Pradales apela a un “escudo industrial” para proteger la economía vasca de la crisis por la guerra en Irán

El lehendakari, Imanol Pradales, ha asegurado este miércoles que se activará un “escudo industrial” en Euskadi para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra de Irán. Ha anunciado que ya están trabajando “en un primer paquete de medidas por si la situación se alarga y se complica”. “Vamos a activar lo que está en nuestras manos. Y también solicitaremos a otras instituciones, europeas y/o del Estado, que hagan aquello que les competa a ellas”, ha señalado.

Pradales ha reunido este miércoles al Grupo para la Defensa de la Industria, un foro que se constituyó hace algo más de un año para buscar cómo hacer frente a los aranceles impuestos por Donald Trump. Se han sentado, además del Gobierno vasco y las diputaciones, las organizaciones empresariales, Cámaras de Comercio, clústeres y representantes de alrededor de medio centenar de empresas, sobre todo de los sectores más afectados por la actual crisis de Oriente Medio provocada por el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El objetivo de la reunión ha sido recoger información sobre la situación de las empresas e intentar arbitrar soluciones para mitigar el impacto de la guerra. El encuentro, que se ha celebrado en el parque tecnológico de Zamudio con los trabajadores de Tubos Reunidos concentrados en la calle, ha estado presidido por el lehendakari, acompañado por los consejeros de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco, Mikel Jauregi, de Hacienda y Finanzas, Noël d’Anjou, de Economía y Trabajo, Mikel Torres, las diputadas generales de Bizkaia y Gipuzkoa, Elixabete Etxanobe y Eider Mendoza, y el diputado general de Álava, Ramiro González.

“Venimos a escuchar al tejido industrial, a compartir información y a analizar conjuntamente qué es lo que tenemos que hacer para poder ofrecer la mejor respuesta”, ha señalado el lehendakari, que ha considerado que el conflicto en torno a Irán “representa la mayor amenaza energética y logística para la industria vasca desde 2022”, el inicio de la invasión de Ucrania. En su opinión, el “factor determinante” en el impacto económico que tenga el conflicto será la duración. “El impacto sobre la economía y el bolsillo de la gente será distinto si esto se alarga pocas semanas o varios meses”, ha señalado. “Nos preocupa la industria y el empleo industrial. Y nos preocupa cómo afecta esta crisis a los bolsillos de la gente, a través de los precios de la energía, del transporte o de muchos productos básicos”, ha recalcado.

Pradales ha alertado de que una prolongación del bloqueo del estrecho de Ormuz, supondrá que la economía vasca se enfrentará “a efectos duros sobre los costes energéticos, las cadenas de suministro y la demanda en algunos mercados”. Aectará a sectores clave como la siderurgia, la industria química, la automoción y la máquina herramienta, “que están especialmente expuestos a cualquier alteración prolongada en los mercados energéticos, en las rutas logísticas internacionales o en determinados mercados de exportación”.

Oriente Medio es además el séptimo destino exportador de Euskadi, con 1.130 millones de euros al año. En este momento, hay 42 empresas vascas con 63 implantaciones comerciales en la región que están sufriendo de manera directa las consecuencias del conflicto.

Las empresas piden menos impuestos

De forma previa a la reunión, se ha podido escuchar las peticiones de algunos de empresarios para paliar las consecuencias económicas que pueden derivarse de la guerra de Irán en una mesa redonda organizada por la Diputación Foral de Bizkaia para debatir sobre “Proyectos de transición energética. Pasado, presente y futuro”, en la que se han sentado el presidente de Sidenor y de Talgo, José Antonio Jainaga, el delegado institucional en Euskadi de Iberdrola, Asís Canales, el CEO de Petronor, José Ignacio Zudaire, y el director global de eficiencia energética de Gestamp, Iñigo López Brañas. El presidente de Sidenor, Jainaga, ha pedido medidas urgentes para reducir el coste de la energía, incluso eliminar el 7% del impuesto a la generación de luz, algo que es una cuestión que depende del Gobierno central, y cuya supresión también se ha pedido por parte del Ejecutivo vasco, como ha señalado en algunas ocasiones el consejero de Industria Transición Energética y Sostenibilidad, Jauregi.

Jainaga se ha mostrado pesimista sobre el impacto energético de la guerra: “Independientemente de si no dura mucho en el tiempo, se van a quedar, de alguna manera, durante meses o años”. Por eso, ha vaticinado que “el año 2026 va a ser catastrófico”. A su entender, esta crisis se suma a un mundo desestabilizado en la economía global y el comercio internacional por los aranceles de Trump, que han creado una “distorsión importante de los mercados” a la que se ha añadido la incertidumbre por las consecuencias directas de este conflicto armado, lo que deja, ha remarcado, “un escenario muy complicado, sobre todo para las empresas, para las que la energía es una parte crucial en sus costes”.

Desde Iberdrola, Canales ha coincidido en el impacto negativo de la crisis de Irán sobre los precios de los combustibles fósiles, que, en su opinión, se trasladará al precio de la electricidad en función del grado de participación en el mix de producción eléctrica de estos combustibles fósiles o la dependencia de consumidores y clientes de los precios fijados. Canales ha defendido “menos impuestos sobre tarifas eléctricas, como ya está aconsejando la Unión Europea y bajar la fiscalidad porque Europa no se puede permitir esta debilidad actual respecto a los costes”.

En la jornada ha estado presente la diputada general de Bizkaia, Etxanobe, que ha dicho ser consciente de que “muchas empresas están observando con gran preocupación la situación internacional y el impacto que la guerra puede tener sobre sus costes de producción y sobre su capacidad de competir” por lo que la Diputación “tiene ya preparado un paquete de medidas tributarias”. Entre ellas, ha citado medidas orientadas a “facilitar la liquidez en las empresas, flexibilizar y fraccionar pagos, acelerar devoluciones, incluso deflactar la fiscalidad, y también, aliviar tensiones de tesorería si la situación internacional termina trasladándose con más intensidad a la economía”, ha concluido.

Al margen de las medidas que se tomen a partir de ahora, Bizkaia ha aprobado introducir nuevos incentivos fiscales de deducción a las empresas por inversiones medioambientales a través del Impuesto de Sociedades con el objetivo de “impulsar la inversión en eficiencia y acción climática de su tejido empresarial”. También Gipuzkoa ha presentado este miércoles su Programa de Ayudas y Subvenciones 2026 que, con un presupuesto total de 32.195.622 euros y 39 líneas de ayudas, busca fortalecer el tejido económico del territorio y acompañar a las empresas en un contexto marcado por la “creciente inestabilidad geopolítica y económica”. “Las empresas son el pilar fundamental de nuestra economía y del bienestar de Gipuzkoa”, ha afirmado la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, al tiempo que ha destacado la importancia de acompañar al tejido empresarial en “momentos de incertidumbre”.