El PP defiende el cese de la alto cargo a la que elogió por denunciar un intento de soborno en Balears
El Govern balear ha negado que el reciente cese de la exdirectora general de Costas y Litoral Maria Joaquina Ferrer Matas estuviera motivado por “presiones externas” o por un expediente concreto en plena polémica por la gestión de las hamacas y sombrillas de las playas de Formentera. Ferrer cobró relevancia pública el pasado mes de abril tras denunciar un intento de soborno de 20.000 euros por parte de un empresario, una actuación por la que recibió entonces el respaldo y los elogios del Ejecutivo autonómico.
Así lo ha puesto de manifiesto este martes el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha defendido en el Parlament que nunca se ha inmiscuido en resoluciones concretas y que su única exigencia ha sido tratar de “cumplir el tiempo” en la tramitación de los expedientes.
El conseller ha respondido así a una pregunta formulada por la diputada de Més per Mallorca Maria Ramon, que ha cuestionado el relevo de Ferrer y ha sostenido que la exdirectora “cumplía con la normativa”. La ecosoberanista ha acusado a Lafuente de tener “un problema con los criterios técnicos que no dicen lo que le gustaría que dijeran” y ha considerado que quien debería dimitir es él. “Maria Joaquina Ferrer no tendría que haber sido cesada”, ha remarcado.
El cese de Ferrer, funcionaria de carrera y licenciada en Derecho por la Universitat de les Illes Balears (UIB), se produjo a principios de agosto después de varias semanas de controversia por las autorizaciones de instalaciones temporales en las playas de Formentera. El Govern justificó entonces la salida por la “pérdida de calidad en la prestación del servicio”, especialmente por la reducción de hamacas y sombrillas autorizadas durante la temporada alta, además de aludir a retrasos en la tramitación de expedientes. El Ejecutivo también reconoció la existencia de “divergencias” entre Ferrer y Lafuente y situó entre los objetivos del relevo mejorar la gestión de una Dirección General considerada especialmente compleja y sensible.
La salida de Ferrer adquirió una dimensión política mayor después de que 21 funcionarios de la Conselleria hicieran pública una carta en su defensa y respaldaran los criterios técnicos y jurídicos aplicados durante su etapa al frente de Costas, tal como ha recordado el portavoz adjunto del PSIB-PSOE Marc Pons. Més per Menorca llegó a reclamar la comparecencia urgente de Lafuente ante el Parlament para que explicara tanto el cese como las acusaciones posteriores de la exdirectora sobre supuestas injerencias políticas en la tramitación de informes y expedientes.
Las hamacas de Formentera, en el centro de la polémica
Durante el pleno, Pons ha situado precisamente el conflicto de las hamacas en el origen de la destitución. Según su relato, Ferrer fue cesada tras negarse a firmar autorizaciones que, a juicio de los socialistas, eran contrarias a la normativa de Costas. “Ni sus presiones, ni sus amenazas hicieron cambiar de opinión a la directora general”, ha afirmado Pons, que ha recordado además el escrito firmado por los 21 funcionarios cuestionando las formas de actuación del conseller.
El socialista también ha cuestionado el perfil del sustituto de Ferrer, Joan Jaume Mulet, exalcalde de Llucmajor, al que ha atribuido un perfil “claramente político” y ha reprochado que careciera, a su juicio, de conocimientos específicos en materia de Costas y Litoral. El socialista ha asegurado que Mulet autorizó posteriormente las instalaciones de las playas de Formentera “exactamente en las condiciones que le marcaron los empresarios” y sin informes técnicos que justificaran esas autorizaciones.
El Govern, sin embargo, ha defendido que las nuevas resoluciones respetaron la normativa. Lafuente ha explicado que no se aceptó íntegramente lo solicitado por el Consell de Formentera y que se redujo el número de hamacas y sombrillas inicialmente planteado. “Se cumplió a rajatabla la normativa y se dictaron las resoluciones conforme a los informes jurídicos de la Conselleria”, ha asegurado.
El conflicto tuvo un nuevo capítulo el 18 de agosto, cuando el Govern autorizó nuevas concesiones de instalaciones temporales en varias playas de Formentera hasta 2029 después de revisar y modificar las propuestas iniciales. La decisión permitió recuperar parte de las instalaciones que habían sido denegadas durante la polémica, aunque no todas las solicitudes fueron aceptadas. Entre las modificaciones figuraron cambios de ubicación, reducción de superficies ocupadas y condiciones vinculadas a la protección de los sistemas dunares y la línea de pleamar.
El caso de la fiesta del eclipse
Pons ha incorporado además a su intervención la polémica autorización de una fiesta celebrada en s'Arenal de Sant Antoni coincidiendo con el eclipse solar. El diputado ha denunciado que el permiso de Costas no llegó al Ayuntamiento hasta 15 días después de la celebración y que el documento estaba “firmado a mano y sin fecha” por el nuevo director general.
Lafuente ha rechazado las acusaciones y ha acusado al socialista de “montar el escándalo y decir cosas absurdas”. En relación con el conjunto de la polémica sobre el cese de Ferrer, el conseller ha llegado a hablar de “tráfico de influencias”.
La controversia sobre la fiesta no se ha cerrado. El PSOE ha pedido recientemente al Govern que investigue las celebraciones privadas organizadas en agosto en Sant Antoni, entre ellas el Festival Eclipse Solar de s'Arenal, y que determine si el montaje y la ocupación del dominio público marítimo-terrestre contaron con todas las autorizaciones necesarias.
El cese de Ferrer ha cobrado especial relevancia por su perfil y por el giro producido en pocos meses. La exdirectora general había sido públicamente respaldada por el Govern en abril después de denunciar un presunto intento de soborno de 20.000 euros por parte de un empresario. Cuatro meses después, fue relevada en plena crisis por la gestión de las playas de Formentera.
El Govern ha defendido desde el primer momento que su salida no estaba relacionada con aquel episodio, sino con la necesidad de mejorar el funcionamiento de la Dirección General de Costas y Litoral. El relevo recayó en Joan Jaume Mulet, cuyo nombramiento fue aprobado por el Consell de Govern el mismo día en que se hizo efectivo el cese de Ferrer.