El eucalipto ya es ilegal en las proximidades de viviendas en Galicia, pero de momento la Xunta no multará

El pasado jueves 31 de mayo concluyó el plazo dado por la Xunta de Galicia a propietarios y propietarias de parcelas que rodeen suelo urbano y edificaciones para “gestionar la biomasa vegetal” en una franja de protección de 50 metros, cumpliendo así la Ley de prevención y defensa contra incendios. Sin embargo, son muchas las personas que aún no han iniciado los trabajos de tala y desbroce de estos espacios y que desde este viernes están incumpliendo la ley. Este jueves, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quiso tranquilizarlos, asegurando que de momento no serán sancionados y que sólo habrá “apercibimientos”, dándoles “un tiempo prudencial” para llevar a cabo los trabajos pendientes. Las multas solo llegarían “cuando después de apercibimientos y de manera reiterada haya un incumplimiento sistemático”, dijo.

Esta semana la Consellería de Medio Rural subrayó que son los propietarios y propietarias los responsables de gestionar la biomasa en las franjas de seguridad y los ayuntamientos los encargados “de velar por el cumplimiento de la ley”. Medio Rural también recordó que cualquier persona puede denunciar a los propietarios y propietarias que estén incumpliendo sus deberes, poniendo en riesgo las restantes parcelas y viviendas. Las multas pueden llegar a los 3.000 euros, a lo que se puede sumar el coste de la ejecución subsidiaria de los trabajos de tala y desbroce no realizados.

La norma fue aprobada en el año 2007 y modificada posteriormente en 2012 y en el pasado mes de diciembre, fijando el deber de “gestionar la biomasa vegetal” en una franja de protección de 50 metros alrededor de edificaciones ubicadas a menos de 400 metros del monte, subrayando el deber específico de arrancar especies como el eucalipto, el pino o la acacia, además del matorral. Este año la Xunta adelantó un mes el plazo límite para la realización de estos trabajos que son fundamentales para evitar el riesgo de que los incendios se acerquen a núcleos habitados o la vías de comunicación. Estas franjas de protección actúan, además, como cortafuegos que dificultan la propia extensión del fuego.

Algunos ayuntamientos, como el de Ribadeo (Lugo), llevan meses trabajando para garantizar el cumplimiento de la ley autonómica. El pasado mes de febrero Ribadeo anunció que multaría a los propietarios que incumplieran el deber de arrancar los eucaliptos próximos a viviendas e inició la notificación a los propietarios y propietarias de 676 parcelas de que estaban incumpliendo la ley. Ribadeo, al igual que otras localidades, le ha demandado colaboración al Gobierno gallego para hacer cumplir su propia ley, criticando la inacción de la Xunta en este tema. De igual manera, el BNG denunció en el Parlamento que los ayuntamientos, sobre todo los de menos de 5.000 habitantes “no tienen capacidad para asumir un plan de actuación sistemático y continuado y tampoco cuentan con personal para vigilar y levantar actas que puedan terminal en sanciones”.

Esta semana un helicóptero sobrevolará Ribadeo con los medios técnicos necesarios para conocer qué fincas quedan pendientes de ser limpiadas. El alcalde, Fernando Suárez Barcia, subraya que “fueron muchos los que han hecho los deberes, pero son varios los que los tienen pendientes”. Los propietarios que no han realizado las tareas de limpieza correspondientes recibirán comunicaciones del Ayuntamiento para que en el plazo de 15 días procedan a cumplir con la ley. Suárez Barcia subraya que “no queremos llegar a más, pero si es preciso habrá multas o ejecuciones subsidiarias”.

Por su parte, el Ayuntamiento de Ponteceso (A Coruña) ha anunciado igualmente que en los próximos días enviará más de 9.000 cartas a propietarios y propietarias de parcelas forestales con información concreta de qué parcelas y que tramos exactos debe cortar. Estos datos proceden del trabajo conjunto del ayuntamiento con dos empresas de ingeniería y buscan facilitar el proceso a los dueños y dueñas de estos espacios, evitándoles trámites administrativos y el cálculo de los lugares en los que la biomasa debe ser gestionada.