Varios funcionarios denuncian órdenes del PP de bloquear refuerzos y boicotear la regularización de migrantes en Palma
Ante las colas larguísimas que desde las siete de la mañana se han formado a las puertas de las Oficinas de Atención a la Ciudadanía de Palma (OAC), atendían los mismos funcionarios de siempre “debido a instrucciones políticas”. Es la denuncia que refleja un comunicado de prensa redactado por varios empleados del área de Serveis Socials de la capital balear. Según su testimonio, el equipo de gobierno de la capital balear ha vetado que se destine más personal a las ventanillas donde se pueden gestionar en persona trámites administrativos o, simplemente, obtener información para realizarlos. El Ajuntament de Palma está en manos del PP, con Vox como muleta en los plenos para sacar adelante presupuestos, ordenanzas y mociones.
Los vecinos de Palma que esperan su turno ante las oficinas de la OAC buscan, en la mayoría de los casos, un certificado de vulnerabilidad social. Es uno de los documentos esenciales para cualquier migrante que desee iniciar su regularización. El proceso comenzó este miércoles después de que el Gobierno aprobara por Real Decreto en el último Consejo de Ministros conceder permiso de residencia a los extracomunitarios que puedan demostrar arraigo en España y no tengan antecedentes penales. Un “hito del Plan de Convivencia e Integración Intercultural”, para Moncloa. Un caballo de batalla, en cambio, para el PP. En todo el país y, con especial fuerza, en las Illes Balears, donde gobierna en coalición o con apoyo externo de Vox en las principales instituciones de las islas con la única excepción del Consell de Eivissa. “No se puede entrar en esta ciudad por la puerta de detrás”, ha dicho esta tarde Jaime Martínez Llabrés: el alcalde de Palma ha comparecido ante los periodistas poco después de que los medios hayan recibido el escrito de los funcionarios.
La nota asegura que, ante las colas que ya se formaron ayer, “el equipo directivo” de la OAC activó para este jueves “medidas de refuerzo de personal con el objetivo de garantizar una atención adecuada y el cumplimiento de los plazos establecidos”. Según continúa el texto, esta misma mañana hubo órdenes de “no reforzar el servicio, dejando toda la gestión de este volumen extraordinario en manos únicamente de las profesionales habituales de la OAC Social”.
Sin embargo, sí se intensificó “la seguridad” en las oficinas ciudadanas. Así lo ha explicado el alcalde Martínez en su intervención, donde ha expuesto un argumentario que no ha mencionado las quejas de los funcionarios. El político del PP ha preferido cargar contra el presidente del Gobierno, a quien ha nombrado varias veces en menos de cinco minutos: “Genera falsas expectativas y ha provocado un efecto llamada clarísimo. (...) Ayer los servicios públicos ya comenzaron a tener presión, tuvimos a 300 personas que fueron a las instalaciones municipales para hacer trámites. (...) Pedro Sánchez ha decidido cómo se hace [la regularización] y quién lo hace sin consenso. (...) [Los migrantes] tienen colapsado un servicio al que tienen que acceder los ciudadanos. (...). ¿Cómo se integrará a todas estas personas en nuestra ciudad?”.
“Instrucciones políticas” a primera hora de la mañana
elDiario.es ha contactado con uno de los funcionarios que han remitido el comunicado. “Ayer ya se atendió de forma diferente, en grupos, pero se pudo hablar con mucha gente, aunque de una forma un poco improvisada. Desde dirección se pidió en diferentes departamentos quién podía reorganizar su agenda para reforzar a la OAC Social [la oficina que está soportando más peticiones de información]. Nos apuntamos varias personas al grupo de refuerzo”, relata este funcionario. Esta mañana, según este testimonio, los empleados públicos que se encontraban en las oficinas centrales de servicios sociales del Ajuntament de Palma se han llevado una sorpresa: “Mientras nos explicaban qué teníamos que contar a los diferentes tipos de demandantes –porque, por ejemplo, si tienen menores a su cargo, no necesitan el certificado de vulnerabilidad– y cómo ir cribando la cola, justo cuando íbamos a salir, el director técnico nos ha comunicado que había una instrucción de parte de la dirección política para que no se hicieran extras”.
Traducida en cifras, la orden implicaba que “fueran las dos personas que atienden normalmente en las oficinas de la OAC Social quienes se encargaran de todo”. “No sé si a nivel estatal se podría haber hecho mejor el proceso de regularización”, prosigue el funcionario, “pero sé que los medios municipales se podrían haber utilizado mejor. Es flagrante utilizar a personas para una batalla política. Hemos escrito rápido el comunicado, entre los seis empleados que estábamos en las oficinas centrales y, después, casi todo el centenar de trabajadores del área de servicios sociales se han ido adhiriendo”.
La oposición acusa al PP de “racismo institucional”
La respuesta de los grupos municipales que se oponen al gobierno sin mayoría absoluta –y con apoyo externo de Vox– del PP no se ha hecho esperar. “La falta de previsión del Ayuntamiento es inadmisible. Las personas tienen derechos y deben ser atendidas con dignidad. Lo que está haciendo hoy el ayuntamiento es indigno. Son personas que están solicitando información y una documentación que les puede servir para regularizarse en este país. Exigimos al alcalde que refuerce los puntos de atención y dé una solución a las personas que viven y trabajan en esta ciudad, que tienen unos derechos reconocidos desde el martes y que no merecen el trato inhumano que están recibiendo”, ha dicho Iago Negueruela, secretario general de los socialistas en Palma y el político mejor situado para encabezar la próxima lista del PSIB en las Municipales de 2027.
