y delincuencia. No solo porque es una simplificación engañosa, sino porque alimenta el miedo y la desconfianza, erosionando la convivencia.
Frente a ese enfoque, conviene reivindicar algo que el portavoz del PP rechaza como “buenismo”: la idea de que ningún ser humano es ilegal. No se trata de negar la existencia de leyes ni de ignorar los retos que plantea la gestión migratoria, sino de recordar que detrás de cada expediente hay una persona con derechos, dignidad y una historia que merece ser escuchada. Defender esto no es ingenuidad; es, de hecho, una posición profundamente realista. La seguridad no se construye levantando muros ni cerrando puertas, sino ampliando oportunidades, garantizando derechos y facilitando la integración. Regularizar, incluir, acompañar, respetar: esas son las verdaderas políticas eficaces.
Lo contrario -mantener a miles de personas en un limbo legal, sin acceso pleno a derechos ni posibilidades reales de integración- no reduce la inseguridad, la alimenta. Por eso, la cuestión no debería ser cuántas “puertas abiertas” hay, sino cuántas seguimos manteniendo cerradas. Si de lo que se trata es de abrir una conversación seria, claro; otra cosa es que las declaraciones del portavoz del PP no vayan de eso.