Saray lucha por un piso del 'banco malo' tras pagar por entrar en él: “No quiero que mis hijos se queden sin casa”

Su hijo pequeño corretea por el salón mientras Saray reconstruye la decisión que, hace diez años, cambió su vida. Sentada en el austero comedor de una vivienda situada en un bloque de pisos de la periferia de Palma, aguarda una respuesta que puede determinar si podrá seguir viviendo allí con su familia. Su historia, sin embargo, trasciende su caso personal. Stop Desahucios Mallorca sostiene que la batalla de Saray pone de manifiesto una de las principales lagunas en la aplicación de la Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda: la falta de activación de la mediación prevista para determinados procedimientos de desahucio promovidos por grandes tenedores antes de reanudar los lanzamientos suspendidos durante la pandemia.

Mientras la plataforma denuncia que esa garantía apenas se está aplicando, Saray continúa intentando regularizar su situación mediante un alquiler social para la vivienda de la Sareb en la que reside desde hace una década. Y es que, más allá del debate jurídico, esta madre de 29 años describe una larga espera para llegar hasta ese momento. Mientras la Sareb sostiene en sede judicial que la afectada rechazó inicialmente un alquiler social, los correos intercambiados con la empresa que gestiona el inmueble por cuenta del llamado 'banco malo' -que no ha respondido a las preguntas de este medio-, muestran que la compañía seguía comunicándole meses después que su solicitud de regularización permanecía 'en estudio', instándola a volver a contactar si transcurridos 45 días no recibía noticias.

Días antes de la fecha fijada para el desahucio, Saray volvió a dirigirse a la empresa para intentar alcanzar un acuerdo y, posteriormente, comunicó que seguía sin tener un gestor social asignado ni información sobre el estado de su expediente. La joven insiste en que lo único que pretende es regularizar su situación. “Me llamaron para enviar toda la documentación y la envié. Me dijeron que cumplía los requisitos”, afirma, reconociendo estar “un poco nerviosa” ante la incertidumbre de su futuro residencial. “Yo solo quiero pagar un alquiler”, comenta. Percibe el ingreso mínimo vital y vive pendiente de una resolución que todavía no llega.

Saray vive pendiente de una respuesta que no llega mientras continúa la incertidumbre sobre su futuro residencial: "Yo solo quiero pagar un alquiler"

El piso vacío que Saray convirtió en su hogar

Saray llegó al piso después de una etapa complicada en la que compartía techo con la familia de su marido. “Yo no podía seguir viviendo allí, quería mi intimidad”, explica. Trabajaba en el aeropuerto de Palma, pero su salario apenas le permitía cubrir los gastos del día a día y acceder a un alquiler en el mercado libre era una posibilidad completamente fuera de su alcance. Con una hija pequeña y sin una alternativa habitacional, comenzó a buscar cualquier opción que le permitiera independizarse. Para entonces, los precios del alquiler comenzaban a dispararse en Mallorca y encontrar una vivienda asequible se había convertido en una misión prácticamente imposible para muchas familias con ingresos modestos.

Un día, escuchó a una compañera hablar con un hombre que, según le contaron, se dedicaba a abrir viviendas vacías de entidades financieras. Se interesó por uno de esos pisos, propiedad de la Sareb. Pagó 130 euros para que le abrieran la puerta y entró en una vivienda abandonada y sin apenas condiciones para ser habitada. Y es que, tras la crisis inmobiliaria de 2008 comenzaron a proliferar en distintas ciudades personas que localizaban viviendas vacías de bancos o de la SAREB y facilitaban el acceso a familias sin recursos, una práctica que convivió con redes de apoyo a la ocupación pero también con episodios de fraude.

“La casa estaba llena de polvo, fatal”, recuerda Saray. Nunca firmó un contrato de alquiler. Con el tiempo, sin embargo, aquel piso se convirtió en el hogar donde ha criado a sus dos hijos. Su situación comenzó a cambiar años después, cuando la Sareb inició acciones para recuperar la vivienda. El procedimiento judicial acabó derivando en un desahucio que quedó suspendido durante la pandemia al amparo de la moratoria estatal aprobada mediante el Real Decreto-ley 11/2020.

