PP y Vox frenan la creación de una Oficina Anticorrupción en Extremadura y Unidas acudirá al Constitucional

Unidas por Extremadura llevará ante el Tribunal Constitucional el bloqueo parlamentario de la proposición de ley para crear la Oficina Extremeña contra el Fraude y la Corrupción. La portavoz del grupo, Irene de Miguel, ha anunciado este viernes la presentación de un recurso de amparo ante el órgano garante de la Constitución tras confirmarse que la Mesa de la Asamblea de Extremadura ha vetado “de nuevo” la tramitación de esta iniciativa legislativa.

Para justificar el rechazo, la Mesa del Parlamento, donde PP y Vox ostentan la mayoría, ha argumentado que la norma genera un impacto directo en las cuentas públicas. Una justificación que De Miguel ha tildado de “excusa peregrina”, recordando que el texto preveía explícitamente en su disposición final que la entrada en vigor no se produciría hasta el siguiente ejercicio presupuestario.

“Nos parece muy grave. Vetar de esta manera hace que sea imposible presentar ningún tipo de ley en la Asamblea”, ha criticado la portavoz, quien ha alertado de que este criterio “cierra” la Cámara a la iniciativa legislativa de la oposición y supone una vía para “cercenar el trabajo parlamentario y acabar con la pluralidad política”.

De Miguel ha recordado que organismos de supervisión similares ya funcionan en otras comunidades autónomas como Andalucía, Cataluña, Navarra o la Comunitat Valenciana. Asimismo, ha censurado la incoherencia de PP y Vox en el discurso público sobre la regeneración democrática: “Se les llena la boca hablando de la corrupción del Partido Socialista, pero cuando les pones encima de la mesa una herramienta real para luchar contra ella en la administración pública, vetan la ley e impiden el debate”.

Ante lo que considera una vulneración del derecho fundamental de los diputados a ejercer la iniciativa legislativa, la formación registrará el recurso de amparo ante el TC para frenar lo que define como “autoritarismo” y una “forma patrimonial” de entender las instituciones por parte del Ejecutivo autonómico.