El Gobierno de Sánchez amaga con llevar al Constitucional las facilidades de los presupuestos vascos a la industria militar
El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado su deseo de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de los presupuestos vascos de 2026. En concreto, el Ejecutivo central cuestiona una enmienda que introdujeron a última hora PNV y PSE-EE para modificar la normativa autonómica de Cooperación de 2024 y levantar el veto a la concesión de ayudas públicas a la industria armamentística o de defensa siempre que estuvieran alineadas con la denominada Estrategia Europea de Seguridad. La sangre no ha llegado todavía al río y, en aplicación de la ley reguladora del Tribunal Constitucional, ambos Gobiernos han creado una comisión bilateral para tratar de resolver las discrepancias de interpretación a nivel político. Fuentes de Ejecutivo de Imanol Pradales confían en que se pueda alcanzar un acuerdo.
El punto de conflicto es la disposición final décima de las cuentas. Es una redacción que no aparecía en el texto original que envió el Gobierno al Parlamento, pero que se introdujo como enmienda, a propuesta de PNV y PSE-EE, en la tramitación. Como justificación, nacionalistas y socialistas explicaron que era necesario retocar una ley muy reciente, la de Cooperación, porque, textualmente, “peligraba” la “movilización de 325 millones de euros en inversión industrial”. Se trataba de proyectos que quedarían fuera si se interpretaba que su actividad era de “doble uso”, militar y civil. Se aludía a ámbitos como la ciberseguridad, el sector aeroespacial y los combustibles renovables.
“Es un hecho que la industria de alta tecnología y doble uso representa un porcentaje significativo del PIB industrial vasco [...]. Son los sectores llamados a construir el nuevo tejido industrial vasco y su desarrollo depende directamente de corregir el bloqueo normativo que hoy impide ejecutar partidas de innovación, internacionalización e I+D+i. Esta enmienda no introduce una excepción caprichosa, sino una alineación imprescindible con la Estrategia Europea de Seguridad y con los instrumentos industriales europeos”, se indicaba.
Añadían nacionalistas y socialistas que referenciar los proyectos al marco europeo garantizaba “un marco plenamente garantista con los valores de la paz, la prevención de conflictos, la defensa de los derechos humanos y el respeto al derecho internacional”. Sin embargo, cuando este periódico informó de la enmienda, la Coordinadora de ONGD Euskadi y Zehar-Errefuxiatuekin denunciaron que PNV y PSE-EE operaron con “nocturnidad” para “permitir la colaboración y financiación de armamento o tecnología de uso militar”, siempre y cuando se encuadre dentro de la Estrategia Europea de Seguridad.
Según la documentación facilitada al Parlamento Vasco por la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, que es la responsable de los servicios jurídicos, el Gobierno de España sostiene que esa disposición presupuestaria puede vulnerar las competencias exclusivas del Estado en cuatro ámbitos: la política internacional, la política de Defensa, la política de comercio exterior y la legislación básica sobre contratos. Fue el PP, a través del parlamentario Álvaro Gotxi, el que preguntó al Ejecutivo vasco por este recurso de inconstitucionalidad, del que nunca se ha informado públicamente.
La ley orgánica del Constitucional, en todo caso, habilita un plazo de seis meses para que las partes alcancen una interpretación compartida de la norma en litigio antes de elevar el asunto al plenario de la corte de garantías. Según Ubarretxena, la visión del ejecutivo autonómico es que “puede darse una interpretación” de la enmienda que no implique una invasión competencial. “El Gobierno vasco mantendrá una disposición dialogante en orden a alcanzar un acuerdo interpretativo del precepto cuestionado aclarando las dudas trasladadas por la Administración del Estado anclando el encaje constitucional y europeo del artículo [de los presupuestos], de tal forma que se evite un posible recurso de inconstitucionalidad”, apunta Ubarretxena.
Según las fuentes consultadas, ya se han producido algunos contactos entre ambas partes, se han intercambiado propuestas pero, por el momento, no se ha alcanzado acuerdo alguno. El plazo orientativo para que se aclare el asunto sería septiembre, ya que el artículo 33 de la normativa del Constitucional habla de un máximo de nueve meses desde la promulgación de la ley, que fue votada en el Parlamento a finales de diciembre de 2025.
En paralelo, este lunes la agencia SPRI, dependiente del consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, publicó las bases de su programa de ayudas empresariales Zabaldu+ de 2026. En ellas, a la hora de regular las candidaturas que pueden optar a las subvenciones, se asume la redacción de la enmienda y solamente se plantea dejar fuera a las compañías “que se dediquen a la producción, comercialización y financiación de armamento o tecnología de uso militar” al margen de la Estrategia Europea de Seguridad.