'La casa estaba llena de polvo, fatal', recuerda Saray. Nunca firmó un contrato de alquiler. Pagó 130 euros para que le abrieran la puerta del piso, propiedad de la SAERB. Con el tiempo, sin embargo, aquel lugar se convirtió en el hogar donde ha criado a sus dos hijos

La disposición que puede cambiar un desahucio

Su caso ha acabado convirtiéndose en un ejemplo de las dificultades que, según denuncia Stop Desahucios Mallorca, está encontrando la aplicación de la disposición transitoria tercera de la Ley estatal por el Derecho a la Vivienda: el precepto establece que, antes de reanudar determinados procedimientos promovidos por grandes tenedores -aquellos que poseen más de 10 inmuebles urbanos de uso residencial-, debe seguirse un procedimiento de conciliación o intermediación destinado a valorar la situación de vulnerabilidad de la familia afectada y explorar soluciones que eviten el lanzamiento, como ayudas públicas o alternativas habitacionales.

La finalidad de ese trámite no es únicamente intentar un acuerdo entre las partes, sino permitir la activación de recursos públicos dirigidos a evitar que una familia vulnerable sea desalojada sin alternativa habitacional.

La entidad, sin embargo, denuncia que esa previsión apenas se está aplicando. Como señala Joan Segura, portavoz de Stop Desahucios, numerosos órganos judiciales están reanudando procedimientos sin aplicar el mecanismo previsto en la disposición transitoria tercera o respondiendo a las solicitudes con resoluciones que nada tienen que ver con el contenido de la norma. La plataforma señala, además, que la sentencia del Tribunal Constitucional que avaló la Ley de Vivienda refuerza la aplicación del precepto y que los juzgados deberían aplicarla de oficio cuando concurren los requisitos legales para ello.

Stop Desahucios Mallorca denuncia que numerosos órganos judiciales están reanudando procedimientos sin aplicar el mecanismo previsto en la disposición transitoria tercera o respondiendo a las solicitudes con resoluciones que nada tienen que ver con el contenido de la norma

Este periódico se ha puesto en contacto con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para comprobar la aplicación de la disposición transitoria tercera. En la web del máximo órgano de los jueces, a la que ha sido remitido este diario por parte del CGPJ, figuran estadísticas sobre lanzamientos en las que, sin embargo, no existe ningún apartado que permita conocer cuántos procedimientos se han reanudado tras acreditar la mediación prevista en la ley. Ante esta circunstancia, elDiario.es ha revisado resoluciones judiciales dictadas desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda. Esa búsqueda refleja que no existe todavía un criterio uniforme: algunas resoluciones analizan la obligación de los grandes tenedores de ofrecer un alquiler social o de cumplir requisitos previos al desahucio conforme a la normativa autonómica. Otras se limitan a resolver cuestiones procesales o de vulnerabilidad sin entrar a valorar expresamente la aplicación del precepto.

Stop Desahucios explica que la abogada de Saray fue una de las primeras en Balears en solicitar la aplicación de esa disposición, ya en 2024, cuando todo apuntaba a que la moratoria aprobada mediante el Real Decreto-ley 11/2020 -y sucesivamente prorrogada desde el inicio de la pandemia- podía llegar a su fin. Este año ha vuelto a reclamar su aplicación. Sin embargo, el Juzgado no ha resuelto expresamente esa petición y el procedimiento ha permanecido prácticamente inalterado hasta que, tres días antes de la fecha fijada para el lanzamiento, la propia Sareb solicitó al juzgado la suspensión del procedimiento alegando que las partes se encontraban 'en vías de alcanzar un acuerdo'. El juzgado accedió a la petición y suspendió el lanzamiento durante treinta días.

Activación de ayudas económicas

La mediación no constituye un mero trámite formal. Como explica la entidad, es precisamente durante ese procedimiento cuando pueden activarse ayudas económicas destinadas a garantizar una alternativa habitacional para personas en situación de vulnerabilidad. De ahí que considere que, si el gran tenedor no promueve esa mediación y el procedimiento continúa igualmente, la familia afectada puede perder la oportunidad de acceder a esos recursos públicos.

La mediación no constituye un mero trámite formal: es precisamente durante ese procedimiento cuando pueden activarse ayudas económicas destinadas a garantizar una alternativa habitacional para personas en situación de vulnerabilidad. Si el gran tenedor no promueve esa mediación y el procedimiento continúa igualmente, la familia afectada puede perder la oportunidad de acceder a esos recursos públicos

“Yo quiero un alquiler”

Más allá del debate jurídico, Saray describe una larga espera para intentar regularizar su situación. “Yo quiero mi casa. Yo quiero un alquiler”, afirma. Según explica, recibió una comunicación para aportar documentación con el fin de estudiar la posibilidad de concederle un alquiler social en la misma vivienda. “Me llamaron para mandar toda la documentación y la envié. Me dijeron que cumplía los requisitos”, afirma.

