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PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU sacan adelante la reforma de la RGI con una “abstención crítica” de EH Bildu

El Parlamento Vasco ha aprobado este miércoles en comisión el dictamen para la reforma de la ley reguladora de la renta de garantía de ingresos (RGI), a la que solamente le faltará el debate final en pleno para ser una realidad. Tendrá lugar el 22 de diciembre. El texto fue propuesto por el Gobierno vasco con el matiz de que ahora proviene del ala socialista y no de la del PNV, cuyo borrador naufragó la pasada legislatura. Ya era conocido que el proyecto de Idoia Mendia contaba con el apoyo también de Elkarrekin Podemos-IU, particularmente en el punto para garantizar una actualización de las cuantías que evite los recortes del pasado. A ello se ha sumado a última hora la “abstención crítica” de EH Bildu, una coalición que ha logrado colar nueve enmiendas, en su mayoría de tipo técnico, a la redacción final. PP+Cs se ha opuesto a la nueva ley y Vox lo ha verbalizado también pero no ha acudido a la sesión parlamentaria.

EH Bildu quiere subir un 16% más la RGI frente al acuerdo entre el Gobierno y Elkarrekin Podemos-IU

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Finalmente, EH Bildu se queda en la abstención, que es la postura que quedaba por aclarar. No vota con la derecha y la ultraderecha ya que la coalición entiende que la propuesta de Mendia es mejor que la que se planteó con Beatriz Artolazabal en el anterior intento. Pero, al mismo tiempo, argumenta que el ahorro que supone en gasto en RGI que parte del presupuesto se cubra con fondos del Estado por el IMV (Ingreso Mínimo Vital) podría haber supuesto un plan más ambicioso, según ha expresado Nerea Kortajarena. Lamentan que todo aquello que planteaban y supusiera poner más recursos para el Servicio Vasco de Empleo (Lanbide, ventanilla que tramita estas prestaciones) era una “línea roja” para el Gobierno. En cifras, la coalición defendió elevar mucho más las cuantías tanto sobre la base actual como sobre la propuesta acordada entre el Ejecutivo y Elkarrekin Podemos-IU, con una horquilla entre 933 y 1.800 euros, mucho más elevada que el tope de 1.400 euros que se establecerá en el nuevo texto. Además, Kortajarena ha lamentado la “yincana” para los perceptores más jóvenes, a los que se les piden más requisitos.

Las enmiendas de EH Bildu aceptadas son las numeradas como 30, 37. 38, 41, 58, 66, 84, 88 y 97, según fuentes parlamentarias. Regulan de mejor manera los derechos de los menores emancipados, ajustan de 12 a 14 años la edad hasta la que se aplican políticas de cuidados de hijos o refuerzan el bilingüismo en Lanbide. Pero no alteran la estructura pactada previamente con Elkarrekin Podemos-IU. Este acuerdo supondrá ya una subida desde 2023 de las cuantías en línea con el 8,5% que crecerán pensiones o IMV pero, sobre todo, no dejará al albur de cada presupuesto la revalorización anual. Finalmente, se establece el 60% de la renta mediana como mínimo garantizado o bien “la media ponderada de los umbrales de pobreza de ingresos correspondientes a la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales, una vez descontados los gastos relativos al alquiler de la vivienda, referida al último año disponible”. Se aplicará el más favorable.

En cuanto a PP+Cs, ha dado a entender que estaban más de acuerdo con la redacción original que con la posterior pactada con Elkarrekin Podemos-IU. “Hoy sí presentaríamos una enmienda de totalidad. Está bien claro que esto es peor que el que presentó el Gobierno”, ha resumido Carmelo Barrio. Sostiene la coalición que el dictamen carece de un “sistema claro de control” del fraude, una vieja reivindicación 'popular' que llegó a recoger firmas cuando Javier Maroto era alcalde de Vitoria. Eso sí, en este proceso legislativo suavizó sus postulados para diferenciarse de Vox. En todo caso, ha alertado Barrio de problemas de “seguridad jurídica”, tales como las “54 remisiones a reglamentos” que desvirtúan las competencias legislativas en favor del Ejecutivo y una disposición para “deslegalizar” algunas materias. En realidad, es una habilitación para que el Gobierno pueda “flexibilizar” los requisitos en caso de una crisis económica sin ajustarse a la ley. Desde la bancada de Elkarrekin Podemos-IU, David Soto ha ironizado que haber alejado a PP+Cs confirma que el pacto ha mejorado la norma hacia posiciones más de izquierdas.

El Parlamento Vasco ha aprobado este miércoles en comisión el dictamen para la reforma de la ley reguladora de la renta de garantía de ingresos (RGI), a la que solamente le faltará el debate final en pleno para ser una realidad. Tendrá lugar el 22 de diciembre. El texto fue propuesto por el Gobierno vasco con el matiz de que ahora proviene del ala socialista y no de la del PNV, cuyo borrador naufragó la pasada legislatura. Ya era conocido que el proyecto de Idoia Mendia contaba con el apoyo también de Elkarrekin Podemos-IU, particularmente en el punto para garantizar una actualización de las cuantías que evite los recortes del pasado. A ello se ha sumado a última hora la “abstención crítica” de EH Bildu, una coalición que ha logrado colar nueve enmiendas, en su mayoría de tipo técnico, a la redacción final. PP+Cs se ha opuesto a la nueva ley y Vox lo ha verbalizado también pero no ha acudido a la sesión parlamentaria.

