El gobierno de Fraga le otorgó a Dorado más concesiones de las reconocidas por la Xunta
¿Está cerrada políticamente la polémica abierta por las fotografías publicadas por El País del actual presidente de la Xunta en sus tiempos de número dos de la sanidad pública gallega en el barco del narcotraficante Marcial Dorado? La oposición parlamentaria considera que no, y no sólo porque las instantáneas que recogen el encuentro de Alberto Núñez Feijóo con el narco en una de las épocas más duras de la droga en Galicia vayan a perdurar “para siempre jamás”, en palabras del socialista Abel Losada. A la oposición en general no la convencen las explicaciones ofrecidas desde el Gobierno gallego con respecto a las relaciones económicas de la Administración autonómica con las empresas de Dorado, concretada en una respuesta parlamentaria al grupo de AGE enviada simultáneamente a los medios de comunicación. Esa respuesta ofrece una relación de contratos y ayudas con la Administración general, pero faltan los organismos autónomos dependientes de la Xunta. Y ahí hay más relaciones, al menos, tres más.
La pregunta respondida a AGE no es la única que se formuló al respecto en la Cámara autonómica, bien al contrario. Hace casi un mes el PSdeG solicitó información “sobre las operaciones económicas” con las compañías del narco “no sólo pagos”, también “concesiones” u otro tipo de contratos con “ese tejido empresarial”, explica Losada. “Nuestras preguntas no fueron respondidas y en las respuestas proporcionadas a AGE, sorprendentemente, faltan los organismos autónomos”, entre ellos dos con los que Alberto Núñez Feijóo tuvo relación directa: el Servizo Galego de Saúde y Portos de Galicia, que dependió jerarquicamente de él en su etapa como consejero de Obras Públicas en el Gobierno de Manuel Fraga. Es con Portos, precisamente, con quien Dorado tuvo concesiones.
Concretamente, un vistazo a los informes de gestión de este ente público, actualmente encuadrado en el organigrama de la Consellería del Mar, permite comprobar al menos tres concesiones, dos con la empresa Xatevín, S.L. y una más con Efectos Navales Arousa, las tres concedidas en tiempos de Fraga. Cronológicamente la primera data de 1990, cuando Xatevín recibe la concesión para instalar una “estación de servicio para suministro de carburantes” en la Illa de Arousa. En 1991, en la propia Illa, Efectos Navales Arousa, S.L., obtiene la concesión para instalar una “nave para suministro de efectos navales de reparación de motores marinos”. Ya en 1997, una resolución de Portos le otorga a Xatevín la concesión para instalar “dos tranques subterráneos para suministro de combustible a las embarcaciones” en el muelle del Xufre, también en la Illa de Arousa. Esta concesión tenía un largo plazo, “hasta el 24 de abril del año 2010”.
Los socialistas le dan especial relevancia a que estas concesiones fueran con Portos, “donde también estuvo el señor Pablo Crespo”, el ex secretario de organización del PPdeG considerado uno de los cerebros de la trama Gürtel que formó parte del consejo de administración de este ente ya con Feijóo como consejero. El presidente, dice Losada, “lo mantuvo aunque no lo conocía de nada”. Esa, ironiza, es la “cara de ONG” del jefe del Gobierno gallego. En este contexto, el PSdeG “espera” que la Xunta le proporcione la información relativa al Sergas que le fue solicitada, dado que el propio Feijóo “dijo que iba a responder”.
Mientras, desde el Grupo Popular su portavoz, Pedro Puy, le resta importancia a la posibilidad de que aparezcan nuevas relaciones entre la Xunta y estas empresas. “Estamos asistiendo a una situación un poco absurda”, juzga, porque “cuando el Gobierno contesta, lo que pasa en la oposición es que se queja de que no se le contesta”, pero “lo que ocurre es que no les gusta la respuesta”. “La respuesta que dio el Gobierno incluye el conjunto de contratos con la Administración pública y, en caso de que haya una petición adicional, la Xunta la dará”, garantiza. En cualquiera caso Puy insiste en que “ninguna de las ayudas” recibidas por las empresas de Dorado “fue ilegal”, porque “no saltó ningún procedimiento administrativo” y “quien lo hizo no tenía conocimiento o constancia de que fueran empresas vinculadas con un narcotraficante”.
