Experto en derecho urbanístico ve graves deficiencias jurídicas en la propuesta de ley para legalizar Valdecañas
El pasado 29 de diciembre el Grupo Parlamentario Socialista de Extremadura registró en la Asamblea una propuesta de Ley para “actualizar” el mapa de la Red Natura 2000 y “clarificar” y dar “seguridad jurídica” a 55 Zonas de Especial de Protección de Aves (ZEPA) y que supondría la legalización del proyecto Marina Isla de Valdecañas en su estado actual.
De ser aprobada dicha ley, quedarían legalizadas las construcciones ya finalizadas del Complejo Turístico Marina Isla de Valdecañas, cuya superficie afecta a los municipios cacereños de El Gordo y El Berrocal, y no serian derruidas tal y como sentenció el Tribunal Supremo, que consideró que debería dejarse el embalse tal y como estaba antes de la construcción del complejo. Sobre este aspecto, los propietarios han presentado un recurso para evitar la demolición de lo que ya está finalizado y tienen previsto acudir, incluso, al Tribunal Europeo.
Puestos en contacto este lunes, desde el Diario.es Extremadura, con el profesor de Derecho Administrativo y experto en Derecho Urbanístico, Pedro Brufao, para conocer la viabilidad de la propuesta, éste ha señalado que, de entrada, la propuesta “adolece de graves deficiencias jurídicas”.
En su opinión, desclasificar determinadas zonas del registro de espacios protegidos, “no es tan fácil”, tiene que contar con el visto bueno de la Unión Europea, que tan sólo permite quitar la protección a parajes que ya no cuentan con un especial interés medioambiental, si esa circunstancia se ha producido por efectos naturales y no por la mano del hombre, que sería el caso de Valdecañas.
Además, ha indicado que sería inconstitucional puesto que, sobre Valdecañas, ya pesa una sentencia firme del Tribunal Constitucional, que tumbó una propuesta similar para reformar la Ley del Suelo de Extremadura de cara a legalizar este resort, compuesto del lago artificial del propio embalse de Valdecañas, con puerto náutico, campos de golf y villas de lujo.
El Tribunal Constitucional tumbó el último intento por legalizar Valdecañas
El Tribunal Constitucional rechazó la reforma propuesta por el Gobierno regional por entender que con ella se estaban invadiendo competencias del Estado, por lo que hoy estaríamos ante, lo que en términos jurídicos se denomina, “el efecto de cosa juzgada”, es decir, que lo que ya se ha juzgado no se puede volver a juzgar.
Elevar a rango de ley dicha propuesta habiendo una sentencia del Tribunal Supremo sobre Valdecañas, vulneraría además el derecho a tutela judicial de “Ecologistas en Acción”, colectivo que denunció la ilegalidad del complejo turístico.
También se vulneraría la reserva de jurisdicción “que significa que hay materias que están reservadas al poder judicial y que ningún otro poder, ni ejecutivo ni legislativo pueden alterar”.
En un Estado de Derecho, dice Brufao, la última palabra la tienen los jueces, si no, no tendría sentidos, cambiaríamos las leyes cuando nos interesara otra cosa diferente para la que fueron dictadas.
Si la propuesta de ley del Partido Socialista se refiriera solo a promover una reforma para legalizar Valdecañas y no para una revisión de todas las zonas protegidas de Extremadura “estaríamos también ante una ley de caso único, que sería claramente inconstitucional”.
Lo que está claro, según Brufao, es que la desclasificación de parajes protegidos debe ir de la mano del Estado y de la UE, y se tienen que haber dado circunstancias naturales que hayan alterado la zona para que se les retire la protección, precisamente, para evitar que, por determinados intereses, puedan ser objeto de alteración o destrucción, “sobre ello hay una amplia jurisprudencia en Europa”.
La portavoz parlamentaria del PSOE, Laura Garlito, se refería, el pasado 29 de diciembre, cuando se registró la propuesta de ley, al complejo Marina Isla de Valdecañas, del que dijo que “ha generado un impacto muy positivo en la zona, además de contar con un entorno medioambiental más diverso y rico que el pre-existente”.
Garlito hacía mención a un dictamen del Consejo Económico y Social de Extremadura, y una sentencia del TSJEx, que se posicionaba a favor de mantener lo ya construido en base a considerar que no se había producido un perjuicio en la integridad del terreno.
Garlito: Nada se opone ya a la legalización de lo construido
Garlito, que indicó que , en su opinión, “nada se opone ya a la legalización de todo lo construido y finalizado”, señaló que la propuesta de ley una vez avalada por la Asamblea, declarará al complejo de Valdecañas “Proyecto de Interés Regional” (PIR)
La portavoz socialista recalcó que el PSOE cree que los valores medioambientales constituyen un elemento de progreso económico y social, es vital el equilibrio entre la protección de los ecosistemas con el desarrollo del territorio y este es un ejemplo “.