Una inyección de 45.218 viviendas para el parque público de vivienda en España, repartida en 1.098 municipios. Es el desglose exacto de las decenas de miles de casas propiedad de la Sareb, el conocido como 'banco malo', que el Gobierno está transfiriendo a la nueva empresa pública y que el Ministerio de Vivienda anunció a principios de julio. La incógnita, hasta este momento, era dónde se encontraban esos inmuebles, que el Ejecutivo quiere destinar a alquiler asequible.
El desglose de la ubicación de estas viviendas –unos datos que elDiario.es ha obtenido a través de una solicitud de información a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) amparada por la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno–, permite cartografiar el impacto de esta medida ciudad a ciudad y pueblo a pueblo, pero también realizar una radiografía de la evolución del 'banco malo', uno de los vestigios de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera que costó a las arcas públicas más de 50.000 millones de euros, y de los que solo ha repagado el 44%, según las últimas cuentas de la entidad.
La Sareb se creó en 2012 para dar salida a los activos tóxicos de la banca, aquellas viviendas que las entidades rescatadas financiaron con tasaciones sobrevaloradas y que se habían quedado a medio construir o sin vender tras el estallido de la burbuja sin que los promotores hubieran devuelto esos préstamos o en operaciones tras procesos de desahucios. Esto explica, por ejemplo, la gran concentración de casas que la nueva empresa pública recibe en determinadas provincias, como en la costa mediterránea. “Los mayores activos de Sareb provenían de la extinta Bankia, donde acabaron aglutinadas la caja valenciana Bancaja, Cajamurcia o Cajagranada, de ahí que Castellón, Almería, Murcia o València aparezcan en las primeras posiciones se analiza por provincias”, explica el experto en vivienda del Observatorio CODE Manuel Gabarre.
Como muestra el siguiente gráfico, en Castellón se transfieren 2.496 viviendas. Aunque no es la provincia donde la empresa pública se hará con más casas, sí es en la que la tasa por cada 100.000 habitantes es mayor: 413. En las provincias vascas, sin embargo, el número de viviendas transferidas es menor, algo que el experto Gabarre atribuye posiblemente a que en Euskadi las cajas resistieron el envite de la crisis financiera.
El objetivo inicial de Sareb era dar salida a las casas —y suelos— que había ido asumiendo de las entidades bancarias, para devolver una deuda avalada por el Estado antes de 2027. Pero aquellos activos estaban valorados muy por encima de su precio real de mercado, lo que ha hecho prácticamente inviable saldar esa deuda, que acabará teniendo que asumir el Estado, porque, los que han podido colocarse, se han vendido a precios más bajos de los estimados inicialmente. La entidad estima que ha ido deshaciéndose de unos 10.000 inmuebles al año.
Las 45.000 viviendas que ha transferido ahora a la empresa pública son, por tanto, muchas de las que quedan de aquellos paquetes que fue asumiendo a partir de 2012. Pero no todas, porque el Ministerio de Vivienda ha procurado que sean inmuebles que puedan ponerse a disposición y en alquiler asequible, por debajo del 30% de los ingresos de las familias, “lo antes posible”. De hecho, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos estableció una serie de criterios geográficos, económicos y técnicos, como que estén ubicadas en municipios de áreas metropolitanas e islas, con poblaciones superiores a 5.000 habitantes o de más de 1.000 con incrementos de más del 5% en la última década, que tengan entre 85 y 150 metros cuadrados y que no presenten patologías estructurales. En este lote se encuentran también los 9.800 alquileres sociales que tiene firmados la Sareb, a quien el Gobierno confió en 2023 un mandato social.
Con estos criterios, 14.548 viviendas se ubican en ciudades de entre 50.000 y 250.000 habitantes; 10.423 en municipios de entre 20.000 y 50.000; 8.806 con entre 1.000 y 10.000; 5.762 con entre 10.000 y 20.000; y 5.559 en 18 grandes ciudades, de más de 250.000 habitantes.
Para la socióloga urbana, doctora en gestión y valoración urbana y miembro del Col.lectiu punt6, Blanca Valdivia, la distribución de estas viviendas genera algunas dudas, sobre todo en determinadas zonas con problemas de acceso específicos o tensionadas, con declaración o no, al margen de las grandes urbes metropolitanas. “En toda la periferia sur madrileña, en municipios como Móstoles, Alcorcón, Getafe o Leganés, no parece que haya una tasa muy alta de pisos, sin embargo sabemos que fueron zonas en las que sí se ejecutaron un número elevado de desahucios”, explica.
