Cuatro activistas se enfrentan a ocho años de cárcel por protestar contra un salón de juegos en Sopela: “Es un montaje policial”
El próximo miércoles, 4 de febrero, cuatro activistas se enfrentarán a un juicio con peticiones de cárcel de hasta ocho años y multas de 112.400 euros por una acción de protesta frente a un salón de juego en Sopela en el año 2021. Se trata de una causa ya archivada en dos ocasiones y en la que la Fiscalía se ha retirado finalmente del proceso, sin embargo, la acusación particular lo mantiene. “Hace cuatro años, la policía nacional española detuvo a cuatro ciudadanos de Sopela por su presunta participación en una serie de actos de protesta contra un salón de juego. Tras años de diferentes procesos, hace tres semanas conocimos tanto el juicio como la acusación formal que debe celebrarse el 4 de febrero. Una pena de 32 años de prisión (8 para cada ciudadano) y una petición de multa de 112.400€ para los cuatro sopeloztarras. La situación es muy grave. El coste penal y económico de este caso puede obligar a cuatro personas a ingresar en prisión y condicionar sus vidas para siempre”, explican a este periódico desde la plataforma Sopelako 4ekin1, creada por los vecinos del municipio de Bizkaia para denunciar la situación.
Según sostienen desde la plataforma, todo se trata de “un montaje policial”. “Estamos ante un montaje policial. De hecho, esta es una operación que se ha construido sobre unos relatos falsificados y unos intereses concretos. Los años 2020 y 2021 fueron especialmente movidos en Sopela. Por un lado, estaba en marcha una dinámica ciudadana contra un supermercado en construcción. Por otro, estaba en marcha una dinámica ciudadana contra un salón de juegos. Y además estaba dando un conflicto flagrante entre la policía local de Sopela y algunos jóvenes. En este contexto, con el objetivo de perseguir a algunos ciudadanos que estaban participando activamente en el movimiento popular, dieron inicio a esta operación. Una operación de dos vértices. Por un lado, el dueño del salón de juego, que quería acabar con esa dinámica ciudadana. Por otro lado, la Policía Municipal de Sopela, la cual pretendía amedrentar a varios jóvenes que, en este contexto, trabajaban activamente en el movimiento popular de la localidad. Así, tanto mediante la manipulación de pruebas como mediante declaraciones falsas, se puso en marcha una operación que situaría a estas cuatro personas en el punto de mira”, defienden, alegando que desde el salón de juego tras la protesta no se realizó ninguna denuncia contra ningún activista en concreto y que fue tiempo después cuando ya se dieron los nombres de los cuatro activistas encausados y se abrió el proceso.
Tras el cambio de declaración, es la Policía Nacional la que investiga el caso que lleva a detener, el 22 de julio de 2021, a los cuatro activistas, que fueron liberados después. “Los acusados declararon por primera vez en noviembre de 2021 y, en mayo de 2022, el juez desestimó el caso, argumentando que no existían pruebas suficientes para condenar a nadie. La acusación particular interpuso un recurso de apelación, pero un segundo juez decidió desestimarlo de nuevo por las mismas razones. Sin embargo, la acusación particular apeló por segunda vez y, posteriormente, un tercer juez decidió ir a juicio. No obstante, una vez fijada la fecha del juicio, la Fiscalía decidió retirarse del caso, argumentando también que no existían pruebas suficientes”, detallan a este periódico desde la plataforma ciudadana.
“Han lanzado una absurda petición de castigo. La acusación pide una multa de 112.400 euros por 32 años de prisión por participar presuntamente en varias iniciativas de protesta. Esto es una barbaridad. Tenemos que hacer frente a esta situación. No hacer nada no es una opción, está en juego el futuro de cuatro ciudadanos de Sopela víctimas de un montaje policial. Por eso, hasta el juicio pondremos en marcha toda una dinámica social que tenga como objetivo socializar la cuestión y tejer solidaridad”, sostienen desde Sopelako 4ekin 1, que han convocado una movilización social este 31 de enero a las 12.30 horas en Sopela.
Desde el Ayuntamiento de la localidad vizcaína, gobernado por EH Bildu, consideran que las peticiones de la acusación particular son “especialmente severas” y generan “una situación de notable incertidumbre personal y social para las personas encausadas y sus entornos familiares y comunitarios, más si cabe, cuando desde la Fiscalía se han retirado todas las acusaciones”. “Como responsables de una institución pública cercana a la ciudadanía, el equipo de gobierno no puede permanecer ajeno al impacto humano y social que este tipo de procedimientos conlleva, ni a la preocupación que suscitan en la comunidad local”, defienden en un comunicado en el que también insisten en que seguirán “con atención la evolución de este caso, desde una posición de responsabilidad institucional y cercanía” con los vecinos.