EH Bildu quiere subir un 16% más la RGI frente al acuerdo entre el Gobierno y Elkarrekin Podemos-IU

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Finalmente, EH Bildu se queda en la abstención, que es la postura que quedaba por aclarar. No vota con la derecha y la ultraderecha ya que la coalición entiende que la propuesta de Mendia es mejor que la que se planteó con Beatriz Artolazabal en el anterior intento. Pero, al mismo tiempo, argumenta que el ahorro que supone en gasto en RGI que parte del presupuesto se cubra con fondos del Estado por el IMV (Ingreso Mínimo Vital) podría haber supuesto un plan más ambicioso, según ha expresado Nerea Kortajarena. Lamentan que todo aquello que planteaban y supusiera poner más recursos para el Servicio Vasco de Empleo (Lanbide, ventanilla que tramita estas prestaciones) era una “línea roja” para el Gobierno. En cifras, la coalición defendió elevar mucho más las cuantías tanto sobre la base actual como sobre la propuesta acordada entre el Ejecutivo y Elkarrekin Podemos-IU, con una horquilla entre 933 y 1.800 euros, mucho más elevada que el tope de 1.400 euros que se establecerá en el nuevo texto. Además, Kortajarena ha lamentado la “yincana” para los perceptores más jóvenes, a los que se les piden más requisitos.

Las enmiendas de EH Bildu aceptadas son las numeradas como 30, 37. 38, 41, 58, 66, 84, 88 y 97, según fuentes parlamentarias. Regulan de mejor manera los derechos de los menores emancipados, ajustan de 12 a 14 años la edad hasta la que se aplican políticas de cuidados de hijos o refuerzan el bilingüismo en Lanbide. Pero no alteran la estructura pactada previamente con Elkarrekin Podemos-IU. Este acuerdo supondrá ya una subida desde 2023 de las cuantías en línea con el 8,5% que crecerán pensiones o IMV pero, sobre todo, no dejará al albur de cada presupuesto la revalorización anual. Finalmente, se establece el 60% de la renta mediana como mínimo garantizado o bien “la media ponderada de los umbrales de pobreza de ingresos correspondientes a la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales, una vez descontados los gastos relativos al alquiler de la vivienda, referida al último año disponible”. Se aplicará el más favorable.

En cuanto a PP+Cs, ha dado a entender que estaban más de acuerdo con la redacción original que con la posterior pactada con Elkarrekin Podemos-IU. “Hoy sí presentaríamos una enmienda de totalidad. Está bien claro que esto es peor que el que presentó el Gobierno”, ha resumido Carmelo Barrio. Sostiene la coalición que el dictamen carece de un “sistema claro de control” del fraude, una vieja reivindicación 'popular' que llegó a recoger firmas cuando Javier Maroto era alcalde de Vitoria. Eso sí, en este proceso legislativo suavizó sus postulados para diferenciarse de Vox. En todo caso, ha alertado Barrio de problemas de “seguridad jurídica”, tales como las “54 remisiones a reglamentos” que desvirtúan las competencias legislativas en favor del Ejecutivo y una disposición para “deslegalizar” algunas materias. En realidad, es una habilitación para que el Gobierno pueda “flexibilizar” los requisitos en caso de una crisis económica sin ajustarse a la ley. Desde la bancada de Elkarrekin Podemos-IU, David Soto ha ironizado que haber alejado a PP+Cs confirma que el pacto ha mejorado la norma hacia posiciones más de izquierdas.

El Parlamento Vasco ha aprobado este miércoles en comisión el dictamen para la reforma de la ley reguladora de la renta de garantía de ingresos (RGI), a la que solamente le faltará el debate final en pleno para ser una realidad. Tendrá lugar el 22 de diciembre. El texto fue propuesto por el Gobierno vasco con el matiz de que ahora proviene del ala socialista y no de la del PNV, cuyo borrador naufragó la pasada legislatura. Ya era conocido que el proyecto de Idoia Mendia contaba con el apoyo también de Elkarrekin Podemos-IU, particularmente en el punto para garantizar una actualización de las cuantías que evite los recortes del pasado. A ello se ha sumado a última hora la “abstención crítica” de EH Bildu, una coalición que ha logrado colar nueve enmiendas, en su mayoría de tipo técnico, a la redacción final. PP+Cs se ha opuesto a la nueva ley y Vox lo ha verbalizado también pero no ha acudido a la sesión parlamentaria.

EH Bildu quiere subir un 16% más la RGI frente al acuerdo entre el Gobierno y Elkarrekin Podemos-IU

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Finalmente, EH Bildu se queda en la abstención, que es la postura que quedaba por aclarar. No vota con la derecha y la ultraderecha ya que la coalición entiende que la propuesta de Mendia es mejor que la que se planteó con Beatriz Artolazabal en el anterior intento. Pero, al mismo tiempo, argumenta que el ahorro que supone en gasto en RGI que parte del presupuesto se cubra con fondos del Estado por el IMV (Ingreso Mínimo Vital) podría haber supuesto un plan más ambicioso, según ha expresado Nerea Kortajarena. Lamentan que todo aquello que planteaban y supusiera poner más recursos para el Servicio Vasco de Empleo (Lanbide, ventanilla que tramita estas prestaciones) era una “línea roja” para el Gobierno. En cifras, la coalición defendió elevar mucho más las cuantías tanto sobre la base actual como sobre la propuesta acordada entre el Ejecutivo y Elkarrekin Podemos-IU, con una horquilla entre 933 y 1.800 euros, mucho más elevada que el tope de 1.400 euros que se establecerá en el nuevo texto. Además, Kortajarena ha lamentado la “yincana” para los perceptores más jóvenes, a los que se les piden más requisitos.

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