LEER ESTE TEXTO EN CATALÁN
La Asociación Stop Macrogranja Llucmajor, que agrupa a los vecinos y vecinas afectados por la 'macrogranja de los horrores' de Mallorca, ha denunciado a la entidad privada AENOR —que otorga el sello de bienestar animal Welfair— por la presunta comisión de un delito de estafa, tal y como consta en un escrito a cuyo contenido ha tenido acceso elDiario.es. La entidad lo ha presentado, en concreto, ante el Juzgado que recientemente abrió diligencias penales contra la empresa Avícola Ballester –marca comercial de Avícola Son Perot S.A.–, propietaria de la explotación que desde hace varias semanas se encuentra en el foco informativo a raíz de las imágenes publicadas en primicia por elDiario.es el pasado 26 de mayo y que se hicieron virales por las condiciones de insalubridad, falta de higiene y suciedad extremas de su interior.
A través del documento, la asociación solicita al Juzgado de Instrucción número 11 de Palma que investigue tanto a AENOR como a sus veterinarios por haber actuado, supuestamente, en connivencia con Avícola Son Perot S.A. —responsable de la explotación— en relación con presuntos delitos de maltrato animal y/o medioambientales al no haber trasladado a las autoridades competentes “los hechos que hayan podido observar en las auditorías anuales” realizadas entre 2020 y 2025.
Las graves irregularidades acreditadas en la granja de Llucmajor han puesto en evidencia las condiciones de falta de higiene y suciedad extrema que se daban en sus instalaciones. Además, el Juzgado investiga también un presunto delito de maltrato animal a raíz de las imágenes grabadas por las entidades de protección medioambiental y animal ARDE y Satya Animal, como informó elDiario.es. Esta situación ha puesto el foco sobre el papel que desempeñan los sellos de bienestar animal, en este caso Welfair, que otorga la entidad privada AENOR.
Cabe recordar que las imágenes, publicadas el 26 de mayo, fueron grabadas por las entidades animalistas entre los días 21 y 29 de abril. Entre los días 24 y 29 de ese mes se documentó cómo las gallinas camperas no habían tenido acceso al exterior de las instalaciones, pese a que es obligatorio por normativa. Pese a todo, la granja de Llucmajor superó la auditoría anual de AENOR el 20 de mayo, a falta de completar documentación, según informó la empresa. La entidad privada que otorga el sello propuso a la empresa avícola que la fecha de la auditoría anual fuera pactada, como desveló elDiario.es.
Tras la publicación de las imágenes, dos técnicos de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural —dependiente de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern—, así como agentes del Seprona de la Guardia Civil, realizaron una inspección que acreditó siete irregularidades graves y una leve, como publicó este medio. AENOR no respondió a la consulta sobre si las imágenes publicadas eran compatibles con la otorgación del sello de bienestar animal.
elDiario.es se ha puesto en contacto con AENOR, Welfair e IRTA (entidad desarrolladora del sello, adscrita a la Generalitat de Catalunya), a quienes se ha puesto en conocimiento del escrito de denuncia, sin que haya sido posible obtener una respuesta. Tampoco ha querido hacer ningún comentario Avícola Son Perot S.A., empresa que explota la granja investigada. En cuanto a las instituciones públicas, no ha respondido a la consulta la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, dependiente de la Generalitat de Catalunya, a la que se trasladaba si era conocedora de las irregularidades acreditadas en la macrogranja de Mallorca.
La granja mantiene el sello de bienestar animal
Por el momento, Avícola Son Perot S.A. —una de las empresas que opera bajo el paraguas de la marca comercial Avícola Ballester— mantiene el sello Welfair. Después de la publicación del primer reportaje de este medio, Welfair afirmó a este diario que había “iniciado una investigación” y que facilitaría más información en cuanto dispusiera de ella. No obstante, a fecha del 29 de junio de 2025, el sello no ha vuelto a comunicarse con este medio.
En su escrito, presentado por el abogado Lorenzo Peñas Roldán, se recuerdan los requisitos que deben cumplir las explotaciones ganaderas en materia de bienestar animal para obtener la certificación. Las auditorías se basan en la evaluación de cuatro principios: buena alimentación, buen alojamiento, buena salud y comportamiento apropiado, así como el “estricto cumplimiento de la legislación europea en bienestar animal vigente en cada momento, u otra equivalente o superior, en aquellos casos en los que localmente exista legislación más estricta”.
