Comienza la comisión de investigación sobre el regadío de Tierra de Barros, que durará diez meses
La comisión de investigación sobre el regadío en Tierra de Barros se ha iniciado este miércoles con las primeras comparecencias. Serán 10 meses en los que unas 77 personas llamadas por los grupos políticos tendrán que enfrentarse a sus preguntas para tratar de conocer por qué se ha encallado un proyecto que los regantes llevan esperando varios lustros. Aunque hay pocas esperanzas.
La portavoz del PSOE en la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, se ha mostrado “más convencida” de que la comisión de investigación es “una cortina de humo” del PP para no llevarlo a cabo. En declaraciones a los medios, ha apoyado sus palabras en la intervención de los técnicos de la Junta de Extremadura que han abierto las rondas de comparecencias, ya que a su juicio han “confirmado” que desde julio de 2023 el proyecto está “paralizado”.
La diputada socialista ha asegurado que con el Gobierno de Guillermo Fernández Vara el proyecto era “técnicamente viable”, contaba con todos los permisos, como en su opinión se ha evidenciado en la comisión, además de financiación y voluntad política. Si gobernara el PSOE, ha subrayado, las máquinas estarían trabajando como ocurre con el regadío de Monterrubio de la Serena, también en la provincia de Badajoz.
Álvarez se ha mostrado “más triste que nunca” porque el proyecto estaba llamado a modernizar la agricultura, propiciar el relevo generación, a mejorar la calidad en la producción y a crear 2.000 empleos. A su juicio, el PP no tienen coraje, ni voluntad política, ni cree en el proyecto, y se ha “certificado su defunción”, lo que deja sin futuro a 1.200 familias.
Al hilo de esta cuestión, la diputada socialista ha recordado que los fondos europeos destinados al regadío de Tierra de Barros se han redirigido a otros proyectos y, si no se ejecutan ni justifican antes del 31 de diciembre de 2025, Extremadura podría perder entre 70 y 90 millones de euros.
“¿Qué es lo que tienen que esconder?”, ha planteado Álvarez, después de que el Grupo Popular haya pedido la convocatoria de la Comisión del Estatuto del Diputado para que estudie el posible conflicto de intereses del parlamentario socialista Valerio Rodríguez Casero, que forma parte de la comisión y fue responsable del proyecto en la Junta de Extremadura.
Ha recordado que el portavoz de Vivienda del PP, Manuel Lozano, que fue director general de este área, nunca ha sido acusado por el PSOE de ser “juez y parte”, como han hecho los populares como Rodríguez Casero. Lo que ocurre es que “no quieren que se conozca la verdad” que sabe sabe el diputado socialista.
“Boicot” del Gobierno a la investigación
Por su parte, el Grupo Parlamentario Popular ha lamentado el “boicot” del Gobierno a la investigación al “impedir” que comparezcan dos cargos del Ministerio de Agricultura que participaron directamente en este proyecto en la Comisión en la Asamblea que lo investiga. Así lo ha manifestado el portavoz de este grupo en la Comisión de Investigación del Regadío Tierra de Barros, Bibiano Serrano, quien ha trasladado “la sorpresa” en el inicio de las comparecencias de que “dos cargos del Ministerio de Agricultura no participarán finalmente en esta comisión”.
Según Serrano, estas dos personas fueron convocadas y aceptaron su participación de manera telemática hasta el día de ayer cuando comunicaron su no asistencia. Para el diputado regional, este hecho supone “un entorpecimiento claro por parte del Ministerio de Luis Planas y Begoña García Bernal en esta Comisión”. “¿Qué tienen que esconder? ¿Por qué impiden que cargos que han participado en la gestión de los fondos del Regadío Tierra de Barros comparezcan en esta comisión?”, ha señalado el portavoz, según recoge el partido en nota de prensa.
Desde el Grupo Parlamentario Popular han indicado que buscarán que se conozca la verdad en torno a esta iniciativa “tras muchos años” de “engaño” por parte del PSOE, al menos desde julio de 2021 cuando la Unión Europea no autorizaba los fondos para invertirlos en el regadío de Tierra de Barros. Los socialistas, ha criticado, mantuvieron el “engaño” hasta las elecciones de 2023 cuando con el Gobierno de María Guardiola “destapó la estafa del PSOE, quienes engañaron a la sociedad extremeña y especialmente a los 1.200 regantes con quienes, incluso, mantuvieron reuniones a sabiendas de que no había proyecto”.
“Que PSOE y PP pidan perdón”
Finalmente, Unidas por Extremadura espera que la comisión de investigación sirva para que PSOE y PP pidan “perdón” a los agricultores por haberles “engañado”, firmar definitivamente el “acta de defunción” del proyecto y destinar el dinero a fortalecer de otra forma la agricultura en esta comarca. “No se puede alargar más la agonía de este proyecto, que lleva la friolera de 20 años al retortero, porque no tiene financiación europea, el Estado tampoco va a apoyarlo y con la participación económica exigua que plantea el PP es irrealizable”, ha aseverado la portavoz de este grupo, Irene de Miguel.
Ha insistido en que los agricultores de la comarca de Tierra de Barros “han sido engañados” por los sucesivos gobiernos que han fomentado este proyecto, aún sabiendo “que, de ponerse en marcha, iba a hipotecarles de por vida” y que, en definitiva, es “una infraestructura irrealizable”, según recoge la coalición en nota de prensa.
Por eso, la portavoz ha expresado su deseo de que “se pida perdón” a estos agricultores, y que los fondos autonómicos consignados para este proyecto se destinen a realmente fortalecer la agricultura en Tierra de Barros “porque el regadío no es la única solución a los problemas que tiene el campo”.
Sin embargo, De Miguel ha mostrado sus dudas de que finalmente la comisión sirva para ello y cree que más bien lo que propiciará es que se muestre “una lucha entre PP y PSOE para ver quién tiene la responsabilidad de haber engañado a los agricultores durante tantos años”. “Mucho me temo que los grupos ya tienen escritas las conclusiones”, ha apostillado.