Mucho trabajo, pocos recursos técnicos y humanos, imposibilidad de cubrir las bajas por enfermedad o maternidad, y falta de fiscales especializados para luchar contra la corrupción. Esas fueron algunas de las alertas que el fiscal jefe de Extremadura, Aurelio Blanco, dejó a los diputados de la Asamblea durante la presentación de la memoria de 2013.
Pese a ello, Blanco tranquilizó a los diputados al asegurar en la región no hay una situación de alarma ni preocupante en materia de corrupción, aunque siempre hay algunos problemas, dijo, sobre todo en asuntos ligados al urbanismo.
En concreto, el fiscal jefe explicó a los diputados que durante 2013 se han registrado más de 130 diligencias previas en Badajoz y más de 50 en Cáceres por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Estas actuaciones se han traducido en cuatro escritos de acusación por parte de la Fiscalía en Cáceres y uno en Badajoz.
Según ha dicho, los resultados de esta lucha cvontra la corrupción no han sido escasos sino que este tipo de procedimientos suelen ser largos y complicados Además, ha apuntado que al no existir órganos judiciales especializados estos en materia de corrupción recaen sobre órganos judiciales en “muchos casos que ya están saturados de por sí de trabajo” y que “vienen mucho más a complicar la labor que tienen que realizar los jueces, los secretarios, los funcionarios de la administración de justicia y por supuesto también los fiscales”.
Para agilizar el trabajo pendiente, Aurelio Blanco señaló que sería necesario aumentar la cifra de 56 fiscales que son los que actualmente trabajan en la región. Concretamente, dijo que sería necesario ampliar la plantilla con incorporaciones en Mérida, Plasencia, Don Benito y Villanueva de la Serena