La Audiencia de Madrid tumba la imputación de la exconsejera extremeña Olga García dictada por el juez Peinado
La Audiencia Provincial de Madrid ha dejado sin efecto la imputación de la exconsejera de la Junta de Extremadura y actual presidenta de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), Olga García, que había sido acordada por el juez Juan Carlos Peinado. La causa investigaba la emisión de informes favorables para la construcción de la planta solar Tagus V en un espacio natural protegido de Alcántara (Cáceres).
La Sección Primera del tribunal madrileño ha tomado esta decisión al estimar el recurso de apelación presentado por la Abogacía del Estado, una impugnación a la que también se adhirió la Fiscalía. La resolución judicial concluye que el juez del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid prorrogó la investigación de la planta solar fuera de plazo, lo que invalida radicalmente las actuaciones y citaciones posteriores, incluida la de la exconsejera Olga García, que estaba fijada para el próximo 7 de octubre.
La confirmación de este archivo técnico ha sido difundida por el Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (Fondenex), organización que presentó la denuncia original en mayo de 2024 ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia de Alcántara. A juicio de este colectivo, este fallo administrativo por un “error de fechas” procesales “no puede encubrir la emisión de informes para justificar una DIA (Declaración de Impacto Ambiental) favorable en un espacio protegido”.
Informes bajo sospecha en zona protegida
La asociación ecologista sostiene que la Consejería de Transición Ecológica y Sostenibilidad, durante el Gobierno de Guillermo Fernández Vara, remitió informes al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) que posibilitaron la aprobación del proyecto fotovoltaico en terrenos declarados de alto interés ambiental: una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), el Parque Internacional del Tajo y la Reserva de la Biosfera.
El colectivo insiste en que la construcción de este tipo de infraestructuras industriales en terrenos de la Red Natura 2000 es incompatible con la normativa autonómica, nacional y de la Unión Europea.
Según denunció recientemente el presidente de Fondenex, Francisco Blanco, los informes del departamento autonómico “no concuerdan con la realidad ambiental de la zona, minusvalorando, cuando no ignorando, los valores ecológicos del área, alterando su realidad y todo dirigido a obtener una DIA positiva”. Añaden que el proyecto conllevaba la destrucción del hábitat de diversas especies de aves protegidas, como el águila imperial ibérica, el águila real, la cigüeña negra y el buitre negro, así como del lince ibérico.
Los denunciantes anuncian que insistirán en la demanda
Pese al revés procesal derivado de los plazos de instrucción, Fondenex ha anunciado que “reiniciará la demanda contra la exconsejera y su director general por favorecer la alteración irreversible de un espacio protegido”, al tiempo que les ha animado a querellarse contra la asociación si se sienten ofendidos por sus acusaciones.
“Será la mejor forma de continuar la querella. Un posible error de fechas no puede dejar impune una agresión contra el patrimonio natural de Extremadura”, han señalado desde la organización conservacionista. Asimismo, han criticado la trayectoria de la exdirigente socialista al manifestar que “si la señora García tuviera la más mínima dignidad, dimitiría, pero es más fácil ser presidenta de Enresa a través de las puertas giratorias”.