La plataforma ecologista Mutriku Natur Taldea ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) -la sala la preside el juez Luis Garrido- contra las obras de ampliación del dique del puerto esta localidad guipuzcoana, que consideran que supondrán graves afecciones medioambientales. En concreto, el recurso se plantea contra la adjudicación del contrato de “Finalización de mejora de acceso marítimo al puerto de Mutriku” realizado por el Departamento de Desarrollo, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno vasco, que está previsto que se desarrolle en los próximos 20 meses. La plataforma ha denunciado los hechos también ante Comisión Europea y ha solicitado amparo al comité de peticiones del Parlamento Europeo por la “vulneración voluntaria de la legislación medioambiental” por parte del Gobierno vasco en estas obras.
La asociación solicita la suspensión del proyecto, aunque es consciente de que la decisión judicial o el amparo de Europa no llegará antes de que inicien las obras. “Sabemos que no llegamos a tiempo, ya está todo vallado para comenzar las obras, pero nosotros daremos los pasos que haya que dar y tendrá que responder”, dice el representante de la asociación, Iñigo Aguirre.
Según denuncian desde Mutriku Natur Taldea, el proyecto constructivo “se emitió sin haberse cumplido con el procedimiento legalmente establecido para su aprobación, como la presentación de alternativas, emisión de informes técnicos y autorizaciones correspondientes, información pública”. “Lo que lo hace nulo de pleno derecho y por tanto convierte en insubsanable el propio procedimiento de adjudicación”.
La asociación había denunciado de forma previa la decisión del Gobierno de sacar la obra a licitación, pero, según señala Aguirre, “se tumbó el recursoadministrativo porque no éramos parte implicada en la contratación, por lo que no nos queda más remedio que acudir a la vía judicial”.
Según señalan en el recurso presentado “el proyecto de mejora de acceso marítimo del año 2011, ni siquiera cuenta con la oportuna Declaración de Impacto Ambiental (DIA), y utiliza la que se aprobó en fecha el 29 de julio de 2004, para un proyecto diferente y que fue el proyecto de 2005”, “constantemente modificado con la aparición nuevas condiciones que hicieron imposible que se mantuviera tal y como se redactó”.
En este sentido, argumentan que cualquier modificación para adaptarlo a un nuevo proyecto constructivo, “debe pasar por un nuevo procedimiento de evaluación ambiental y debe ser aprobado por una resolución del mismo rango legal que el original”. Por ello insisten en que “nos encontremos en el marco de las irregularidades invalidantes presentes en los actos preparatorios de un proceso de contratación, y por ende de adjudicación”, señalan. Recuerda el recurso que “la más reciente jurisprudencia europea, exige que cuando la ejecución de un proyecto sometido a evaluación ambiental se dilate en el tiempo y sufra modificaciones, cada modificación deberá someterse a evaluación ambienta que deberá recoger el impacto ambiental que ha generado la parte del proyecto ya ejecutada, y que debe incluirse y tenerse en cuenta en la fase de redacción del nuevo proyecto. Evidentemente estas premisas no se han cumplido”. aseguran.
Esta asociación considera que la ampliación está “injustificada”, y que, sin embargo, la construcción del nuevo tramo de dique “supone la desaparición de una parte muy significativa del patrimonio natural de Mutriku. A ello, le sumamos que el proyecto ya ejecutado, de la central Undimotriz, instalada en el mismo dique”, recuerdan. “Una obra civil adicional que consumió la totalidad del presupuesto de construcción del dique a falta de 88 metros. Ocasionando a la postre la paralización de las obras en 2010”.
En este sentido, señalan que “el único interés de llevar a efecto las obras para alargar aún más el dique por parte de los promotores es acometer unas obras que conllevarán la implantación y ampliación de otros usos, como son el de mayor número de embarcaciones de recreo, que sólo beneficia a un sector muy concreto y que no se corresponde con el interés general de la población de Mutriku que es la que va a sufrir el cierre de su bocana”.
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