El PP liquida un plan de pisos para jóvenes en Santiago para permitir “vivienda libre”

El centro, para quien se lo pague. Apenas cinco meses después de acceder a la Alcaldía de Santiago en relevo de Ángel Currás, Agustín Hernández certifica la defunción del que estaba llamado a ser uno de los proyectos emblemáticos de la Consellería que él mismo dirigió en la Xunta. Hernández recibió este miércoles en el consistorio compostelano a su sustituta en el Gobierno gallego, Ethel Vázquez, y juntos anunciaron que ya no habrá viviendas protegidas para la juventud en uno de los puntos privilegiados de la capital gallega, la entrada al casco histórico por la avenida de Xoán XXIII, a apenas 400 metros de la Catedral y la Praza do Obradoiro. En su lugar se construirá “vivienda libre” y los pisos protegidos pasan al entorno de Lamas de Abade, a unos 4 kilómetros, en las afueras de la ciudad.

Ambos dirigentes populares le ponen así punto y final a una historia que se remonta al año 2001 y a una obra de la que solo se llegó a erguir el vallado, que a su vez se convirtió en todo un símbolo de lentitud e ineficiencia administrativa. Como relató este diario, fue en aquel año cuando el Ayuntamiento compostelano le dio luz verde a la construcción de lo que hoy es la biblioteca pública Ánxel Casal y, justo al lado, autorizó un pequeño bloque de viviendas públicas promovidas por la Xunta. Tres años después, en 2004, la Consellería de Política Territorial de Alberto Núñez Feijóo anunció que allí construiría pisos de alquiler para la juventud y en 2007 la Consellería de Vivienda del bipartito sacó a concurso el proyecto: serían 40 pisos de entre 40 y 50 metros cuadrados para jóvenes.

Dada la especial sensibilidad de la zona, a las puertas del recinto histórico y con unas vistas privilegiadas, Vivienda decidió entonces que las viviendas estarían destinadas a la juventud con rentas bajas y en régimen de alquiler, por 110 euros al mes y sin opción de compra. Se trataba, explicaba la Xunta de aquella, de evitar la especulación inmobiliaria en la zona. Era, en síntesis, un proyecto singular al que no se adaptaron la veintena de estudios de arquitectura que concurrieron al concurso y por eso el departamento que entonces dirigía Teresa Táboas decidió dejarlo desierto y convocarlo de nuevo a finales de 2008, pero el cambio de Gobierno determinado por las elecciones de 2009 no le permitió finalizarlo. Fue precisamente la nueva Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras la que, en noviembre de 2009, decidió que los pisos se construyeran según el proyecto presentado por los arquitectos Alberto Noguerol y Pilar Díez, con un presupuesto de 2,6 millones de euros.

A pesar de completarse todos esos trámites, lol único que mudó en esta parcela cinco años después fueron los logotipos de los vallados: donde antes estaban los de la Consellería del bipartito figuraron, hasta finales del pasado noviembre, los del actual Gobierno, cuando fueron sustituidos por una superficie blanca. La orientación política de este cambio estético la explicaron este miércoles Hernández y Vázquez en una operación que, según el Ayuntamiento compostelano, debe ser leída como el retorno de la “construcción de vivienda protegida” a la ciudad.

El Gobierno gallego apela al “sentido común”

Aunque hasta hace escasamente dos semanas los logotipos de su Consellería ornamentaban la parcela, la conselleira Ethel Vázquez defiende esta operación como “de sentido común”, toda vez que “supone darle uso a un terreno que es público desde hace más de 50 años y que ningún Gobierno hasta lo de ahora ha sabido qué hacer con él”, mantiene, ignorando el proyecto que llegó a ser adjudicado. Ahora, dice, la Xunta asume “la propuesta formulada por el Ayuntamiento”, consistente en “convocar a principios de 2015 un concurso público para construir 36 viviendas” en el mencionado barrio de Lamas de Abade. La empresa que construya esas casas se quedará, “como contraprestación”, con la jugosa parcela de Xoán XXIII, donde, una vez concluidos los pisos protegidos de los arrabales, podrá construir “vivienda libre”, esto es, pisos a precio de mercado en la zona monumental, en el entorno de un hotel de lujo y justo cuando el precio de la vivienda comienza a recuperarse, según los datos más recientes.

Al margen de estas circunstancias, la conselleira presenta el acuerdo como una “apuesta” por “facilitar el acceso de los ciudadanos a un hogar” y como la vía para “permitir la construcción de nuevas viviendas para las familias que más lo necesitan”. Se trata, abunda, de una operación “equilibrada, puesto que la parcela está valorada en 2,9 millones de euros, coste equivalente de las 36 viviendas de promoción pública”, y de un proyecto “justo”. El regidor compostelano, por su parte, resalta que ambas administraciones responden a la “demanda” de pisos protegidos existente en la ciudad –con una lista de espera de unas 600 personas–, a la que se “suma la paralización del proyecto de vivienda protegida de alquiler previsto en Xoán XIII”, que dependió de él mismo hasta hace escasos meses. “Con esta propuesta daremos un paso importante para retomar la construcción de vivienda protegida en Santiago”, asegura.