Miquel Àngel Contreras, concejal de Més, ha ido más allá calificando de xenofobia el presunto bloqueo de los populares a la decisión técnica de destinar más personal en las oficinas de atención ciudadana. “Es una decisión política”, ha afirmado Contreras, “que pretende dejar fuera del sistema a miles de personas. El PP utiliza la administración para negar derechos a la ciudadanía de Palma. Estamos hablando de personas que trabajan y viven en nuestra ciudad y las están dejando al margen. Esto es racismo institucional”. Los ecosoberanistas mallorquines consideran que se trata de “un boicot consciente” contra las personas que quieren acogerse a este proceso de regularización.
Lucía Muñoz, de Podemos, ha exclamado un “basta ya” en un vídeo publicado en Twitter. Lo ha grabado frente a las colas que se formaban hacia las diez y media de la mañana en la misma puerta de la OAC que se encuentra en la sede del Consistorio, en pleno centro histórico de la ciudad: “Le pedimos al equipo de gobierno que ponga todos los recursos humanos para poder tramitar la regularización extraordinaria”. “Parece que el PP quiere esclavos para sostener el turismo”, ha continuado la única concejala que conserva Unides Podem en la capital balear: “Le pedimos al alcalde que cese con su guerra contra los pobres. Parece que las trabas burocráticas siempre son para los mismos: para las personas migrantes, para las personas que viven en caravanas (como hemos visto con los empadronamientos), para las personas sin hogar”.
El silencio de Vox y los “seres de luz” de Prohens
Vox, por su parte, guarda silencio. “Quizás mañana sopesemos una respuesta”, comentan fuentes de la formación. En sus perfiles en redes sociales, la tercera fuerza de Cort –seis concejales, un 20% de voto en los últimos comicios y encuestas internas que los sitúan por delante del PSIB en las siguientes– no publica nada desde el martes. Aquel día, Fulgencio Coll Bucher –portavoz municipal de los ultraderechistas y ex jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra– se fotografió frente al monumento de Sa Feixina para defender que la Ley de Memoria Democrática no destruya este monolito erigido en honor a los caídos del bando golpista en la Guerra Civil. Más tarde, recibió en la sede de su partido a representantes de Solidaridad, donde calificó como “independiente” a un sindicato promovido por Vox para buscar el voto de la clase obrera.
En los perfiles autonómicos de Vox han aparecido este jueves algunos retuits de los mítines de Santiago Abascal en Andalucía y una única referencia al colapso de las oficinas de atención ciudadana en Palma: el retuit de una foto publicada en la cuenta personal de Sergio Rodríguez Farré. Este diputado, conocido por sus intervenciones de corte islamófobo y franquista en los plenos del Parlament, ha acompañado la imagen de una frase descriptiva y otra llena de intención política: “Cola ahora mismo en las oficinas municipales de Cort para trámites de regularización de inmigrantes. Todavía habrá algún lumbreras que diga que el efecto llamada de Sánchez no colapsa los servicios públicos”. La misma fórmula que defendió ayer la presidenta Marga Prohens, que ha llegado a decir que “no todo el” extranjero “que llega” a las Illes Balears “es un ser de luz”.
De hecho, mientras Rodríguez escribía en la red social, la cámara balear volvía a posicionarse contra la regularización de migrantes gracias los votos de PP y Vox en la comisión económica que se celebra los jueves. El mismo rumbo que llevó a los conservadores a dar luz verde a una proposición no de ley presentada en el Parlament a mediados de febrero por los ultraderechistas. En aquel texto se utilizaba la palabra “remigración”, una propuesta que esgrimen formaciones de corte neonazi como Alternativa por Alemania. En otras palabras, una expulsión a sus países de origen de decenas de miles de personas no nacidas en España.
El concepto choca contra los testimonios recogidos en las calles de Palma que se han podido escuchar hoy en los informativos de la Cadena SER. “[Con la regularización] Nos van a dejar de explotar: hay personas que trabajan por menos de 8 euros la hora, o incluso menos. Hablo por mis compatriotas colombianos, ecuatorianos, peruanos, bolivianos. Somos muy trabajadores, igual que los migrantes de otras nacionalidades. No venimos a quitarle el trabajo a nadie”, ha dicho esperanzada una mujer. Igual de reivindicativa era otra vez, también femenina y también latinoamericana: “Quien piense que venimos a quitarles el trabajo que sepa que es gente que ya existe, está acá y tiene un puesto de trabajo. Yo llevo tres años trabajando en negro, cuidando una señora, subiéndola, bajándola, alisándola, cambiándole pañales. ¿A cambio de qué? Sin vacaciones, pagas extras, con un sueldo mediocre. Para tener esos derechos necesitamos tener papeles para que podamos darnos de alta en la Seguridad Social”.