Con los datos desglosados, la pregunta que se plantea es: ¿puede tener este movimiento un efecto en los precios del alquiler? En la respuesta coinciden todas las voces consultadas. “En las grandes ciudades, su impacto sobre el mercado es muy bajo, por lo que no puede generar grandes efectos que acaben con el problema de los precios”, verbaliza Javier Gil, investigador del CSIC experto en vivienda y vinculado a los movimientos sociales por el derecho a la vivienda, que, sin embargo, se muestra optimista: “Este debe ser solo el primer paso hacia la construcción de una gran empresa pública de vivienda”.
Cuando la ministra Isabel Rodríguez anunció el traspaso de las casas al parque público, desde la PAH celebraron la decisión como propia, tras una década reclamando y con acciones específicas, como el Plan Sareb o la campaña La Sareb es Nuestra, exigiendo la paralización de los desahucios, la ocupación de bloques o reclamando un censo real de viviendas, que nunca llegó a hacerse público. La propia ministra llegó a verbalizar que esta medida perseguía que “lo que sirvió para rescatar a los bancos, hoy sirve para recatar a las familias”.
Para Gabarre, muy crítico con la finalidad inicial del banco malo, esta medida puede leerse desde dos perspectivas, lo que pudo ser y lo que es. “La Sareb pudo ser el germen de un parque de vivienda pública que España no tenía, porque había viviendas y suelo que ha volado. Con 45.000 casas, aunque es número notable, no vamos a conseguir influir en el parque ni asemejarnos a modelos como el francés, donde hay un 18% de alquiler social, pero al menos es una buena noticia en cuanto a un cambio en las políticas de vivienda. Hace 12 años habría sido importante, hoy es una buena noticia”, resume.
Por municipios, Madrid, Murcia y Roquetas de Mar se encuentran a la cabeza por unidades. Aunque si se analizan los datos por población, suponen un mayor impacto las 219 viviendas transferidas en Ramales de la Victoria, un pueblo cántabro de 3.061 habitantes. En el siguiente buscador pueden consultarse los 1.098 pueblos y ciudades uno a uno.
14.000 viviendas para Catalunya
Aunque aún no se conocía el desglose del traspaso de estas viviendas, desde el Ministerio de Vivienda sí habían dado públicamente algunos pasos, mientras el consejo de administración de Sareb trabajaba en la aprobación del perímetro a traspasar. A mediados de octubre, Rodríguez y el president de la Generalitat, Salvador Illa, firmaron un protocolo para que la empresa pública estatal cediera a Catalunya unas 14.000 casas y más de 300 solares que pertenecían a la Sareb. Como puede verse ahora, gracias a los datos recabados por elDiario.es, 8.767 de esas viviendas están en Barcelona, 2.278 se encuentran en Girona, 2.270 se ubican en Tarragona y 930, en Lleida. Precisamente, desde el Ejecutivo han destacado que se priorizarían aquellas regiones que hubieran declarado zonas tensionadas.
Valdivia recuerda que este mecanismo, que contempla la Ley de Vivienda, sirve para “aplicar políticas que equilibren el precio”, pese a que muchas comunidades autónomas, principalmente las gobernadas por el Partido Popular, pero no solo, no las están declarando. En este sentido, la experta insiste en que recuperar las casas de la Sareb “es un paso” pero que, ante la crisis actual, hay que articular “múltiples soluciones”, que van desde “regular el mercado, a los grandes propietarios y limitar los alquileres”.
Pero va un paso más allá, al considerar que “estás acciones en materia de vivienda no pueden estar aisladas, sino que deben ir de la mano de otras políticas urbanas y económicas, ante la tensión en determinados municipios donde la población está forzada a ir, porque hay más servicios, están mejor dotadas o es donde se encuentran los puestos de trabajo”.
Un contrato de 55 millones con “sensibilidad social”
La nueva empresa estatal de vivienda es una de las herramientas sobre las que el Ejecutivo quiere articular sus políticas para hacer de este área el “quinto pilar del Estado del Bienestar”. Esta misma semana, el Consejo de Ministros autorizó la licitación de un contrato de servicios para la gestión integral del arrendamiento de las viviendas del parque de alquiler asequible, en cuatro lotes con un presupuesto total de 55,3 millones de euros.
Según ha avanzado el Ministerio de Vivienda, el contrato incluirá requisitos que “garanticen la excelencia y la sensibilidad social del servicio, tales como la experiencia previa en la gestión de vivienda asequible o social” para que “prevalezca el compromiso social y no solo los criterios económicos”, además de un sistema de penalizaciones y bonificaciones, “orientadas a maximizar la calidad del servicio prestado a las personas inquilinas”, como sanciones si no se arreglan los desperfectos en un tiempo determinado o premios si se saca buena nota en una evaluación anual.