En este sentido, Avícola Son Perot S.A. posee el sello de bienestar animal Welfair desde el 25 de noviembre de 2020, según indica la denuncia. Este certificado abarca la cría de gallinas ponedoras de la empresa en los códigos tipo 1, de gallinas camperas, y 2, de gallinas en suelo. La última auditoría anual fue superada el 20 de mayo de 2025, una semana antes de la inspección realizada por el Govern balear.
Antes de estas últimas inspecciones, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ya había acreditado irregularidades. De hecho, un informe al que accedió este diario concluyó que, en referencia a la gestión del estercolero de la granja, la empresa había cometido tres infracciones graves y dos leves. Este expediente fue firmado los días 12 de diciembre de 2023 y 26 de septiembre de 2024, como informó este diario. Por estos motivos, la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural anunció medidas cautelares.
Se aplicó, entre otras medidas, la suspensión de la cría de las gallinas camperas de la granja de Llucmajor, conocida como ‘granja de los horrores’. Para subsanar la situación, la explotación tuvo que presentar un plan de bienestar animal específico con el protocolo de manejo de estas aves. Hasta que no se aprobara este plan quedaba suspendida “la autorización para operar como granja campera”. Esta medida se levantó porque la empresa presentó y ajustó, según el Govern, el plan requerido. Sin embargo, durante todo este procedimiento, no consta ninguna suspensión cautelar del certificado Welfair u otras actuaciones por parte de AENOR, según la denuncia presentada por el letrado Lorenzo Peñas.
AENOR pidió pactar la fecha de la auditoría anual
Así, la denuncia recuerda que AENOR realizó la última auditoría anual el 20 de mayo de 2025, que fue superada por la empresa, mientras que una semana después, el 27 de mayo, el Govern acreditó siete deficiencias graves y una leve, lo que motivó el cierre de la nave 7 —una de las tres que corresponde a las gallinas camperas—. En las otras cinco naves restantes se detectaron deficiencias leves. Cabe recordar que AENOR propuso a la empresa avícola que la fecha de la auditoría anual fuera pactada.
En el escrito de denuncia, la asociación de vecinos recuerda que el bienestar animal “es un aspecto de gran importancia para el consumidor español”. “Un 91% de los españoles opinan que es importante proteger el bienestar animal de los animales de granja” y un 96% piensan que es importante proporcionarles espacio suficiente para poder moverse, estirarse y levantarse, según indican. En este sentido, el hecho de que los huevos de gallinas camperas y gallinas en suelo dispongan del certificado de bienestar animal Welfair “podrían estar influyendo en que el comprador de estos huevos pague más por un producto que la cronología de los hechos evidencia, no dispone de un mejor bienestar animal que el estándar de la industria”, argumenta el escrito.
Por estos motivos, la acusación considera que AENOR “podría estar incurriendo en un presunto delito de estafa” al añadir su sello a los envases de los huevos camperos y de suelo de la explotación avícola investigada. Así, el consumidor balear estaría pagando un precio mayor al pensar que los huevos son producto de gallinas que tienen un bienestar mayor que el estándar, ya que el certificado afirma que “las explotaciones ganaderas deben disponer buena alimentación, buen alojamiento, buena salud y comportamiento apropiado”, así como cumplir estrictamente la legislación en bienestar animal vigente.
Sin embargo, Avícola Son Perot S.A. ha infringido la legislación en materia de sanidad animal, afirma la denuncia. Concretamente, según consta en los expedientes del Govern, se han incumplido varios artículos del Real Decreto 637/2021, de 27 de julio, por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las granjas avícolas, así como del Real Decreto 3/2002, que establece las normas mínimas de protección de las gallinas ponedoras.
“El consumidor adquiere y consume estos productos confiado en la Certificación en Bienestar Animal Welfair®, al entender que los animales han sido tratados y criados en unas condiciones superiores de bienestar animal”, asegura el escrito. Sin embargo, añade, “ello no se ha visto traducido en la realidad de la explotación avícola investigada y AENOR e IRTA han podido obtener un lucro significativo”. IRTA es una entidad que responde a las siglas del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (adscrita al departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Catalunya), una de las desarrolladoras del sello de bienestar animal Welfair.
