Qué pupa le hace al bien común el ciclo electoral
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha metido el freno de mano a la siguiente fase de la Zona de Bajas Emisiones. No ha dicho que renuncia a ella, eso sería políticamente incómodo de admitir en la ciudad que fue Green Capital, pero la ha aplazado, diluido, metido en un cajón a la espera de tiempos más propicios. Y los tiempos más propicios, da la casualidad, nunca coinciden con los diez meses que quedan para las elecciones municipales.
La razón de fondo no es técnica, es de cálculo electoral: una parte de la ciudadanía ha interiorizado el coche privado como un derecho casi constitucional, y cualquier medida que roce ese derecho inexitente se paga en las urnas. Frente a eso, la calidad del aire, el ruido o la salud pública pesan menos porque son daños difusos, lentos, que no se sienten en el cuerpo el mismo día que se respira mal. Gobernar para el bien común exige, precisamente, defender lo que no grita tan fuerte como el bocinazo de quien no quiere ceder ni un carril. Cuando ese cálculo se impone, gana el ciclo electoral y pierde la ciudad entera, también quienes hoy celebran el frenazo.
El PP ha salido a aplaudir el aplazamiento apelando a que Vitoria-Gasteiz ya cumple los parámetros de calidad del aire. Es un argumento hecho de trampa y de letra pequeña. Los límites que marca la directiva europea no son un estándar científico neutro: son el resultado de años de negociación en los que la industria del automóvil y los lobbies petroleros han tenido un asiento en la mesa que la salud pública no siempre ha tenido. La Organización Mundial de la Salud lo dice con claridad desde que actualizó sus guías: los niveles que Europa tolera como legales duplican o triplican, según el contaminante, los que la evidencia científica considera seguros para la salud. Que una ciudad esté por debajo del límite legal no significa que su aire no siga enfermando a quien lo respira, especialmente a la infancia, a las personas mayores y a quienes ya conviven con patologías respiratorias o cardiovasculares. Escudarse en la directiva europea para no avanzar es escudarse en el techo más bajo posible cuando la ciencia pide otra cosa.
Y hay un contaminante que ese debate deja sistemáticamente fuera de la conversación: el ruido del tráfico. No aparece en los mapas de calidad del aire, no tiene el mismo protagonismo mediático que el CO2 o las partículas en suspensión, pero la propia OMS lo cataloga como una de las principales causas ambientales de enfermedad en Europa, vinculado a trastornos del sueño, hipertensión, estrés crónico y hasta a un mayor riesgo cardiovascular. Una ciudad que reduce el tráfico motorizado no solo limpia el aire: también le devuelve el silencio a quien vive junto a una calle con tráfico intenso, algo que rara vez entra en el argumentario de quienes defienden aplazar la ZBE.
Y conviene no perder de vista la escala mayor del problema. La ZBE no es solo un instrumento de salud pública local: es una de las pocas palancas concretas que un ayuntamiento tiene para mitigar el cambio climático que decimos sufrir. Llevamos años de cumbres, declaraciones institucionales de emergencia climática y discursos que se llenan la boca con la crisis climática, pero cuando toca traducir esa retórica en una decisión que roza la vida cotidiana, cómo se mueve la gente, qué calle usa, si aparca o no aparca, la convicción se evapora. El tráfico motorizado sigue siendo una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero de cualquier ciudad, y cada fase de la ZBE que se aplaza es, literalmente, más CO2 que se sigue emitiendo mientras se posterga la decisión un año, dos, hasta que pasen las elecciones. Ninguna declaración de emergencia climática aprobada en pleno resiste el contraste con la comodidad de no incomodar a nadie antes de una cita electoral. O se gobierna con la coherencia de aplicar lo que se firma en las cumbres y se vota en los plenos, o se admite que la emergencia climática es, para una parte de la clase política, papel mojado que se saca cuando conviene y se guarda en el cajón cuando aprieta.
Detrás de todo esto late una idea vieja que se resiste a morir: que el protagonismo de la calle le pertenece al coche, y que ceder espacio a las personas con aceras más anchas, plazas donde sentarse, calles donde pasear sin esquivar retrovisores, es un lujo que la ciudad no se puede permitir mientras no esté “resuelto” el tráfico. Es exactamente al revés. Una calle pensada para las personas es una calle donde apetece parar, mirar un escaparate, sentarse en una terraza. El comercio y la hostelería que temen la peatonalización arrastran una percepción equivocada: desde dentro de un coche no se consume nada, solo se pasa de largo. Y cuando el espacio público es hostil para caminar, quien tiene coche no elige la calle comercial de proximidad, elige el centro comercial de la periferia, con su aparcamiento gratuito y su climatización. Los datos de decenas de ciudades europeas que han peatonalizado sus centros lo confirman una y otra vez: el pequeño comercio no muere por la peatonalización, muere por la falta de ella.
Todo esto no es neutro porque quien más sufre la mala calidad del aire y el ruido no es quien tiene coche y garaje, sino quien vive en los barrios con más tráfico de paso y menos zonas verdes, quien no puede permitirse mudarse ni insonorizar sus ventanas. Defender la ZBE no es una excentricidad de sensibilidad ecologista desconectada de la vida real: es una política de justicia social y de salud pública que protege, sobre todo, a quienes menos margen tienen para protegerse por sí mismos.
Aplazar la siguiente fase de la ZBE a las puertas de un proceso electoral no es prudencia política, es la confirmación de que el bien común solo se defiende cuando no cuesta votos. Y ese es exactamente el problema: las políticas que de verdad transforman una ciudad (las que limpian el aire, bajan el ruido y devuelven la calle a quien la habita) casi nunca son populares el día que se anuncian, y siempre lo son unos años después, cuando ya es demasiado tarde para que se las atribuya quien tuvo el valor de aprobarlas. Gobernar con la vista puesta en la siguiente encuesta y no en el presente ni en la siguiente generación es, quizás, la forma más silenciosa y más eficaz de hacerle pupa al bien común.