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El pleno del Ajuntament de Llucmajor ha votado por unanimidad a favor de la propuesta presentada por la oposición de izquierdas (PSOE y MÉS per Llucmajor) así como por un partido municipalista (Llibertat per Llucmajor) para cerrar la macrogranja ubicada en el municipio. La explotación avícola está en el punto de mira a raíz de las imágenes publicadas en primicia por elDiario.es el pasado 26 de mayo y que se hicieron virales por las condiciones de falta de higiene y suciedad extremas de su interior, así como por la perniciosa situación de las gallinas.
Los votos del Ejecutivo local a favor del cierre, formado por el PP, Vox y ASI (Agrupación Social Independiente, de tendencia ultraderechista), han sorprendido por el giro de guion que suponen en relación a la anterior postura que había mantenido la alcaldesa del PP. “No voy a ir en contra del sector agrícola. De una empresa que genera puestos de trabajo en el sector primario no estaremos en contra”, afirmó el 28 de mayo María Francisca Lascolas Rosselló, ante los gritos de desaprobación de los asistentes en la sala, en una frase que amenaza con perseguirla al menos en lo que queda de legislatura. “Si una alcaldesa no es capaz de defender los derechos de sus ciudadanos no merece ser alcaldesa”, le recriminó entonces Jaume J. Oliver, portavoz del PSOE en el Ajuntament.
“Los vecinos se tienen que encerrar en sus casas porque no pueden respirar. Yo trabajo, tengo derecho a mi descanso —anteayer no pudo dormir por los malos olores, un problema habitual, según denuncian los vecinos afectados—, a salir a mi jardín que me he pagado con el sudor de mi frente, a una serie de cuestiones que me está negando esa actividad con el beneplácito del Ayuntamiento y del Govern”, ha denunciado este jueves, una vez más, Nati García, presidenta de la Asociación Stop Macrogranja Llucmajor.
“En el público estaba Nati, ha intervenido en algún momento, y ha sido un baño de realidad”, afirma Oriol Gómez, portavoz de MÉS per Llucmajor, partido de la izquierda ecologista balear. “Lo que pasa es que la alcaldesa no escucha a nadie, gobiernan para ellos mismos, y ya está”, critica Gómez. “Hoy [este jueves] se han dado cuenta de que la gente tiene unas necesidades, que no las están escuchando ni cumpliendo”, lamenta, en referencia a las denuncias de Nati García, que representa a la Asociación Stop Macrogranja Llucmajor. “Pedimos el cierre cautelar de la macrogranja para que se investigue y se defina lo que hay que hacer”, insiste el portavoz ecologista.
—Le quería preguntar por una cuestión técnica: hay mucha normativa en esta cuestión. Una parte afecta a los ayuntamientos, y otra, al Govern balear. ¿El Ajuntament de Llucmajor tiene competencias para cerrar cautelarmente la granja?
“Esta es la gran pregunta. Yo respondí que sí en una pregunta que salió en los informativos de IB3, pero a la semana siguiente, un ingeniero municipal me dijo que no”, responde Gómez. Sin embargo, tanto él como Oliver —el portavoz socialista— sostienen que la licencia de actividades es municipal.
Como informó elDiario.es, Avícola Son Perot S.A. solicitó en 2023 “la legalización de todas aquellas construcciones sin licencia que constituyen la explotación agropecuaria”, según se desprende del proyecto presentado ante el Govern. “Al igual que se solicita la autorización ambiental integrada por la ampliación del censo de animales superando las 40.000 plazas de gallinas ponedoras”, destaca el texto. Precisamente, los propietarios de la granja de gallinas ponedoras recibieron recientemente una sanción del Govern, de 150.000 euros, por no tener la autorización ambiental integrada. Esto va en contra de lo que dictamina el Real Decreto Legislativo 1/2016, que delimita los requisitos a tener en cuenta en estos casos para regular la contaminación, como informó este diario.
La multa la recibieron de parte de la Comisión Balear de Medio Ambiente, un órgano dependiente de la Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat. Pero las consecuencias del incumplimiento aún tienen que determinarse por completo. “Se trata de una actividad ilegal que fue sancionada y está siendo investigada en la actualidad”, señalaron fuentes de la entidad animalista ARDE a este diario, que lamentaron que pese a todo “la empresa nunca ha dejado de operar”.
