Nada cambia en As Conchas pese a la victoria judicial contra la contaminación de las macrogranjas: “El agua es veneno”
As Conchas es un embalse sometido a una degradación ambiental de tal calibre que los derechos fundamentales a la vida, la intimidad, la inviolabilidad del domicilio y la propiedad, vinculados al disfrute del agua, de los vecinos se están viendo vulnerados. La situación aparece descrita en estos términos en una sentencia judicial que quienes viven en el entorno de la presa califican de histórica, pero que, pese a que pronto cumplirá un año, no ha provocado cambios palpables. Los residentes siguen con preocupación los avisos sobre la llegada del calor estos días porque saben que eso favorece los episodios de proliferación de algas y los olores insoportables. Pero la inquietud no se disuelve tampoco cuando las temperaturas bajan: las bacterias peligrosas siguen ahí.
“Si me meto al agua, estoy tomando una cucharada de veneno”, compara uno de los vecinos de pueblo de As Conchas (Lobeira, Ourense), Pablo Álvarez, que vuelve a hablar con elDiario.es poco más de un año después de que la demanda contra las administraciones públicas por el estado del embalse tomase forma. Él es uno de los siete residentes en la zona que participó en el proceso judicial, junto a la Federación de Consumidores y Usuarios (Cecu) y con el apoyo de Amigas de la Tierra y ClientEarth.
El enfoque no fue el habitual: lo que se exponía era que lo que se estaban vulnerando eran los derechos básicos de las personas y que las responsabilidades estaban repartidas entre administraciones por no haber frenado una proliferación de granjas -algunas de ellas, macrogranjas- en la comarca de A Limia que derivó en la grave contaminación de las aguas. Ganaron los vecinos. La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) se dio a conocer a principios de julio de 2025 y, en febrero de 2026, quedó confirmada en el Tribunal Supremo. Ahora está pendiente que la Justicia ordene su ejecución.
Y, a la espera de esa ejecución, los vecinos denuncian que todo sigue igual. Pablo Álvarez critica que se sigan organizando competiciones deportivas en aguas del embalse y que no se haya actuado en el origen de la contaminación, que está en los residuos de las explotaciones -de cerdos y pollos-, que pasan a las aguas del río Limia y resultan en nitratos que alimentan a las bacterias que proliferan en la presa y que producen, a su vez, toxinas peligrosas. Pasada la mitad de mayo, este vecino indica que las aguas se ven turbias, sin que haya asomado el verde de las cianobacterias, pero da por hecho que, con el calor, habrá alguna floración. Cuenta que le consta que en noviembre había terrenos “encharcados de purín” aguas arriba.
Coincide en la ausencia de medidas útiles uno de los expertos que mejor conoce lo que ocurre en As Conchas y que más se implicó en el caso, como uno de los peritos responsables de los informes presentados en la causa por los demandantes, Serafín González, que es biólogo e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). “Las administraciones no se han movido. En la Xunta esta es la estrategia recurrente: ir posponiendo las cosas”, dice. Para ejemplificarlo, señala que siguen pendientes de declarar las zonas vulnerables por contaminación de nitratos. No hay ninguna en Galicia. “Marean la perdiz, dicen que hacen falta más datos, quieren más estudios, cuando la situación está muy clara”, protesta.
El silencio de la Xunta
La Consellería do Medio Rural no ha contestado a las preguntas de esta redacción sobre el punto en el que se encuentra el proceso, después de que, en julio de 2025, el presidente gallego, Alfonso Rueda, anunciase la exposición pública del anteproyecto de decreto sobre la contaminación por nitratos procedentes de origen agrario.
