Euskadi plantea quitar al puerto de Pasaia la etiqueta de “interés general” para poder asumir su titularidad

El Gobierno de Imanol Pradales ha planteado al Estado la desclasificación o degradación como puerto de “interés general” de Pasaia para poder asumir su gestión y propiedad. También quiere que se hagan “adecuaciones normativas” para que el de Bilbao, sin perder esa etiqueta, pueda tener una “gestión directa” total por parte de la Administración vasca. Es una de las diez propuestas entregadas esta semana por la consejera del ramo, María Ubarretxena, al ministro Ángel Víctor Torres para finalizar antes de que acabe 2025 el traspaso de las materias pendientes del Estatuto de 1979. “Con esto terminaríamos de completar el Estatuto de Gernika”, ha confiado Ubarretxena en un encuentro con los medios de comunicación tras regresar de Madrid.

El Estado ya cedió en 1982 la competencia de Puertos. El Estatuto marca que Euskadi puede gestionar las infraestructuras portuarias y aeroportuarias siempre que no sean de “interés general”, que son competencia exclusiva del Estado. Existe un organismo autonómico llamado EKP y que controla ya los muelles de Donostia, Hondarribia y otras localidades con la excepción de los grandes puertos, Pasaia y Bilbao. Este mismo miércoles, en el Parlamento Vasco, la directora de EKP, Edurne Egaña, compareció para explicar su gestión en lo tocante a los amarres, por ejemplo. En paralelo, desde hace años el Gobierno vasco participa en la gestión de los que son de “interés general”, básicamente con los nombramientos de sus responsables.

La consejera Ubarretxena ha asegurado que Pasaia “cumple con los elementos” para salir de la lista de puertos de interés general del Estado. Aparentemente, no es esencial para España por razones de seguridad, conectividad internacional y otros puntos fijados por la normativa estatal. Según el Ejecutivo autonómico, ahora es el 23 de 28 entre los de titularidad estatal y, con este cambio, podría subir “al top 10”. “Tener o no interés general no influye en la competitividad”, ha señalado sobre posibles efectos negativos de la degradación. Si Pasaia fuera de titularidad autonómica, tendrían más inversiones y crecería, entiende el Gobierno vasco. Hay precedentes en Andalucía, por ejemplo, donde grandes instalaciones autonómicas funcionan de modo eficiente sin la etiqueta de “interés general”. En el caso de Bilbao, no habría enganche legal para que deje de ser parte de la red estatal, aunque Euskadi quiere más capacidad de gestión al margen de la titularidad.

Este proceso es paralelo a la negociación sobre aeropuertos. Aquí no se plantea una transferencia: ya lo ha descartado el Estado. De nuevo, el Estatuto y la Constitución acotan que la comunidad autónoma solamente pueden asumir terminales que no sean de interés general. En Catalunya ya se hizo una transferencia en esos términos y conviven las grandes instalaciones de Aena con las pequeñas de gestión autonómica. En el caso vasco, los Gobiernos de Pedro Sánchez e Imanol Pradales buscan una fórmula “negocial” que dé cauce al “interés” de la parte vasca en tener más capacidad de control sobre rutas y servicios en Loiu, Foronda y Hondarribia, sin que en ningún supuesto se plantee una degradación.

Euskadi negocia también la asunción plena de la gestión económica de la Seguridad Social, un proceso ya iniciado en verano y que se redondea con las funciones plenas del Sepe (el antiguo Inem) y de la Inspección de Trabajo. Hay 527.074 pensionistas en la comunidad autónoma que pasarían a ser pagados por un organismo autonómica. No hay precedentes en España de este modelo. Se deja claro que el Estado se reserva la regulación y la fijación de cuantías y que no se rompe la caja única.

¿Y qué otras materias demanda el Gobierno vasco? Quiere gestionar los paradores de Hondarribia y Argomaniz, gestionar las matriculaciones de vehículos -sin poder tocar el sistema estatal único vigente desde 2000- y sus permisos de circulación, hacer exámenes de conducción para agilizar la lista de espera, organizar las elecciones municipales -esto lo harían las diputaciones y no el Gobierno vasco-, subrogarse la posición del ICO y de Cofides, reforzar el control autonómico sobre los seguros privados y agrarios y asumir el organismo Cedex. Asmismo, al margen de las transferencias se plantea reforzar la inspección pesquera y el control de los servicios priviados de seguridad. Euskadi renuncia a las competencias de hidrocarburos -desde 2021 está prohibida la extracción en España- y a ganar funciones en materia de Bolsa, ya que la de Bilbao ya está supervisada 'de facto' por las instituciones vascas.

El PNV arrancó a Sánchez, antes de la investidura de 2023, cerrar el desarrollo estatutario antes del final de 2025. En estos años ya se han dado acuerdos con Cercanías, Costas, permisos de trabajo, ayudas a la cinematografía y otras. La consejera Ubarretxena asume que los plazos son “estrechos” para todo el volumen de trabajo que hay encima de la mesa y reconoce igualmente que las materias sobre la mesa son “de gran enjundia”, particularmente Seguridad Social o infraestructuras. Ahora bien, se confía en que, al menos, los acuerdos están cerrados antes de final del ejercicio. Se apunta a que se celebrará en diciembre una comisión bilateral presidida por Sánchez y Pradales, la tercera desde la llegada del segundo a Ajuria Enea en el verano de 2024. Técnicamente, las comisiones mixtas que oficializan las transferencias y su entrada en vigor podrían ir llegando más adelante.

Ubarretxena defiende su relación “fluida” con el Estado. “Prácticamente todas las semanas tenemos reuniones”, ha indicado. También destaca la “lealtad y colaboración” del PSE-EE como socio en Euskadi. Eso sí, hay muchos matices de interpretación entre nacionalistas y socialistas en algunos ámbitos, como es el caso de puertos y aeropuertos. “Serán meses de mucho trabajo y de mucha presión”, ha concluido la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno.