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La demolición de la política de vivienda pública en Galicia: historia de un vallado

Vallado en la parcela para la que se proyectaron las viviendas, en el centro de Santiago

David Lombao

Santiago, octubre de 2001. El Ayuntamiento compostelano le da luz verde a los trámites para permitir la construcción del edificio que actualmente alberga la biblioteca pública Ánxel Casal, un proyecto del Estado situado en la avenida de Xoán XXIII, en una de las entradas al Casco Viejo de la ciudad. A su lado el consistorio accedía a autorizar un pequeño bloque de viviendas de promoción pública impusadas por la Xunta. Aquel proyecto lo concretó un poco más el Gobierno de Manuel Fraga tres años más tarde cuando, a través de la Consellería de Política Territorial que dirigía Alberto Núñez Feijóo, anunció que levantaría en la parcela pisos de alquiler para jóvenes. Diez años y dos gobiernos después en esa finca lo único que se yergue con vigor son las hierbas, que son segadas regularmente por operarios del Gobierno gallego, y el edificio no nato bien puede servir como metáfora de una política, la de la construcción de pisos protegidos, que ha perdido el 80% de su dotación presupuestaria con el actual Ejecutivo gallego.

Las viviendas de Xoán XXIII apenas estuvieron unos meses en manos del gabinete Fraga, desalojado del poder en junio de 2005 por la coalición de PSdeG y BNG, que le dio el área de Vivenda e Solo una Consellería específica. Ese departamento, encabezado por la nacionalista Teresa Táboas, recogió el proyecto del cajón y lo dotó con 3,6 millones de euros que permitirían construir 40 pisos de entre 40 y 50 metros cuadrados para jóvenes con rentas bajas, que podrían vivir allí durante un máximo de 10 años por 110 euros al mes sin opción de compra, con el objetivo, argumentaba la Xunta, de evitar la especulación en una zona potencialmente muy sensible para el mercado inmobiliario. Dada la singularidad del entorno, a las puertas del recinto histórico compostelano, el Gobierno convocó un concurso de ideas entre profesionales de la arquitectura.

En septiembre de 2007 Vivienda tenía ya en marcha el concurso, al que concurrió una veintena de estudios de arquitectura. La Xunta se dispuso a evaluar los proyectos y, mientras, en la parcela se ubicaba una valla en la que se anunciaba la construcción de las 40 viviendas. A pesar de a la multitud de propuestas ninguna se ajustó a lo que reclamaba la Consellería, que dejó desierta la convocatoria y realizó una nueva a finales de 2008, a la que se presentaron 8 proyectos. Cuando el departamento de Táboas estaba ya en condiciones de tomar la decisión definitiva, a comienzos de 2009, Galicia ya estaba inmersa en la larga precampaña electoral de los comicios del 1 de marzo de ese año, que le devolvieron al PP el poder y, por lo tanto, también el control sobre las esperadas viviendas.

Cambio de Gobierno y de logotipos en el vallado

El paso del tiempo deja a la vista el logotipo de la antigua Consellería

Con el retorno de los conservadores a la Xunta el Instituto Gallego de Vivenda e Solo se encuadró en la macro Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. Con Agustín Hernández cómo nuevo conselleiro, el gabinete de Alberto Núñez Feijóo dijo asumir el proyecto como propio. A lo mejor por eso, al poco de tomar posesión instaló sobre el vallado de Xoán XXIII unos grandes adhesivos que taparon el logotipo de la anterior Consellería y lo sustituyeron por el de la nueva. Después, en noviembre del mismo año, adjudicaba definitivamente los pisos: las viviendas se construirían según un proyecto de los arquitectos Alberto Noguerol y Pilar Díez y con un presupuesto de 2,6 millones, un millón menos que lo presupuestado por el bipartito.

Con el proyecto adjudicado y el vallado acondicionado para el nuevo tiempo político sólo faltaba ponerse a construir. Pero en esto llegaron los recortes presupuestarios, también a las partidas para la construcción de vivienda de promoción pública: de 52 millones en 2009 a 46 en 2010, cantidad que en 2011 mermaba ya hasta los 23,7 y que siguió cayendo a plomo en los años siguientes hasta quedar en el presente 2014 en poco más de 10 millones de euros.

En este contexto, según ha declarado recientemente la Consellería a El Correo Gallego, el costo de los pisos de Xoán XXIII es “muy alto” y se estudia cómo abaratarlos para hacer “viable” el cumplimiento del compromiso. Mientras, el paso del tiempo está dejando a la vista los logotipos de la desaparecida Consellería de Vivienda que tapó el Gobierno del PP. El conselleiro que desatendió el proyecto es ahora el alcalde de la ciudad y el vallado, testimonio de todo el proceso, es utilizado cómo improvisado panel para pintadas y pegatinas de todo tipo, pero también para anuncios de pisos de alquiler que, obviamente, no tienen nada de públicos.

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