Un informe señala nuevos indicios de irregularidades en contratos del anterior equipo de Gogora

Un informe entregado al Parlamento Vasco a instancias del PP por la actual consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, del PSE-EE, apunta a la existencia de al menos “errores” en el expediente de contratación de las obras del denominado Gogoragunea, el espacio expositivo permanente del Instituto de la Memoria (Gogora), en su sede de Bilbao. Este proyecto, de 3,8 millones y adjudicado a la empresa Bycam, fue puesto en marcha por el anterior equipo del PNV, con Aintzane Ezenarro como directora del organismo. Se da la circunstancia de que Gogoragunea era la plasmación final de una carpa itinerante con la que Gogora recorrió las localidades vascas y cuya contratación motivó también denuncias por comportar decenas de adjudicaciones al grupo de un miembro del PNV, Montai.

El parlamentario del PP Álvaro Gotxi registró en la Cámara una batería de preguntas antes de las vacaciones de verano a la luz de la última auditoría del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas sobre los entes autonómicos, que data de mayo de 2025. En ella se mencionaban “deficiencias” en este proceso de adjudicación. Se relacionan, entre otras, la aprobación del gasto por un órgano no competente, que no intervino la comisión central de contratación, que no hay constancia del cumplimiento de la solvencia previa de la adjudicación, que no hubo fiscalización de la Oficina de Control Económico, que la adjudicación superó el plazo máximo, que no se indicaba la garantía de la aplicación del convenio colectivo a los trabajadores de las obras y falta de información sobre la licitación en el perfil del contratante. Gogora nunca envió alegaciones para dar explicaciones al Tribunal de Cuentas.

En el verano de 2024, el área de Derechos Humanos fue una de las que pasó a manos del PSE-EE en la renegociación de la coalición con el PNV. San José es la consejera y Alonso ha ocupado la silla de Ezenarro en Gogora. Precisamente hace unos días trascendió su nombramiento como responsable de contenidos de memoria histórica en la dirección de EiTB, la radiotelevisión pública vasca.

Es el nuevo equipo el que ha entregado la información al Parlamento y no se niegan las anomalías en este contrato. Como “consideración previa”, se indica que antes de la adjudicación a Bycam hubo un intento anterior en 2022 que quedó desierto por entender las empresas que el dinero era insuficiente y no presentar ofertas. Esto “ha dificultado la gestión [del contrato] y ha conllevado errores de carácter formal”, sostienen los gestores de Gogora. Matizan, eso sí, que esto “no ha invalidado el conjunto de la licitación” ni “puesto en riesgo en ningún momento” la “concurrencia competitiva”, es decir, que una variedad de empresas pudieran optar a los trabajos.

Este informe no niega que falta “en el segundo procedimiento” y “a la vista del importe del gasto” la “participación” de la comisión central de contratación. Hubo también un informe “desfavorable” de la Oficina de Control Económico, que apreció “errores de tipo contable”. Es del 20 de febrero de 2024 pero el Consejo de Gobierno, a pocas semanas de las elecciones que pusieron fin a la etapa de Iñigo Urkullu, el 19 de marzo de 2024, autorizó dar continuidad al procedimiento a pesar de los “errores de tipo contable”.

Gogora explica que “es cierto” que hubo plazos que se “demoraron”, si bien entiende que en un momento “posterior” ya se ha ido cumpliendo con todos ellos. “Aunque, tal y como indica en su informe el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, se han detectado deficiencias en el expediente de contratación objeto de fiscalización, se han subsanado, aunque con demora, parte de las indicaciones recibidas y se han tomado en consideración el resto para futuras licitaciones. En definitiva, aunque no se envió una respuesta de alegaciones por escrito se han tenido en cuenta las valoraciones recibidas. Añadir al respecto que la concurrencia ha sido garantizada y la mejor prueba de ello es la ausencia de recursos”, expone la consejera San José.

El proyecto de Gogoragunea expone como claro “antecedente” que este espacio expositivo permanente es la continuidad de la carpa itinerante que recorrió Euskadi durante años desde la creación de Gogora en 2016. Prácticamente la totalidad de los contratos formalizados por el Instituto de Memoria fueron con empresas del grupo Montai y, en su mayoría, mediante adjudicaciones directas por debajo del umbral legal aunque luego se repetía para cada ubicación el mismo objeto del contrato. En uno de los pocos concursos llegaron a competir entre sí firmas del mismo grupo. Gogora dependía entonces de Presidencia.

El grupo Montai es del empresario Aitor Elorza, miembro del PNV. Este periódico reveló estas adjudicaciones a comienzos de 2020. El adelanto electoral de 2020 hizo que Ezenarro nunca compareciera en el Parlamento por estos hechos a pesar de las peticiones de la oposición. De hecho, su sucesor Alonso explicó este año cuando acudió a la Cámara por vez primera que la normativa marcaba comparecencias anuales para dar cuenta de su gestión, hecho que en ocho años nunca cumplió Ezenarro.

Gogoragunea, según se expuso cuando se presentó, es una exposición permanente con seis áreas, la Guerra Civil y el franquismo, la represión, la violencia policial y la tortura, ETA, los GAL y otros terrorismos de extrema derecha, la respuesta social y la resiliencia. “El espacio pretende propiciar una reflexión personal y colectiva con el objetivo de reforzar principios y valores éticos y democráticos: deslegitimación de la violencia, no repetición, derechos humanos, pluralismo político y diálogo”, se indicó.