El Gobierno vasco prevé destinar 95 millones en 2026 a las ayudas económicas de acceso al alquiler libre
El área de Vivienda del Gobierno vasco calcula que, en 2026, destinará 95 millones de euros a la prestación económica de vivienda (conocida por sus siglas PEV). En 2025, con un presupuesto similar, se ejecutaron finalmente 86 millones. Éste será un año clave para esta ayuda -de 300 euros mensuales como apoyo al abono de rentas en el mercado libre- ya que se completará finalmente la pasarela de beneficiarios de la antigua prestación complementaria de vivienda (la PCV asociada a la RGI) y todas las gestiones las centralizará ya Vivienda, que se previó en la ley de 2015, dejando sin atribuciones a Lanbide.
Esa norma de 2015 fue la primera en desarrollar el derecho constitucional a la Vivienda. Quienes cumplan unos umbrales económicos pueden solicitar un piso a la Administración y, en caso de no disponer de oferta suficiente, se les abona una cuantía mensual para facilitar la entrada a viviendas libres. Ahora mismo, 3.000 personas ejercen el derecho con un alojamiento y los 32.000 reciben la PEV subsidiaria para el alquiler.
El consejero de Vivienda, el socialista Denis Itxaso, se ha felicitado de que estos 35.000 se suman a 30.000 adjudicatarios de casas protegidas en sus diferentes fórmulas de alquiler y a 9.500 jóvenes beneficiarios del programa Gaztelagun, que también aporta 300 euros mensuales. La conclusión es que “más de la mitad” de los 137.000 hogares en alquiler tienen apoyo público. No se incluyen los titulares de Emantzipa, otra ayuda paralela de 300 euros para jóvenes impulsada por el ala del PNV del Ejecutivo de coalición.
Itxaso, en rueda de prensa, ha asegurado que “ninguna otra comunidad” tiene estos niveles de cobertura. Asegura que “en medio de tanto diagnóstico” sobre el problema habitacional otros hacen los deberes. “Somos un país que está desplegando muchos recursos”, ha destacado el socialista, que ha puesto en valor las políticas de “intervención pública” ante un “mercado desbocado”.
Por otro lado, Itxaso ha recordado que el Gobierno trabaja en un nuevo decreto para ampliar las coberturas de programas como la PEV o Gaztelagun, entre otros. No suben las cuantías -de hecho, cuando la PCV nació en 2008 llegaba a 320 euros- sino los beneficiarios potenciales. Solamente en Gaztelagun ello podría requerir un gasto adicional anual de 5 millones, según se prevé.
Era un decreto que recibió la etiqueta de “urgente” y ya estaba encima de la mesa en la Semana Santa de 2025, cuando lo adelantó este periódico, pero aún no ha sido aprobado. Itxaso ha asegurado que la tramitación está ya “en la última fase” y ha calculado que “en un mes o mes y medio” podría volver a dar una rueda de prensa para presentarlo ya definitivamente.