Cuando, el pasado 1 de julio, Galicia pasó formalmente a tener las competencias de gestión del litoral, hacía 17 años de la última ampliación de las capacidades del Gobierno gallego. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha aplicado un cambio en materia de competencias y ha sumado una nueva petición de transferencia al Estado: este lunes ha confirmado que reclama también la de autorización y gestión de los aeródromos de la comunidad que no tienen actividad comercial. Es decir, unas 40 instalaciones de las que están excluidas los aeropuertos de Santiago de Compostela, Vigo y A Coruña.
En su comparecencia tras presidir la reunión semanal de su gabinete -la última de este curso político, antes del de su descanso vacacional-, Rueda indicó que su gobierno va a pedir el traspaso de los medios materiales, humanos y económicos para hacerse cargo de estas competencias.
Tras el traspaso de la gestión del litoral, el Gobierno gallego formalizó ya la petición para asumir las competencias sobre los permisos de trabajo de las personas extranjeras. Rueda lo comunicó hace poco más de un mes. Este lunes añadió la gestión de estos aeródromos, entre los que hay escuelas privadas de vuelo o instalaciones que usan las aeronaves de lucha contra incendios y las sanitarias.
El presidente gallego se remitió a que otras comunidades, entre las que citó Aragón, ya asumieron estas competencias e indicó que ya ha habido conversaciones con el Gobierno central. Considera que este momento es “especialmente adecuado” para que la Xunta gestione estas instalaciones, dentro de la estrategia anunciada hace unos meses para dar un giro al polo aeroespacial de Galicia para que se dedique a la defensa, en lugar de a usos civiles.
Rueda aprovechó también para volver a pedir la transferencia de la AP-9 y su rescate, una posibilidad que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ya había considerado “tremendamente difícil”. El presidente gallego se refirió al ultimátum dado en julio al Gobierno central por la Comisión Europea, en el que avisaba de que la prórroga de la concesión hasta 2048 otorgada por el gobierno de José María Aznar no cumple las normas. El rescate, defiende Rueda ahora, es “la alternativa más ventajosa para el interés público”.