Las entidades más pequeñas de Álava sacan las urnas el 23 de noviembre: 333 concejos eligen 'alcalde'

Entre los pilares de la arquitectura territorial de la provincia de Álava, pervive todavía en 2025 una institución de regusto medieval. Por debajo del nivel de los 51 municipios en los que se divide la provincia, hay una entidad de menor ámbito, el concejo, con personalidad jurídica y atribuciones propias, que hunde sus raíces al menos en el siglo XIII y que sigue funcionando con cierta independencia. Para gobernar su pequeño territorio y sus pocos habitantes (la población de algunos de ellos se puede contar con los dedos de las manos), cuentan con una junta administrativa que se compone de miembros que se eligen en elecciones cada cuatro años. Este próximo 23 de noviembre, los habitantes de los concejos alaveses, unos 30.000 en total, están llamados a depositar su voto en la urna y renovar esas instituciones.

Hay en la actualidad 333 concejos. Con el tiempo, el número ha ido oscilando, con la instauración de algunos nuevos y la disolución de otros. En 2024, por ejemplo, rencillas vecinales y disputas en el concejo de Guinea, perteneciente al municipio de Valdegovía, acabó disuelto. Este año, se ha puesto punto final también a la historia de Arriaga como concejo. Parte de Vitoria, la Diputación alegó que “el último año en el que constaron vecinos empadronados fue en 2002, esto es, hace más de veinte años, con una única persona inscrita”. “La realidad —abundaba la norma foral— es que el término concejil se encuentra diluido y anexionado a la ciudad de Vitoria-Gasteiz, fruto de la expansión que ha experimentado la capital alavesa en las últimas décadas”. De los más de tres centenares de concejos que perviven en la provincia, seis decenas forman parte del municipio de Vitoria.

Las competencias de los concejos, que se regularon por una norma foral de 1995, son variadas. Entre ellas, se cuentan construir y conservar instalaciones de uso o servicio público, hacer la policía de caminos rurales, montes, fuentes y otros bienes, administrar y conservar el patrimonio cultural y forestal y programar y ejecutar obras. Además, pueden delegar en otros concejos, municipios o cuadrillas, mientras que otros concejos, municipios y cuadrillas pueden igualmente delegar en ellos.

La población de los concejos representa, aproximadamente, un 10% de la total de Álava. Alrededor de 30.000 están llamadas a votar el 23 de noviembre. Las plantas electorales son ajenas a este proceso, pues han de presentarse de forma individual habitantes del concejo. En cada concejo, se eligen como mínimo un regidor-presidente (que viene a ser el 'alcalde') y dos vocales. En aquellos concejos que cuentan con más de cuatro centenares de habitantes, se puede incrementar el número.

En los concejos con candidaturas (puede haberlas en cualquiera, pero son comunes sobre todo en los más populosos), solo se pueden depositar votos a favor de alguno de esos candidatos, que en las listas aparecen ordenados alfabéticamente según el primer apellido. Si no hay ninguna candidatura registrada, el sistema pasa a ser abierto: se puede votar a cualquier habitante del concejo mayor de edad, esto es, a cualquiera de las personas con derecho a voto. Según los datos brindados por la Diputación, de cara a estas elecciones, hay 55 concejos con candidaturas y 278 sin ellas. A continuación, se puede ver un documento con todas las candidaturas registradas por concejo:

Las particularidades de estos comicios concejiles no acaban ahí. A diferencia de en otras citas electorales, el horario es más limitado, pues las urnas apenas están abiertas unas horas por la mañana. En los concejos de Vitoria, por ejemplo, se podrá votar entre las 11:00 horas y las 15:00. El Ayuntamiento de la capital, además, explicita que, de cara a las votaciones para las elecciones de los concejos de Vitoria, pueden depositar su voto aquellas personas mayores de 18 años que sean de nacionalidad española o de cualquier país de la Unión Europea, que sean de Noruega y acumulen tres años de residencia o que hayan completado cinco y sean de Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea —no se especifica, pero se presupone que de la del Sur—, Ecuador, Islandia, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú o Trinidad y Tobago.

No existe tampoco el voto por correo, pero sí una alternativa: aquellos que prevean que no vayan a poder personarse el día de los comicios, pueden registrar su voto por anticipado en el Ayuntamiento del municipio al que pertenece el concejo. “Queremos una Álava más participativa, más igualitaria y más conectada. Y eso empieza por dar protagonismo a quienes viven y sienten el territorio. Cada candidatura cuenta. Cada voto cuenta. Cada pueblo cuenta”, ha animado Laura Pérez Borinaga, diputada foral de Equilibrio Territorial y Ordenación del Territorio.

Unos concejos con historia

Los concejos hunden sus raíces al menos en el siglo XIII. Ya por entonces, existían unas ordenanzas del buen gobierno que, si bien con diferencias entre unas y otras, recogían unos aspectos esenciales: la existencia de un regidor, los derechos y obligaciones (que variaban si uno era vecino o mero morador) y la administración de los bienes del lugar. “Desde tiempos inmemoriales, los pueblos alaveses se han regido por sus propios usos y costumbres, que lejos de ser inamovibles han sabido, respetando su esencia, adaptarse a las diferentes épocas que les ha tocado vivir”, relata la Asociación de Concejos de Álava, que se creó en 1996 para defenderlos y promoverlos.

Ramón Ortiz de Zárate, que escribió largo y tendido sobre el territorio, apuntó algunas notas sobre los concejos en su obra 'Compendio foral de la provincia de Álava', que vio la luz a mediados del siglo XIX. Por entonces, disponían estos concejos de “arcas de misericordia, de las que se presta trigo para sembrar en la época en que debe hacerse esta operación por los labradores”. También formaban los concejos sociedades de socorros mutuos para labradores y ganaderos: “se socorre cuando sucede alguna desgracia a los ganados asegurados; sostienen también los pastores que necesitan para el servicio común de todo el vecindario, a excepción de las cabras e irasco o macho cabrío que sólo pagan los que tienen esta clase de ganado”. Los concejos se encargaban, de igual manera, de atender a “la dotación del culto y clero, facultativos, maestros y demás necesidades locales”.

España se había articulado ya en municipios, pero los concejos no se diluyeron en esa nueva arquitectura. En 1914, el real decreto que adaptó esa configuración constitucional a las particularidades de las provincias vascas ya reconocía los concejos alaveses y aseguraba que “conservarán [...] sus atribuciones peculiares y se organizarán según sus costumbres tradicionales, sin que puedan ser inspeccionadas por los Ayuntamientos, salvo el caso de que lo pidan la mayoría de sus vocales o la tercera parte de los vecinos que integren la entidad local”.

Ya en 1995, la norma foral de los concejos señalaba que la “pervivencia” de entidades concejiles denotaba “ya por sí solo el nivel de vinculación de estas instituciones con las colectividades humanas a las que sirven en la doble función de cauce de representación directa de la población en los asuntos colectivos y órganos de prestación de los servicios demandados y más cercanos a los mismos”.