Por último, la denuncia sostiene que AENOR y/o los auditores veterinarios podrían haber actuado en connivencia con Avícola Son Perot S.A., al no informar a las autoridades de posibles delitos de maltrato animal, medioambientales o problemas de bioseguridad detectados durante las auditorías realizadas entre 2020 y 2025 en la granja ‘Ses Cisternetes’, de Llucmajor. La parte denunciante no entiende cómo la explotación pudo superar la auditoría del 20 de mayo de 2025. Por tanto, la acusación solicita que AENOR aporte al juzgado el nombre de los trabajadores que realizaron las auditorías señaladas, así como la documentación relacionada con las mismas, desde la primera obtención de la certificación de bienestar animal Welfair, hasta la última auditoría realizada el 20 de mayo de 2025.
El informe veterinario de las naves con sello de bienestar animal
Las asociaciones ARDE y Satya Animal denunciaron a Avícola Son Perot S.A. ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Balears el 21 de mayo de 2025 por presuntos delitos de estafa, contra la salud pública y abandono animal por falta de supervisión veterinaria. Esta denunciada, acompañada de una grabación de más de tres horas, iba acompañada de un informe veterinario, al cual accedió este diario.
Así, el profesional señalaba que en el interior de la granja había “riesgos de bioseguridad tanto para los animales como para el personal y potencialmente para los consumidores”. Entre estos riesgos, detalló la presencia de otros animales en las instalaciones como “abundantes roedores” (alguno incluso con signos de estar enfermo), entre las aves y su alimento; cadáveres en diferentes estados de descomposición (tanto en el suelo de la nave como entre las aves vivas), lo que es “una fuente importante de contaminación” y falta de higiene de la granja, ya que “la mayoría de la superficie está cubierta de polvo, aves muertas y telarañas”.
Según el veterinario, había defectos en el aislamiento de la nave “debido a los posibles desperfectos causados por los roedores” y se señalaba que el almacenaje de los huevos se encuentra en un lugar abierto donde pueden entrar las ratas, contaminando los productos. “Todo ello favorece la diseminación de enfermedades poniendo en riesgo la vida de las aves, los trabajadores y los consumidores de tales productos”, afirmaba el profesional, que añadía en su informe que se evidencia “una inadecuada limpieza” y, por lo tanto, una inadecuada “desinfección”.
Respecto a la presencia de animales enfermos, el veterinario destacaba que son un foco de contagio. Así, afirmaba que en varias ocasiones se veían imágenes de aves o roedores con signos de enfermedad. Algunas de las enfermedades infecciosas que podrían tener las aves son las bacterianas y víricas. Se destacaban las enfermedades zoonóticas, es decir, aquellas que se pueden transmitir de animales a humanos. Entre ellas, la peste aviar (influenza); la enfermedad de Newcastle (conocida como la pseudopeste aviar); la salmonelosis (intoxicación alimentaria) y la campilobacteriosis (provoca gastroenteritis).
Además, se señalaba la leptospirosis (puede afectar a diversos órganos como el hígado o el riñón y causar incluso la muerte si no es tratada a tiempo) ya que “una de las fuentes de contagio más comunes son los roedores”.
Así, el veterinario concluía que había una falta de control “tanto por parte de los trabajadores como por parte del propietario de la explotación”, así como una falta de supervisión veterinaria hacia los animales y la higiene de la explotación. “Hay un riesgo hacia la integridad física, ya no solo de las aves que se encuentran dentro de las naves, sino para el personal y su entorno, así como para el consumidor de los productos”, detallaba el profesional.
Finalmente, el veterinario consideraba que se estaban incumpliendo dos principios básicos del sello Welfair de bienestar animal. En primer lugar, no se cumplía el estado de buena salud de los animales, ya que debe de haber ausencia de lesiones, enfermedades y dolores. En segundo lugar, tampoco se cumplía el principio de “comportamiento social adecuado”, lo que implica ausencia de conductas negativas —como peleas o desplazamientos de los animales—.
“No se puede determinar el cumplimiento o no del resto de principios básicos de bienestar animal (respecto a la alimentación y zona de descanso), ni las etapas de transporte y sacrificio de los animales”, concluía el informe, en base al material audiovisual inspeccionado.