Tampoco ha contestado a las cuestiones planteadas la Consellería de Medio Ambiente, que no ha aclarado si ha adoptado alguna medida tras la sentencia, que condena la inacción tanto de la Xunta como del Gobierno estatal, a través de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS). Sobre el caso, la responsable del departamento autonómico, Ángeles Vázquez, lamentó en unas declaraciones en febrero, tras la confirmación de la sentencia por parte del Supremo, que no había la “coordinación” que le gustaría con la CHMS. Por su parte, el órgano que gestiona las cuencas del Miño y del Sil sostiene que remitió varias propuestas para reunirse a la Xunta: el 16 de febrero y el 3 de marzo le escribió al delegado en Ourense, aunque no se llegó a cerrar una fecha. El 17 de marzo y el 14 de abril la misiva se dirigió al presidente gallego, pero “continua sin fecha”.
La CHMS pone el foco en la administración autonómica por ser la que autoriza la actividad que genera la contaminación y asegura que, por su parte, hace analíticas cada 15 días desde 2011 y que, en los episodios de proliferación de cianobacterias pasan a ser semanales. Tras la sentencia, asegura que tomó otras medidas, entre las que están intensificar la vigilancia de posibles vertidos o acumulaciones de purines, el desarrollo de modelos para predecir los episodios de proliferación o iniciar los trámites para pagar las indemnizaciones.
González considera que, “al menos”, la CHMS ha admitido el problema que representa para el medio ambiente y la salud humana la multiplicación de macrogranjas en la comarca de A Limia, que es de donde parte la contaminación que afecta a As Conchas. La Xunta, por la contra, “pretende seguir negando que son el origen”, opina sobre la intención del Gobierno gallego y los retrasos en el proceso.
Advertencias desde finales de los 90
El experto se remonta a finales de los 90. La Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN), que él preside, avisó en 1998 a un ayuntamiento de los severos impactos negativos que iba a tener la multiplicación de granjas y apunta que el problema procede de las medianas y no solo de las de tamaño macro. Desde entonces, protesta, se ha duplicado la carga ganadera en la cabecera del río Limia, que es el que llena el embalse de As Conchas.
“Está claro que hay una relación de causa-efecto”, afirma. Hay demasiadas granjas para el terreno disponible y eso se traduce en grandes cantidades de nitrógeno y fósforo que pasan a las aguas subterráneas, en las que los nitratos aumentan hasta hacer que no sean potables. Y esto provoca la eutrofización de As Conchas, que son esas proliferaciones de algas que tiñen de verde el agua. Añade que la “pésima gestión” de los últimos 15 años ha provocado que se hayan arrastrado también bacterias fecales, algunas de ellas resistentes a antibióticos y “muy peligrosas”. En su momento, recuerda, pidieron una moratoria para que no se autorizasen más explotaciones. Ahora, eso sería “insuficiente”. Es decir, considera que habría que cerrar algunas.
Estos días, en los que empiezan a subir las temperaturas, Pablo Álvarez cuenta que ya teme que el verde empiece a asomar, pero recalca la preocupación por las sustancias relacionadas con algunos tipos de cáncer y estas bacterias resistentes. Dice que no se explica cómo en el censo de aguas de baño de la Xunta para la temporada de 2026 aparecen como aptas dos zonas del embalse de As Conchas, una en el municipio de Bande y otra en el de Muíños, mientras que una tercera, en Lobeira, figura con una prohibición permanente del baño. Critica que la Consellería de Sanidade -la competente en control de la calidad de las aguas- está “engañando y confundiendo a la población” sobre la situación real: “¿Acaso el problema desaparece al cambiar de término municipal?”.
En busca de una fórmula contra los olores insoportables
La CHMS expone que desde agosto de 2025 hasta ahora se han hecho inspecciones a 72 granjas de A Limia y está previsto que la cifra llegue a 178 en diciembre de este año. Añade que desde enero de 2025 resolvió 25 expedientes sancionadores a explotaciones de la zona por vertidos de aguas residuales, daños al dominio público hidráulico o actividades que pueden causar contaminación.
El órgano de cuenca indica que son 60 los puntos de control, sumados los de aguas superficiales, subterráneas y el propio embalse, en busca de toxinas. Además, asegura que ha contactado con universidades y empresas para tratar de cerrar algún tipo de convenio a través del cual se busque una solución para otro de los problemas que persigue a los vecinos: los fuertes olores cuando hay un boom de cianobacterias.