Ciudadanos encabezados por exdirigentes de Podemos piden en el Parlamento Vasco con una ILP más protección para Urdaibai
Un grupo de ciudadanos encabezados por exdirigentes de Podemos ha presentado en el Parlamento Vasco, donde epartido morado perdió su representación tras las autonómicas de 2024, una iniciativa legislativa popular (ILP) para promover que se reconozca a Urdaibai personalidad jurídica y aumentar así su nivel de protección. La iniciativa se presenta en la Cámara autonómica pero, de prosperar, está destinada a que el Parlamento ejerza su facultad de iniciativa legislativa ante el Congreso de los Diputados, mediante la remisión de una proposición de ley “para el reconocimiento de la personalidad jurídica de la marisma de Urdaibai y su cuenca”.
La comisión promotora de esta ILP la integran antiguos 'pesos pesados' de Podemos en Euskadi. De un lado. Miren Gorrotxategi, que fue la última candidata a lehendakari de la formación, en las elecciones de 2024, y antes portavoz parlamentaria desde 2020. De hecho, la petición de que se reconozca a Urdaibai personalidad jurídica figuraba en el programa de Gobierno que presentó a las elecciones encabezando la coalición Elkarrekin Podemos Alianza Verde. Junto a ella, firman la presentación de la ILP Roberto Uriarte, que fue el primer secretario general de Podemos en Euskadi y que también ha sido diputado en el Congreso por la formación. También están en la comisión Pablo Víctor Aretxabala, Miguel Arambuzabala, Erroxeli Ojinaga, miembro de la plataforma Zain Dezagun Urdaibai, y Nieves Terán, abogada ambientalista y exviceconsejera de Medio Ambiente en el Gobierno vasco del socialista Patxi López.
“No hemos pensado para nada en políticas, ni en políticos. Esto es entre personas, no entre partidos”, dice Terán sobre la iniciativa. La propuesta, recuerda, surgió tras unas jornadas en la Universidad en las que acudió Eduardo Salazar, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Murcia y promotor de la ILP para reconocer personalidad jurídica al Mar Menor. Allí estaban Uriarte y la propia Terán. Y se constató el interés en promover una ILP en el mismo sentido para Urdaibai y surgió un compromiso de promover el proyecto. “La idea que tenemos y lo que queremos es involucrar a la ciudadanía y luego ya lo discutirán en los parlamentos. Lo que cuenta es la ciudadanía”, dice.
El objetivo es que el ecosistema deje de ser objeto a proteger para ser sujeto. Es decir, que tenga capacidad para defenderse, para impulsar proyectos por sí mismo, y también “que pueda defenderse de todo tipo de agresiones”, recuerda Terán. Esto supone que si la protección ambiental pertenece al campo del derecho administrativo, quepa, por ejemplo, en el ámbito del derecho civil, o del penal, “como si fuera una persona”.
En el texto sobre el que se sostiene la petición se indica que Urdaibai “enfrenta un conjunto de amenazas genéricas y específicas que ponen a prueba la eficacia de los instrumentos de protección existentes” en la legislación medioambiental. En este sentido, señalan que “la combinación de alta densidad poblacional, atractivo turístico, presión agrícola y fenómenos emergentes derivados del cambio climático” requierende un enfoque integral de gestión, que combine un monitoreo científico permanente y evaluación de impactos; la adaptación de planes de ordenación territorial y restauración ecológica; la educación ambiental y participación comunitaria.; y la coordinación entre administraciones y agentes locales. “La magnitud y complejidad de estas amenazas justifican la exploración de medidas innovadoras, incluyendo nuevos mecanismos jurídicos de representación de la naturaleza, que permitan a Urdaibai defender de manera más eficaz sus intereses ecológicos frente a presiones acumulativas y conflictos de uso del territorio”, señalan.
