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La mujer del marinero gallego atrapado en Yemen acude al Defensor del Pueblo: “Están abocados a la mayor degradación física y personal”

Beatriz Muñoz

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A los 31 tripulantes que permanecen retenidos a bordo del buque Cobija en un puerto del Sur de Yemen se les han acabado los víveres, como advirtió la semana pasada que sucedería su capitán, el gallego Pablo Costas Villar. Lo único que están ingiriendo ahora mismo es agua que obtienen en el puerto sin garantía de salubridad y que hierven varias veces antes de añadirle azúcar. La situación desesperada ha llevado a la mujer de Costas a pedir amparo al Defensor del Pueblo, ante el que expone la “absoluta desprotección” de su marido y sus compañeros, atrapados desde hace 11 meses a raíz de una denuncia de pesca ilegal por parte de Australia. En el escrito denuncia que se están vulnerando los derechos fundamentales de los tripulantes y “abocándolos a la mayor degradación física y personal que puede soportar un ser humano”.

La mujer de Costas acude a esta institución después de haber dirigido ya una carta al Ministerio de Asuntos Exteriores. “Se limitan a indicarnos que están haciendo todo lo posible para resolver el tema, pero se lo llevan diciendo a Pablo desde hace casi tres meses -cuando el marinero pidió ayuda a la diplomacia española-”, protesta en el escrito, en el que pide al Defensor del Pueblo que intervenga para lograr que su marido sea repatriado.

El barco llegó al puerto de Al Mukalla a finales de septiembre de 2020. Debido a la denuncia por pesca ilegal de Australia, el capitán fue apresado, juzgado y condenado a tres meses de arresto, ya cumplidos. Pero un recurso del fiscal paralizó el proceso para que los marineros saliesen del país. En respuesta a la carta de la mujer de Pablo Costas, Exteriores manifestó que la repatriación “está supeditada a que se resuelva la causa pendiente y sea autorizada por las autoridades judiciales competentes”. La mujer considera que “llama poderosamente la atención” que se justifique de este modo que su marido no puede ser repatriado y lanza varias preguntas sobre por qué una denuncia de Australia lleva a un juicio en Yemen y por qué aún no han recibido documentación sobre el caso.

En su escrito recuerda que Yemen lleva desde 2014 sumido en una guerra civil. La seguridad jurídica “no existe” y en el proceso judicial abierto contra su marido no se ha podido entender con el abogado porque “al parecer solo utiliza el árabe”. Las decisiones judiciales no le han sido comunicadas a Pablo Costas, añade. Insiste en que la “indefensión” en la que se encuentra su esposo ha sido denunciada en varias ocasiones, tanto ante los consulados españoles en Riad (Arabia Saudí) y Mascate (Omán) como ante el ministerio.

El sindicato Central Unitaria de Traballadoras (CUT), que ha prestado ayuda a la mujer de Pablo Costas en estos meses, acaba de remitir una nueva comunicación de emergencia humanitaria, la tercera, a Exteriores para señalar que a bordo del Cobija no quedan víveres. El propio capitán relata en una nota de voz enviada a través de Whatsapp a esta redacción su situación actual y explica que solo les queda azúcar y que consiguen agua en el puerto “sin garantías” de su salubridad, así que la hierven antes de beberla. Tienen irritaciones en la piel porque no pueden lavarse. “Es una desasistencia, una falta de comunicación y una incertidumbre total”, protesta. Los meses de espera y la falta de noticias hacen mella en el ánimo de los marineros: “Aquí estamos, cada vez peor. La única forma de salir será enfermo grave o muerto”. El marinero define ahora su situación como “un secuestro”.

La última comida de los 31 tripulantes fue el lunes. Unos marineros indios que llegaron en otro barco al puerto de Al Mukalla habían leído en la prensa sobre la situación del Cobija y les dieron algo de carne y atún, pero las reservas ya se les han terminado. En el documento, enviado por la mujer del capitán gallego al Defensor del Pueblo, considera que la falta de suministro de alimentos y agua es “una pena accesoria sin el respaldo de normativa alguna que lo ampare”. “Mi esposo nunca ha contado con asistencia jurídica conforme a derecho. Y esto a pesar de haberlo solicitado a los consulados de España en Riad y en Mascate”, critica.