El PP pacta con el PSOE levantar el veto al gallego en las asignaturas de ciencias pero solo si las materias sociales son en castellano

El Partido Socialista ha pactado con el PP levantar la prohibición de impartir las asignaturas de ciencias en gallego, pero solo si, a cambio, las materias sociales son en castellano. El acuerdo modifica así uno de los más discutidos puntos de la norma lingüística impuesta unilateralmente por Feijóo hace ahora 16 años y que ha influido en la abrupta caída del uso y la competencia del idioma propio de Galicia. El PSdeG ha arrancado algunos otros cambios en el documento para renovar el Plan Xeral de Normalización Lingüística que la Xunta presentó el pasado julio tras una ronda de reuniones con los populares. El BNG, principal partido de la oposición, declinó participar en las mismas y ha valorado el pacto entre socialistas y de derecha como “pinza bipartidista para enterrar el gallego”.

La número dos del PSOE gallego, Lara Méndez, presentó este jueves lo que definió como “una propuesta que mejora lo presentado por el Gobierno gallego”. La resumió en cinco apartados referentes a la enseñanza y un bloque más genérico sobre las industrias culturales. La primera parte incide en “la necesidad de actuar en la educación infantil para garantizar que el gallego tenga el mismo nivel de uso en los entornos castellano hablantes”. Retira el “veto injustificable” a impartir matemáticas, física o tecnología en la lengua propia de Galicia, pero esto solo será posible si historia, ciencias sociales o geografía se imparten en castellano. Además, establece “de forma clara y medible” que el 50% de la educación debe ser en gallego. Y que la Formación Profesional debe garantizar la “plena competencia” en ese idioma.

Méndez insistió en que se habilitarán mecanismos para comprobar el cumplimiento de lo acordado. En concreto dos: habrá seguimiento y evaluación en el plan lingüístico de cada centro y, cada año, el Parlamento autonómico recibirá y discutirá un informe sobre el uso del gallego en la enseñanza. “El Partido Socialista no renuncia a ninguna posición”, dijo, implícitamente en previsión de las críticas del BNG al acuerdo, “seguiremos defendiendo que un 50% de la enseñanza en gallego sea un mínimo [y no un tope, como ahora], un mayor compromiso económico con la política lingüística, mayor presencia efectiva del gallego en los medios o que la edición forme parte de las industrias culturales. No fue posible llegar a todo pero estamos más cerca del objetivo”.

“Derecho a conocer y hablar en gallego”

Los nacionalistas, como ya habían avanzado durante estas semanas de encuentros entre PP y socialistas, discrepan. Su líder, Ana Pontón, lo reiteró al poco de conocerse el pacto. “Se mantiene el decreto de la vergüenza [en referencia a la norma aún vigente de Feijóo, que rompió unilateralmente la unanimidad de las fuerzas parlamentarias al respecto] con un rocambolesco intercambio de cromos”, afirmó, “de modo que el gran avance es prohibir impartir historia en gallego en lugar de las matemáticas”. “Es el bipartidismo poniéndose de acuerdo para enterrar el gallego”, resumió. Y vinculó ese consenso al reparto de puestos derivado del veto de la derecha a que el BNG designe al Vicevaledor do Pobo, como le corresponde en arreglo a su peso electoral.

Pontón defendió una vez más la derogación de la ley impuesta en su día por el PP y la negociación de una nueva normativa. “Estamos a favor de garantizar el derecho de conocer y hablar el gallego y creo que está posición representa a la mayoría de los gallegos y gallegas, hablen en la lengua que hablen y voten lo que voten”, concluyó.

Un tercio de los niños no saben gallego

La Xunta de Alfonso Rueda recibió hace dos años los demoledores datos del Instituto Galego de Estatística (IGE). Década y media de gobiernos del PP, con Feijóo y Rueda en su primera línea, multiplicaron por dos el número de niños y niñas que no saben hablar gallego. En 2024 eran casi la tercera parte. La Real Academia Galega y el Consello da Cultura, las dos instituciones oficiales de mayor peso, avisaron entonces de que la situación se aproximaba a lo irreversible. Sin hacer autocrítica explícita, e incluso cuestionando la metodología del IGE -dependiente de la Xunta-, el Ejecutivo gallego inició una tímida rectificación de sus políticas lingüísticas. El Plan da lingua galega, un documento con 700 medidas elaborado por 130 expertos presentado en julio, fue el resultado, que nacionalistas y la mayor entidad social de defensa del gallego, A Mesa pola Normalización Lingüistica, llaman “paripé”. Sobre ese texto, PSdeG y PP alcanzaron los acuerdos revelados este jueves.