Las medidas contra la COVID que Feijóo puede aplicar pero no adopta y reclama a Sánchez

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo (izquierda) y el conselleiro de Sanidade durante la Conferencia de Presidentes

Daniel Salgado


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Alberto Núñez Feijóo salió este miércoles de la Conferencia de Presidentes convocada por Pedro Sánchez cargado de recriminaciones contra el Gobierno central. A su juicio, este actúa con “dosis de improvisación”. “Es muy difícil que la gente comprenda que a 48 horas de celebrar la Nochebuena estemos hablando de lo que hay que hacer Nochebuena”, dijo. Pero la Xunta de Galicia tampoco ha apurado a aprobar medidas para limitar los efectos de la sexta ola de coronavirus. Buena parte de lo propuesto por Feijóo en la reunión de mandatarios autonómicos puede ponerlo en marcha con sus competencias. No lo ha hecho. Y todavía este jueves ha remitido al 27 o 28 de diciembre para tomar decisiones sobre Fin de Año o Reyes.

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Los diez puntos defendidos por el presidente gallego arrancaban con una de sus peticiones más insistentes, la de una “ley de pandemias”. Su cruzada para aprobar una legislación todavía más específica para lo que considera “gestionar” epidemias víricas comenzó en agosto de 2020. Intentó que el Congreso debatiese un documento que había remitido al Ejecutivo central con escaso éxito. Tampoco el grupo parlamentario del PP en Madrid prestó excesiva atención, aunque de vez en cuando insiste en su necesidad. Mientras, en el Parlamento de Galicia, los populares utilizaron el rodillo de su mayoría absoluta para impulsar una reforma de la Lei de Saúde en ese sentido e incluso abrir la puerta a la vacunación obligatoria. El Constitucional acabó suspendiendo algunos de sus artículos. Meses más tarde el tribunal levantó casi toda la suspensión, excepto en lo referido a la vacunación.

El caso es que la ley está vigente en la comunidad, pero Feijóo ha preferido no hacer uso de ella en la sexta ola. Al menos eso se deduce de sus declaraciones de este jueves, al término del Consello semanal de su gabinete. “En la reunión de presidentes planteamos la idoneidad de que los contactos estrechos de un positivo guarden cuarentena, con excepción de aquellos que tengan tres dosis de la vacuna”, expuso, “pero nuestra petición no prosperó”. Era otro de los diez puntos de su “decálogo de medidas”. A continuación aseguró que “regular la incapacidad temporal es una competencia exclusiva del Estado” y que se pliega al “criterio general”. Pero Feijóo no mencionó su propia legislación. El punto dos del artículo 38 de la reformada Lei de Saúde, con la que tanta política hizo el Partido Popular, permite a las “autoridades sanitarias autonómicas” dictar “medidas de control de las personas que estén o hayan estado en contacto con las personas enfermas, como el sometimiento a una cuarentena en el domicilio o en otro lugar adecuado para tal fin”.

El presidente gallego volvió a la carga con la necesidad de más personal sanitario, siempre sin que su administración asuma responsabilidades. La precarización laboral del Servizo Galego de Saúde (Sergas) es una de las razones que sindicatos y organizaciones colegiales del sector entienden como principal para explicar la falta de profesionales en la que se suele escudar la Xunta de Galicia. Entre tanto, la Atención Primaria sufre “gravísimos problemas” -lo admitió el conselleiro del ramo en el Parlamento. La “intensificación de pruebas diagnósticas con carácter especial en los aeropuertos y estaciones de tren” o la extensión del certificado COVID “a todos los ámbitos que sea posible” dependen únicamente del Gobierno gallego. De hecho, sobre la primera de estas reivindicaciones el mismo Feijóo anunció este jueves la disposición de test de antígenos para los viajeros en los tres aeropuertos de la comunidad y en cinco estaciones urbanas de tren.

Las exigencias de Feijóo, que su equipo hizo llegar a la prensa durante la Conferencia de Presidentes, también se referían a “ordenar los interiores en función de incidencia y nivel de hospitalización”. Y remitían al documento de niveles elaborado por la Comisión de Salud Pública. Durante olas anteriores de la pandemia, fue la propia Xunta la que estableció sus niveles y la aplicación de restricciones a partir de ellos. Ahora prefiere no hacerlo. El presidente gallego no quiere pisar ese charco, y mucho menos el de la hostelería. Hasta ahora, solo la Generalitat de Catalunya ha acordado limitar los horarios de los bares e incluso volver al toque de queda.

También introdujo en el debate entre mandatarios autonómicos “la conveniencia” de celebrar “cotillones y cabalgatas de forma estática”. No hubo acuerdo. El Gobierno gallego tampoco se ha atrevido todavía a tomar la decisión de limitarlas. Feijóo afirmó este jueves que la semana que viene el comité clínico que lo asesora analizará los datos de contagios del fin de semana de Navidad y, a partir de ahí, la Xunta actuará. A 23 de diciembre, en Galicia hay 18.664 casos activos de COVID, 50 personas en cuidados intensivos y 223 en planta. En las últimas 24 horas, el Servizo Galego de Saúde registró el récord de nuevos contagios en un día: 2.263. Y cuatro personas fallecieron, lo que eleva los muertos por el virus en la comunidad a 2.739.

Solo tres de los diez enunciados propuestos por Feijóo exceden con claridad las competencias de la Xunta. Uno, el de recuperar la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores, era compartido con otros colegas y el Gobierno central lo aceptó. Los otros dos consistían aprobar un “fondo COVID” dependiente de las arcas del Estado y agilizar la vacunación. Galicia, recordó Feijóo, es “líder” en inmunización de la población y está a la espera de recibir más medicamentos para seguir con las terceras dosis.

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