Los correos intercambiados entre Saray y la gestora muestran que la empresa abrió un expediente de regularización, confirmó que la solicitud de alquiler social estaba en estudio y emplazó a la afectada a volver a contactar si transcurridos 45 días no recibía noticias. Sin embargo, pocos días antes de la fecha prevista para el desahucio, la propia Saray comunicó que seguía sin tener un gestor social asignado y que nadie se había puesto en contacto con ella.

Si finalmente tiene que marcharse, reconoce que solo contempla dos alternativas: volver temporalmente con su padre o solicitar una plaza en un centro de acogida para no quedarse sin alojamiento. La mujer vive pendiente de una respuesta que no llega mientras continúa la incertidumbre sobre su futuro residencial. “Estoy un poco nerviosa porque pasan los treinta días del plazo y no me han dicho nada. A mi abogada tampoco le contestan”, relata. Percibe el ingreso mínimo vital y asegura que los propios gestores del expediente le comunicaron que reunía las condiciones para optar al alquiler social debido a su situación de vulnerabilidad.

La incertidumbre ha acabado pasando factura a su salud. “Me están mareando”, resume. Recuerda que cuando estaba previsto uno de los lanzamientos pasó semanas sin apenas dormir mientras recorría juzgados, hablaba con su abogada y acudía a Servicios Sociales intentando conocer qué iba a ocurrir. “Estuve un mes así, sin dormir. Tres semanas yendo al juzgado, hablando con mi abogada y a Servicios Sociales moviendo papeles. No contestaban hasta el último momento”, explica.

Yo quiero mi casa. Yo quiero un alquiler

Los gestores del 'banco malo'

Stop Desahucios considera que el caso de Saray abre interrogantes sobre la gestión de los alquileres sociales de la Sareb por parte de los servicers, las empresas privadas contratadas para gestionar gran parte de los activos inmobiliarios del 'banco malo', incluidos los expedientes de alquiler social. Diversas compañías han asumido durante años funciones de comercialización, administración y gestión de viviendas y créditos del llamado “banco malo” en virtud de contratos suscritos con la propia sociedad.

Estos gestores concentran buena parte de la tramitación de los expedientes de alquiler social, pero los procedimientos, critica la organización, carecen de transparencia y, en ocasiones, se prolongan durante meses sin una respuesta clara para las familias. Stop Desahucios sostiene que el actual modelo de gestión incentiva la venta de activos frente a la consolidación de alquileres sociales, una valoración que la organización relaciona con el sistema de remuneración de los servicers, quienes, según la entidad, pueden obtener una mayor rentabilidad económica con la venta de activos que con la gestión de contratos de alquiler, lo que en su opinión puede desincentivar las soluciones habitacionales estables para familias vulnerables.

Según señala la Sareb en su web, nació con el objetivo de maximizar la venta de activos para amortizar la deuda avalada por el Estado, aunque desde 2022 incorporó un mandato desinversor en términos de sostenibilidad y utilidad social y, más recientemente, el traspaso de viviendas al parque público. Asimismo, indica que un porcentaje relevante de los activos que recibe están habitados con diferentes casuísticas: señala que desde 2022 ha desarrollado un modelo de gestión dual que permite trabajar con las familias vulnerables a las que se les ofrece un Programa de Alquiler Social con Acompañamiento que les permita superar su situación de riesgo de exclusión. Para el desarrollo de esta labor la sociedad se apoya, afirma, en la experiencia de empresas especializadas en mediación social.

La vía de Naciones Unidas

Segura también critica que España siga sin otorgar un efecto efectivo a las medidas cautelares solicitadas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas en determinados procedimientos de desahucio sin alternativa habitacional. En el caso de Saray, su abogada ha promovido, con el apoyo de Stop Desahucios, una comunicación ante este órgano internacional, encargado de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El tratado fue ratificado por España junto con su Protocolo Facultativo. Ese mecanismo permite a personas que consideran vulnerados sus derechos acudir al Comité una vez agotadas, en determinadas circunstancias, las vías internas.

Stop Desahucios explica que, junto con la comunicación, solicitó medidas cautelares para suspender el lanzamiento hasta que se garantizara una alternativa habitacional adecuada. La plataforma critica que, en su experiencia, cuando el Comité DESC solicita este tipo de medidas al Estado español, los procedimientos se suspenden en ocasiones por decisión del gran tenedor o del juzgado sin hacer referencia expresa a la intervención de Naciones Unidas, lo que -a su juicio- invisibiliza el papel que desempeñan esas cautelares internacionales. Esa valoración, no obstante, refleja la posición de la entidad y no implica que exista un pronunciamiento general sobre el cumplimiento por España de las solicitudes del Comité en todos los casos.