Según defienden, dotar de personalidad jurídica a Urdaibai permitiría “superar limitaciones derivadas de la discrecionalidad administrativa, garantizaría continuidad en la tutela de los derechos ecológicos, facilitaría la integración de los distintos niveles normativos y la participación de actores diversos en la gestión del territorio”. Además, supondría “fortalecer la función preventiva del derecho al consolidar un marco de obligaciones y derechos que condiciona la planificación territorial y la toma de decisiones estratégicas en torno al desarrollo económico, social y turístico de la zona”.
No obstante, reconocen que “el éxito de esta medida dependerá de varios factores críticos”. En primer lugar, citan de la definición precisa de los mecanismos de representación de la naturaleza, que deben garantizar legitimidad, transparencia y control frente a posibles conflictos de interés. En segundo lugar, la coordinación efectiva entre la normativa internacional, nacional y autonómica, de modo que se eviten lagunas de protección o contradicciones normativas. Por último, la sensibilización y educación ambiental, “ya que la eficacia real del instrumento también se apoya en la aceptación social y en la corresponsabilidad de todos los actores implicados, desde las administraciones hasta la ciudadanía local y los visitantes”.
La petición se basa en el precedente de ley 19/2022, de 30 de septiembre, para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca, que consideran que constituye “un hito sin precedentes en el ordenamiento jurídico español por su reconocimiento explícito de la personalidad jurídica de un ecosistema natural”. “Su génesis responde a la convergencia de factores científicos, sociales y políticos que hicieron evidente la necesidad de un marco normativo innovador para proteger el Mar Menor frente a la degradación ambiental acumulada durante décadas. La ley no se limita a un enunciado declarativo, sino que establece una estructura integral de derechos, representación y deberes, transformando al ecosistema en un sujeto jurídico activo dentro del sistema legal”, señalan. Además, recuerdan que a raíz de esta ley se han presentado otros proyectos, para los ríos y espacios naturales protegidos, como el río Mijares en Aragón o la Albufera de Valencia, “donde se han presentado iniciativas legislativas y propuestas de declaración de derechos de la naturaleza”. “Estas iniciativas buscan aplicar los principios establecidos en el Mar Menor a otros ecosistemas, adaptando los mecanismos de representación y tutela a las características específicas de cada entorno y a las estructuras administrativas competentes”, arguyen.
La ley reconoce al Mar Menor derechos fundamentales orientados a la preservación de su integridad ecológica, incluyendo la conservación de la biodiversidad, la recuperación de hábitats degradados y la garantía de la sostenibilidad de los usos humanos compatibles con su conservación. Esta configuración dota al ecosistema de un estatus jurídico autónomo frente a los actores humanos, permitiendo que sus intereses puedan ser defendidos de manera directa en procedimientos administrativos y judiciales. La representación del Mar Menor se articula mediante un sistema de órganos colegiados que incluye tanto representantes institucionales como expertos independientes en ecología y gestión ambiental. Este diseño busca equilibrar la eficacia de la acción jurídica con la legitimidad técnica y social. La figura del representante legal del ecosistema permite la interposición de acciones para la defensa de sus derechos, la participación en la planificación territorial y la supervisión del cumplimiento de medidas correctivas. La ley también prevé mecanismos de control y rendición de cuentas, garantizando que las decisiones adoptadas en nombre del Mar Menor se orienten al interés del ecosistema y no a intereses particulares. Un tercer eje establece competencias compartidas entre la Administración General del Estado, la comunidad autónoma de Murcia y los ayuntamientos implicados, con protocolos claros para la cooperación, la toma de decisiones y la resolución de conflictos de competencia.
Los promotores arrancarán a partir de ahora un proceso de “divulgación” y recogida de firmas para lo que están trabajando ya con distintas organizaciones ecologistas y conservacionistas. “Queremos que la gente se dé cuenta de la importancia que tiene, que es algo que va más allá de la política. No nos podemos quedar atrás. En el último Congreso de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza se ha puesto encima de la mesa la necesidad de dotar de personalidad jurídica a ecosistemas especialmente sensibles, como el que nosotros tenemos . Queremos que salga adelante entre todos”, señala Terán.