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La eliminación del catalán como requisito para trabajar en la sanidad pública de Balears ha salvado el primer partido en el Tribunal Constitucional. El pleno, según ha sabido elDiario.es, ha rechazado el recurso que PSOE y Unidas Podemos presentaron contra esta medida del Govern de Marga Prohens, pero ciñéndose a los aspectos formales del decreto-ley: se hizo una modificación legal posterior y eso se estudiará en una segunda sentencia, dentro de meses, y ya sobre el fondo del asunto.
Esta normativa fue sustituida por otra posterior cuando, a finales del año pasado, el PP sacó adelante un decreto ley para corregir un error con el que llegaron a eliminar la presencia del catalán en toda la función pública al aceptar una serie de enmiendas que Vox introdujo en un decreto de simplificación administrativa. Esa nueva normativa también ha sido recientemente recurrida al Constitucional, esta vez por la Obra Cultural Balear al entender que supone un nuevo recorte de derechos lingüísticos de los ciudadanos de Balears.
La conclusión del pleno es que buena parte del pleito ha perdido objeto por esa nueva normativa que regula lo mismo. El resto de argumentos del recurso han sido rechazados, según estas mismas fuentes: si existían las razones de urgencia y necesidad para hacerlo a través de un decreto-ley y si se habían regulado en exceso derechos fundamentales o estatutarios para esa figura legal.
Fue una de las primeras medidas que adaptó el Govern del PP después de que Marga Prohens tomara posesión como presidenta gracias al apoyo de Vox: eliminar el requisito de saber hablar catalán para los sanitarios que quisieran trabajar en la sanidad pública de la islas. Un decreto de medidas urgentes que convirtió esta obligación en tan solo un mérito para, según dijo entonces el Ejecutivo autonómico, “poner una alfombra roja” a los profesionales de la sanidad que quisieran trabajar a las Islas. Una de las grandes promesas electorales de Prohens y de su pacto de gobierno con la extrema derecha.
Hasta la entrada en vigor de la medida que hoy ha estudiado el pleno del Constitucional, los sanitarios que quisieran tener una plaza fija en Balears tenían que acreditar un B2 en catalán, requisito del que quedaron exentos los profesionales de medicina y enfermería en el proceso de estabilización en diciembre de 2022, el último antes de las elecciones que encumbraron a Prohens y que afectó a más de 4.100 plazas.
Las políticas promovidas por PP y Vox en las islas para orillar el catalán desembocaron en una manifestación masiva en las calles de Palma en mayo de 2024 y otras reacciones, como la unión de más de 300 sanitarios en la plataforma 'Sanitaris por la Llengua'. “Es una cuestión de humanidad poder ser atendido y morir, si fuera el caso, en tu lengua materna”, afirmaron entonces sus fundadores sobre la medida.
La presencia e importancia del catalán como requisito de acceso a un trabajo público en Balears es un conflicto recurrente legislatura tras legislaura. El PP de José Ramón Bauzá modificó la normativa para que el catalán fuera un mérito puntuable, pero no un requisito indispensable, para los trabajadores sanitarios. La primera legislatura del Govern de Francina Armengol, una coalición entre PSOE, Més per Mallorca y Més per Menorca, volvió a establecer en 2016 la obligatoriedad del catalán para los profesionales de la sanidad pública, con algunas excepciones cuando había plazas deficitarias.
Fue el Govern de Prohens el que en el verano de 2023 aprovechó un decreto para “medidas urgentes” en el ámbito educativo y sanitario para rebajar de requisito a mérito baremable el conocimiento de catalán y trabajar en la sanidad “sin que la falta de la acreditación oficial de un determinado nivel de catalán sea, de entrada, un obstáculo para acceder a la misma”. Los grupos parlamentarios de PSOE y Sumar en el Congreso decidieron recurrir la medida ante el Constitucional al entender que vulneraba el prinicipio de igualdad y no discriminación por razón de lengua consagrado en el Estatuto, además de atentar contra “el régimen de cooficialidad lingüística vigente”.