El Gobierno vasco ha dado marcha atrás y renuncia a forzar una reapertura de los centros escolares y de Formación Profesional desde el 18 de mayo, día en que ya estaban convocados alumnos de 2º de Bachillerato y algunos ciclos. Anuncia que realizará un nuevo intento de cara al 25 de mayo. Lo hace para no “tensionar” y tras una semana en la que la comunidad educativa (sindicatos, centros, familias y estudiantes) se ha manifestado en contra de manera mayoritaria. Se reconoce también ahora que no disponía del aval jurídico necesario en plena fase 1 de la desescalada de la pandemia, que solamente autoriza la apertura de centros educativos para labores de desinfección y preparación para fases sucesivas.
El Ejecutivo de Iñigo Urkullu había asegurado tener “acordada” con el Estado una autorización para este regreso inminente a la docencia presencial -que en su conjunto afectada a unos 90.000 estudiantes- dentro de la fase 1, pero es algo que ni la Delegación del Gobierno ni los ministerios de Educación o Sanidad han terminado de confirmar en ningún momento. Explica ahora Euskadi que ese acuerdo político -el mismo utilizado para limitar algunas libertades de movimientos que sí están autorizadas en otras zonas de España en fase 1- no ha terminado de materializarse y que no aclarar el panorama cuando el 18 de mayo está cada vez más cerca supondrían “tensionar” a la comunidad educativa.
El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha parecido señalar a Pedro Sánchez por no haber despejado esa “incertidumbre jurídica”, por no haber ofrecido a Euskadi una salida “clara y viable” para poder desarrollar su plan. En esta línea, Erkoreka ha defendido como positivo y necesario el plan de vuelta a la docencia presencial y ha asegurado que las “garantías sanitarias” eran las adecuadas. También que no es cierto que haya un rechazo unánime entre los agentes educativos. La decisión de renunciar al calendario anunciado se debe única y exclusivamente -ha recalcado- a que “es jueves a las dos de la tarde” y “todavía no se ha producido esa concreción jurídica” por parte del Gobierno español. Posponer cualquier anuncio con el 18 de mayo cada vez más cerca sería “tensionar” a la comunidad educativa, ha incidido el portavoz.
El plan se anunció como obligatorio y definitivo la pasada semana y en ningún momento se aludió a los impedimentos jurídicos. Más tarde se rebajó a una mera “propuesta” y se puso en manos de centros y familias la decisión de regresar a las aulas. Desde el martes, y ante el clima generado en Euskadi, el Gobierno vasco ha venido reculando, aunque ha manifestado que tiene informes de “expertos” que aseguran que es importante retomar la actividad presencial en cursos clave y que también es necesario instruir en “disciplina social” a los más jóvenes.
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