Además, recientemente, el 23 de mayo, entró en vigor el Decreto-ley 1/2025, de medidas urgentes para la protección de las personas y del medio natural en relación con determinadas explotaciones ganaderas intensivas de aves de corral en Balears. La disposición adicional cuarta de este decreto-ley, que modifica la ley agraria balear, establece que las nuevas explotaciones avícolas, así como las ampliaciones de las ya existentes, podrán autorizarse únicamente si se respetan unas distancias mínimas al suelo urbano residencial, determinadas según su capacidad ganadera.
En el caso de la granja de Llucmajor, esta se encuentra a aproximadamente un kilómetro de los núcleos urbanos de Tolleric y Badia Gran. Si la explotación supera las 80.000 gallinas ponedoras, según la nueva normativa, “debe mantener una distancia no inferior a 6.000 metros lineales respecto al suelo urbano residencial más cercano”. Aunque la granja ya está en funcionamiento, lo hace sin la autorización ambiental integrada. Por tanto, si se pretendiera tramitar cualquier nueva autorización, esta debería ajustarse a las exigencias del nuevo decreto-ley, requisitos que actualmente la explotación no cumple. Cabe señalar que entre las medidas cautelares aplicadas por la Conselleria de Agricultura, Pesca i Medi Natural, la explotación debe reducir su número máximo de gallinas de casi 136.000 a 40.000, explicaron fuentes de la Conselleria. El plazo termina el 31 de diciembre de 2025.
“Esta autorización [ambiental integrada] la están pidiendo desde el 2017, pero no se la dan”, prosigue Gómez. “La duda es por qué no se la dan. Probablemente porque hay alguna irregularidad que lo impide”, afirma el concejal ecologista. Así, lo que exigen estos tres partidos de la oposición (PSOE-PSIB, MÉS per Llucmajor y Llibertat per Llucmajor) es que, ya sea desde el Ayuntamiento, ya sea desde el Govern, se lleven a cabo las actuaciones oportunas para “cerrar la granja”.
—¿No sienten la presión mediática y ciudadana para actuar de otra manera?
“Me da la sensación que no”, responde Gómez. “Hoy (este jueves) lo tenían muy fácil. La alcaldesa podría haber convocado una reunión como llevan pidiendo meses los vecinos afectados, y no lo ha hecho”, insiste. Las quejas de los vecinos, según afirmaron a este diario, empezaron en 2017. Las graves, y de forma insistente, se remontan al 2019. El propio Gómez vive cerca de la zona y afirma que es testigo de los “malos olores”, que impiden a algunas vecinas, como Nati, descansar con tranquilidad o poder disfrutar de su jardín.
“La alcaldesa y el equipo de gobierno continúan manifestando que no es su voluntad ir contra una empresa privada, pero que, prevalece, que se cumplan las normativas y que las condiciones tanto de salud como de bienestar animal sean óptimas”, responden fuentes del Ajuntament de Llucmajor a elDiario.es.
Sobre la propuesta de la oposición, afirman que se trata de seis puntos “ambiguos”, algunos de los cuales implican elevarlos al Govern. “Tanto Secretaría como Urbanismo, áreas del Ajuntament, ya se han puesto en marcha para tener informes jurídicos tanto internos como externos en relación a esta explotación”, ahondan las mismas fuentes. Asimismo, señalan que un informe del Sr. Miranda, catedrático de Biología de la Universitat de les Illes Balears (UIB), está colaborando con el Ajuntament para estudiar “la posible plaga de moscas derivada o no de la explotación”. “Este experto se ha ofrecido a seguir colaborando post informe en reuniones con Conselleria y vecinos”, indican.
En cuanto la presidenta de la Asociación Stop Macrogranja Llucmajor, defienden que se reunió hace tiempo con un miembro del Consistorio, pero que ello no ha sido reconocido por ella. “Existen correos electrónicos con un área del Ajuntament que demuestran que ya se habían comentado las alegaciones de las Asociaciones de Vecinos tanto al Govern como al Consell”, explican. Además, argumentan que a finales de mayo se registró un abogado en representación de la plataforma y se determinó que una vez recabados los informes pertinentes y/o las medidas cautelares por parte de la Conselleria y tras obtener la información ambiental por parte del órgano competente, “se procedería a trasladar la documentación a la plataforma y a mantener una reunión con ellos”.Al pleno extraordinario, que únicamente votaba el punto centrado en la macrogranja de Llucmajor, también han acudido integrantes de la asociación Satya Animal, además de vecinos afectados. Su presidenta, Marina Sánchez, explica a este diario que han entregado más de 6.000 firmas al Ajuntament en las que se exige el cierre de la explotación avícola. “Han votado a favor pero otra cuestión es que vayan a ejecutar el cierre”, afirma Sánchez.