La Fiscalía denuncia el giro de 180 grados del instructor de la investigación por la “desaparición” del Irurak Bat de Getxo
La fiscal María del Pilar Sánchez Donate ha firmado un muy contundente escrito contra la resolución del instructor de Getxo Marcos Amor que cerró la investigación penal por el derribo del palacete Irurak Bat sin tomar declaración a los imputados —entre ellos tres exconcejales del PNV, que ha celebrado la decisión— y a los principales testigos y sin revisar los dispositivos electrónicos decomisados por orden de la anterior instructora, Neus Galobardes. Desde el aplauso a la “gran labor” del juez Amor, la fiscal lamenta el “giro de 180” en la investigación y que se haya optado por cerrarla sin “motivación”, y recuerda que todos los informes que se conocían hasta ahora, incluso los del área de Patrimonio del Gobierno vasco, en manos del PNV, apuntaban a la “irregularidad” de la demolición.
El juez Amor, que no fue el que acordó a comienzos de 2026 tanto las imputaciones como los registros y la incautación de documentos y equipos electrónicos, dio por buena la tesis de las defensas de que era aplicable en este caso una sentencia de lo contencioso-administrativo sobre otro edificio de Getxo, La Aldea. Según esa tesis, que un inmueble sea de “custodia municipal” no implica automáticamente una protección y, por lo tanto, no cabe estimar que un derribo pueda ser delictivo. Sin embargo, como adelantó este periódico, se cierne un triple recurso para que la Audiencia de Bizkaia enmiende la plana al instructor. Lo han planteado, por un lado, los dos principales partidos de la oposición, PP y EH Bildu, que están personados; y, por otro, la Fiscalía.
El documento del ministerio público, fechado a 11 de septiembre y enviado ya a la Audiencia Provincial, menciona que el propio juez habló de tomar declaración a los imputados después de escuchar a los testigos, cosa que no se ha cumplido, e insiste en que “no se comparte que el edificio no se hallara protegido” y tampoco “que su derribo fuera una actuación admitida sin el cumplimiento de los requisitos legales”. No se puede ventilar el caso del Irurak Bat señalando que “meras infracciones propias del ámbito administrativo” como mucho, afea Sánchez Donate a Amor.
Dice la Fiscalía que el arquitecto municipal —Urko Balciscueta, que tampoco llegó a declarar—, que el Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro y que “hasta la Dirección Patrimonial Cultural del Gobierno vasco”, organismos que “abarcan todo el espectro de conocimiento de la materia”, “coincidían en la protección que se debía deparar al edificio Irurak Bat y en la irregularidad de la demolición en cuanto edificio sometido a custodia municipal”. “La absoluta necesidad de proteger tal edificio se desprendía de la normativa vigente en tal momento y se contempla incluso ahora en la actualidad, al aparecer como edificio sometido a custodia municipal, debiendo respetar la envolvente del edificio en su integridad, [...] en la modificación del plan general de ordenación urbana del Ayuntamiento de Getxo, con entrada en vigor el 25 de agosto de 2026”, remarca.
Para la Fiscalía, hay indicios de que los imputados “actuaron de una manera orquestada” para saltarse la normativa y poder derribar el Irurak Bat. “Ciertamente todos los juristas intervinientes en la causa somos capaces de comprender lo que subyace en la resolución ahora impugnada, pero la realidad es que se halla huérfana de un relato de hechos que permita conocer a ajenos a la causa la entidad de los hechos y la importancia que se le quiere dar”, sostiene también, sin que quede muy claro a qué se refiere, el escrito de recurso de la fiscal, que en todo caso sí incide en falta de motivación del instructor y recuerda que eran dos los posibles delitos cometidos, la prevaricación —adoptar decisiones administrativas irregulares a sabiendas— y un delito contra el patrimonio histórico.
Así, la Fiscalía opta por resumir los indicios e insistir en su plena vigencia. Menciona, por ejemplo, el “apartamiento consciente y deliberado” del arquitecto municipal que había informado contra el derribo “para evitar un informe desfavorable”, la realización de “intervenciones graduales” no permitidas que acabaron con la “desaparición” total del antiguo edificio en 2024, la “omisión” de “todos” los trámites que exigen los edificios protegidos o la “ocultación” de los verdaderos planes de demolición durante el proceso. Dos de los tres del PNV imputados iban a irse a vivir allí, a las nuevas viviendas de lujo que iban a sustituir al Irurak Bat.