El SES “no tiene constancia” del fichaje de su exgerente en un hospital privado en Cáceres

El Servicio Extremeño de Salud (SES) “no tiene constancia” de que quien fuera su director gerente hasta hace unas semanas, Jesús Vilés Piris, dirija ahora un hospital privado. Como ha desveleado elDiario.es Extremadura, Vilés ha asumido la dirección del centro Hospital Parque San Francisco tras estar tres años al frente de la sanidad pública extremeña en la primera legislatura de María Guardiola.

Ahora, el SES asegura que el exgerente comunicó a la Junta de Extremadura “su intención de desempeñar un puesto como médico” en un centro sanitario privado, , pero sus funciones serían asistencias y de coordinación médica“. En concreto, según la nota remitida por el SES, esas funciones incluirían ”atención a pacientes y seguimiento“, pero ”sin capacidad de dirección ni funciones directivas“.

Vilés indicó, además, que “en ningún caso el puesto implicará funciones de alta dirección, ni capacidad de representación de la sociedad frente a terceros, ni el otorgamiento de poderes mercantiles, rigiéndose la relación laboral por la normativa laboral común”. Dee esa forma, el Registro de Conflicto de Intereses de la Dirección General de Función Pública emitió un informe favorable al respecto de considerar compatibles las funciones a desempeñar por Vilés en su nuevo puesto en la sanidad privada “dentro de las condiciones indicadas, que son las que comunicó el interesado”.

Esta respuesta del SES se produce después de las explicaciones exigidas por el PSOE en la Asamblea ante la sospecha de que se haya podido producir un caso de puerta giratoria incompatible con lo establecido en el Estatuto de Cargos Públicos de la Comunidad Autónoma.

Los socialistas han registrado una amplia solicitud de documentación. En concreto, la copia íntegra del expediente relativo a la declaración de actividad privada presentada por Vilés Piris, incluyendo la comunicación presentada, los informes emitidos por el Registro de Conflictos de Intereses, los informes jurídicos existentes y la resolución sobre la compatibilidad o incompatibilidad de la actividad, además del detalle de todas las derivaciones. Para la portavoz socialista, “la ciudadanía tiene derecho a saber si todo se ha hecho conforme a la legalidad y si quienes han gestionado la sanidad pública cumplen escrupulosamente las incompatibilidades que establece la ley”.