Entre los múltiples motivos que el profesorado gallego alega para secundar la huelga de los próximos martes 16 y miércoles 17 —la tercera convocatoria en lo que va de curso—, el estrés derivado de la carga de trabajo ocupa uno de los primeros lugares. Una carga que, según cuentan, no está provocada por la actividad docente, sino por la cada vez mayor acumulación de burocracia sumada a una “frustración” por ser incapaz de atender las necesidades, cada vez mayores y diagnosticadas antes, del alumnado. Esa es la razón que el sindicato CIG, mayoritario en Galicia y principal convocante de los paros, encuentra tras una situación inédita: por primera vez en la comunidad, los docentes en una comisión de servicio por motivos de salud superan a los que la han obtenido por conciliación familiar. Un dato que llega acompañado de otro prácticamente igual de representativo: en una profesión en la que la vida laboral se alargaba a menudo, de forma voluntaria, más allá de los 65 años, las prejubilaciones a los 60 se han disparado. Y para los que optan por esta salida, que les hace perder dinero, el clima laboral es determinante.
Como sucede con el conjunto de empleados públicos, las comisiones por salud permiten a los docentes conseguir un destino temporal próximo a su domicilio por una enfermedad propia o el cuidado de un familiar. A menudo las solicita profesorado que se reincorpora después de una baja —sobre todo por ansiedad o estrés— y a quien ayuda poder retomar su actividad en un entorno seguro, sin sumar nuevas preocupaciones como encontrar una vivienda o solucionar el desplazamiento a un destino lejano. En el último lustro, el número de estas comisiones se ha multiplicado por tres: de las 340 de 2020 se ha pasado a casi un millar, 991, según los datos oficiales recopilados por CIG-Ensino.
Laura Arroxo es desde junio la secretaria nacional del sindicato que acapara 8 de los 15 representantes de la mesa sectorial gallega. Hasta ese momento, como responsable de Acción Institucional, esta profesora de Matemáticas se encargaba directamente de las cifras de las distintas comisiones de servicio, y no duda: “Es tremendo cómo cambió el panorama, especialmente en secundaria”.
En 2020, las 170 comisiones de salud en las que coincidían los dos cuerpos docentes —primaria y secundaria— suponían, respectivamente, el 23,71 y el 14,74% de todas las que se concedían. Cinco años después, pasaron a ser el 49% (403) y el 55% (588). Dentro de ese conjunto, el aumento en las comisiones por salud propia es, para Arroxo, “brutal”. Los únicos datos de los que dispone son los que van de 2023 a 2025. En ese período, en secundaria pasaron de 244 a 331, un 36% más; en primaria, crecieron un 50%: de 174 a 261. Y entre ellos, por lo que sabe, “muchísimos” corresponden a casos de salud mental.
“Hay muchos indicativos que nos advierten de que esto no es lo que era”. Y que, por primera vez, las comisiones de salud superen a las de conciliación —las que se solicitan para el cuidado de hijos pequeños— es uno de ellos. Arroxo recuerda que es la propia consellería la que las concede, siempre tras la valoración de la inspección médica con la que cuenta cada delegación territorial, y que cada año son muchas las que se deniegan. Educación, por su parte, no ha respondido a ninguna de las preguntas planteadas por elDiario.es para la elaboración de esta información.
Trabajar enfermo, pero cerca
Para un trabajador por cuenta ajena, puede sorprender que los docentes opten por una comisión y no por una baja médica, ya que acuden a trabajar con un problema de salud reconocido por la propia administración. “Cuando te estás recuperando de una depresión, o de un episodio de ansiedad y estrés, el hecho de estar cerca de casa y de la familia es mucho más beneficioso que tener que marcharse a una ciudad que no conocer, alquilar allí, pasar mucho tiempo al volante... Ese aumento de las comisiones viene de ahí”, afirma.
Esa idea choca con el retrato caricaturesco de una profesión a menudo atacada con tópicos, como el de que tienen demasiadas vacaciones o que sólo trabajan las horas en las que dan clase. “La carga que no es estrictamente docente aumentó muchísimo: creció el número de grupos, pero también se disparó la burocracia. Es muy raro encontrar a una profesora que sólo imparta clases: la gran mayoría son también tutoras, llevan alguna coordinación —en centros pequeños, hasta tres o cuatro a la vez— o forman parte de los equipos directivos”.
¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos años? “Que la enseñanza evolucionó muchísimo” y eso trajo una multiplicación del trabajo. Por ejemplo, por la implicación de las familias. “Si eres tutora de 29 niños en primero de la ESO tienes 29 familias que atender”. Y hacerlo durante el primer trimestre, ya que el cambio de etapa educativa y, en muchos casos, de centro, requiere una especial atención. A esto suma el aumento de la diversidad en las aulas, porque también hay “por suerte” más diagnósticos tempranos; un mayor número de inmigrantes, que pueden tener problemas de adaptación “sobre todo si no conocen la lengua”. A esto se suma una “concienciación de la inclusión educativa” que considera bastante reciente: “Hoy, a nadie le extraña ver alumnado con alta discapacidad en un centro educativo”.
El gran “problema” de este escenario es que todos esos cambios —la atención a las familias, el aumento de la diversidad— y las exigencias que conllevan no vinieron acompañados de más profesorado. “Al contrario”, señala: “más carga lectiva, mucha más burocracia y mucho más trabajo del que había antes”. Entre las consecuencias, destaca la “frustración” que el profesorado se lleva muchas veces a casa. “Te ves sola con niños con trastorno de conducta, para los que no hay apoyos, falta de especialistas...”. La situación es especialmente grave en secundaria, según cuenta, pero no sólo ahí. “Una compañera, que es profesora de infantil, me contaba que tiene un niño con problemas de conducta tan graves que sólo pudo leer cuentos en clase los días en los que faltó, porque no recibe ningún apoyo”. “En infantil y no puedes leer ni un cuento...”, suspira Arroxo.
Con esa situación de fondo, el número de docentes que decide acortar su vida laboral ha dado un vuelco. 2010 fue el último año en el que se pagaron las conocidas como gratificaciones LOGSE con las que se trataba de incentivar la renovación del profesorado. En aquel momento, irse para casa a los 60 años con 35 cotizados tenía un premio de 19.672 euros en secundaria y de 16.551 en primaria. “Una pasta”, resume Arroxo tirando de memoria. “Recuerdo que aquel curso vino de visita una compañera que, con aquella gratificación, se acababa de pegar un viaje espectacular por Egipto”. Hoy, el caso es el contrario: lo que se incentiva es seguir trabajando hasta los 70 años con una subida de hasta el 4% en la pensión, mientras que dejarlo a los 60 supone perder unos 400 euros mensuales. Sin embargo, en aquel escenario no era ni un 10% el que se prejubilaba. Hoy, dice el sindicato, lo hace más del 90%. “Todo el mundo se va antes”. Tiran la toalla.