El Gobierno declara Meirás como lugar de memoria democrática
La figura de protección del lugar de memoria democrática ya ampara oficialmente al Pazo de Meirás, la monumental construcción entregada a Franco, todavía con la guerra civil en marcha, tras aportaciones forzosas de los vecinos y que se mantuvo en manos de sus descendientes hasta que, en septiembre de 2020, la Justicia decidió que debía ser patrimonio del Estado. Hasta llegar a esa decisión, un movimiento memorialista se había organizado durante años para reclamar que el lugar, un símbolo del poder en la dictadura, estuviese en manos públicas. El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge este viernes la resolución, en la que argumenta que la declaración se debe a que Meirás representa “de forma singular los procesos de destrucción y reconstrucción de la democracia en España desde 1936 hasta la actualidad”.
El Gobierno anunció hace año y medio su intención de declarar lugar de memoria democrática tanto Meirás como la Illa de San Simón, en la que el franquismo creó un campo de concentración. En septiembre de 2025 comenzó el proceso y ahora, casi un año después -el plazo máximo- ha quedado resuelto. La resolución, fechada el 6 de agosto, hace un repaso de la historia del conjunto patrimonial, conocido históricamente como Torres de Meirás y ubicado en el municipio coruñés de Sada.
Fue la escritora Emilia Pardo Bazán (1851-1921) la que promovió la construcción sobre una antigua propiedad familiar y la convirtió luego en “un lugar de creación literaria, reflexión intelectual y representación pública”, señala la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Allí, añade, escribió parte de su obra, reunión una importante biblioteca personal y recibió a destacadas personalidades de la vida política y cultural.
Tras la muerte de la escritora, el inmueble terminó por convertirse en uno de los símbolos del franquismo. Fue durante la propia guerra cuando adquirió la dimensión que lo convierte ahora en lugar de memoria democrática, señala el Gobierno. En la década de 1920 estuvo relacionado con figuras de la dictadura de Primo de Rivera, entre ellas el general José Cavalcanti, marido de Blanca Quiroga Pardo Bazán, hija de la escritora.
En la Segunda República estuvo asociado a sectores políticos contrarios al régimen democrático. Durante el enfrentamiento armado posterior al golpe de Estado del 18 de julio de 1936, se creó, en 1938, la Junta Pro-Pazo del Caudillo, compuesta por figuras afines a Franco y que tenía como objetivo entregarle el pazo. “La operación se financió mediante aportaciones forzosas impuestas a ayuntamientos, funcionarios y particulares, en un contexto de represión y coacción política”, recoge la resolución del BOE. Al mismo tiempo, se ampliaron los terrenos con “apropiaciones y expropiaciones realizadas sobre propiedades vecinas, privando a numerosas familias de sus medios de subsistencia”.
No solo eso, sino que se expoliaron numerosos bienes procedentes de otros enclaves patrimoniales gallegos. Fue el 3 de agosto de 1938 cuando se “formalizó” la compra y el 5 de diciembre de ese año cuando se le entregó el inmueble a Franco. En 1941 se hizo una nueva escritura de compraventa a favor del dictador que “simulaba una adquisición particular y permitió la inscripción registral del inmueble a su nombre”. Esa es la operación que después terminó por considerar fraudulenta la Justicia.
Mientras vivió el dictador, el pazo se utilizó como residencia oficial de verano, pero fue algo más que eso. Se convirtió en “uno de los principales escenarios del poder franquista” y desde este lugar se tomaron decisiones “de especial trascendencia para la política represiva del régimen”, relata la resolución, que cita la aprobación, en 1975, de un decreto ley sobre prevención del terrorismo que “endureció la persecución a la oposición política y amplió la aplicación de la pena de muerte en los últimos meses de la dictadura”. También se usó el lugar para la propaganda franquista y para recepciones, audiencias y reuniones. “No debe entenderse únicamente como una residencia oficial, sino como un escenario institucional desde el que se ejerció y proyectó el poder político del franquismo”, argumenta el escrito.
Las herencias de la dictadura
Además, la gestión del inmueble se sostuvo “en buena medida” con fondos públicos, lo que refleja “la permanente confusión entre patrimonio estatal y patrimonio privado característica del régimen”. Cuando murió Franco, en 1975, el pazo siguió en manos de sus herederos, lo que “convirtió a Meirás en un símbolo de las dificultades de la democracia española para afrontar determinadas herencias materiales y simbólicas de la dictadura”. También se fue organizando un movimiento para reivindicar que la propiedad pasase al patrimonio público y se recuperase la memoria de lo sucedido. En 2008 la Xunta la declaró bien de interés cultural (BIC) y posteriormente el Estado presentó una demanda para reclamar el inmueble.
El Tribunal Supremo confirmó en marzo de este año que el pazo es propiedad pública, aunque el Estado deberá indemnizar a la familia Franco, en un punto que aún está pendiente de dirimirse. También está por determinar la gestión futura del lugar, que la Xunta reclama para sí, entre avisos de los colectivos memorialistas de que lo que debe primar es la memoria democrática y el recuerdo del expolio franquista.
En la declaración de lugar de memoria democrática, el Gobierno considera que, con las sentencias que confirman que Meirás es un espacio de propiedad pública, el pazo se ha convertido “en un referente de la defensa de los valores democráticos y de la construcción de una memoria colectiva basada en la verdad, la justicia, la reparación y la preservación del patrimonio común”. El Estado se compromete ahora a adoptar medidas como realizar recursos audiovisuales y digitales con finalidad “conmemorativa, de homenaje, didáctica y reparadora”, a integrar el espacio en los circuitos internacionales sobre memoria democrática y a instalar placas y paneles interpretativos en el pazo.