El asesinato de Claudia Tacoronte evidencia el problema de México con los feminicidios pese a ser referente en las leyes para combatirlos

Se llamaban Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Fuentes. Tenían entre 15 y 20 años y eran alumnas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Esta semana, sus nombres han estado presentes en las movilizaciones en las que decenas de personas tomaron las calles de Cuernavaca y otros municipios de este estado mexicano tras el feminicidio de la española Claudia Tacoronte. La estudiante de intercambio canaria fue asesinada el 12 de septiembre y cinco días después del crimen fue detenido el hombre sospechoso de haberla matado. Pero antes de Claudia, perdieron la vida sus compañeras mexicanas Kimberly, Karol y Michelle, cuyos casos continúan sin resolverse. 

Las muertes de las cuatro estudiantes de la UAEM, ocurridas en un periodo de siete meses, son parte de la violencia estructural contra la que las feministas mexicanas llevan décadas organizándose. Desde la Red de Estudiantes de Posgrado de la UAEM denuncian que la pregunta siga siendo: “¿Qué hacía Claudia en Cuautla?”, en lugar de exigir medidas a las autoridades estatales y federales para que una mujer pueda transitar, estudiar y vivir libremente en Morelos. El estado, que limita al norte con Ciudad de México, registra actualmente la segunda tasa de feminicidios más alta del país, según datos oficiales.

En México, cada muerte violenta de una mujer debe investigarse inicialmente como feminicidio, según el protocolo federal, aunque en la práctica hay diferencias entre estados y fiscalías. La existencia de la categoría no es neutral y su inclusión como delito autónomo en el Código Penal Federal en 2012 es el resultado de décadas de lucha colectiva en toda América Latina. Las feministas de la región llevan mucho tiempo visibilizando los feminicidios más allá de la frialdad de los datos y del relato aislado de cada muerte: exigen responsabilidad al Estado y apuntan a las condiciones sistémicas que posibilitan las violencias, tal y como explican expertas de diferentes ámbitos a elDiario.es.

Las otras estudiantes de la UAEM asesinadas

Según las informaciones de medios locales y de la Fiscalía de Morelos, Kimberly Ramos fue hallada sin vida el 2 de marzo, el mismo día en que Karol Toledo fue reportada como desaparecida tras ser vista por última vez cerca de su vivienda en Mazatepec. Kimberly cursaba Contaduría en el campus de Chamilpa; Karol era alumna de Derecho en la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec, una de las sedes de la UAEM. 

Sus compañeras organizaron concentraciones y marchas exigiendo justicia antes de la desaparición de Michelle Fuentes, la más joven de las tres, que aún estudiaba bachillerato en un centro adscrito a la universidad. Michelle salió a comprar material escolar el 24 de mayo y fue localizada sin vida nueve días después en un municipio cercano. Solo en el caso de Kimberly hay un detenido vinculado al caso: Jared Alejandro ‘N’, también estudiante de la UAEM.

Ahora, a estos tres casos se suma el de su compañera de intercambio Claudia Tacoronte, que se encontraba este 12 de septiembre en la Casa de Cultura de Cuautla celebrando la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal. Claudia, que solo llevaba unas semanas en el país participando en un programa académico entre la UAEM y la Universidad de Granada, murió a manos de un hombre, que las autoridades identificaron como Francisco Javier, alias El Trompas. El sospechoso fue detenido el jueves 17 de septiembre, después de que fuera identificado y estuviera en búsqueda y captura desde el miércoles.

Por ejemplo, recuerda el caso de María Fernanda Sánchez Castañeda, la estudiante mexicana que en 2023 desapareció durante más de un mes y fue encontrada sin vida en un canal de Berlín: “No se investigó como feminicidio y no tuvo la misma cobertura mediática”.

La historiadora y activista feminista Tatiana Romero es crítica con el tratamiento mediático desigual, tanto en México como en España, de los diferentes casos: “Las víctimas de feminicidio siempre tendrán menos cobertura mediática en tanto que sean personas racializadas, morenas, indígenas o afromexicanas”. Para Romero, la cobertura disminuye en la prensa mexicana “dependiendo del nivel de racialización de la víctima”. Por otro lado, señala que la mayoría de medios destacan que Claudia Tacoronte era una estudiante española, “como si la nacionalidad hiciera un cambio”. “Cuando un feminicida le quita la vida a una mujer, no creo que esté pensando en la nacionalidad”, sostiene. “En ese sentido, me parece irrelevante la nacionalidad de la víctima: el problema es que hay una mujer más a la que se ha asesinado en México”.

Romero denuncia la distinción constante entre “países civilizados e incivilizados”, y la construcción del relato de “los países del Tercer Mundo a los que no hay que mandar a las mujeres ‘euro blancas”, sin que nunca se ponga el foco en la violencia que sufren las mujeres del Sur global en países europeos. Y recuerda el caso de María Fernanda Sánchez Castañeda, la estudiante mexicana que en 2023 desapareció durante más de un mes y fue encontrada sin vida en un canal en Berlín: “No se investigó como feminicidio y no tuvo la misma cobertura mediática”, aduce. 

El feminicidio en la “telaraña de poderes”

La muerte de Claudia está siendo investigada como feminicidio, aunque en los próximos días probablemente se amplíen los detalles sobre el caso, como el hecho de que la estudiante pudiera conocer o no al asesino, para quien la Fiscalía ha solicitado la pena máxima de prisión. En el caso de Kimberly, se ha demostrado que Jared Alejandro ‘N’ mantuvo contacto previo con la víctima. No se sabe nada de los agresores de Karol y Michelle, pero sus cuerpos fueron localizados con signos de violencia extrema en el espacio público y la ley mexicana tipifica esos causales como feminicidios. Además, Michelle era menor de edad, lo que constituye un agravante.

El diagnóstico más honesto es que México tiene, en el papel, uno de los marcos conceptuales más sofisticados de la región pero con una brecha de implementación enorme

En México, los obstáculos para avanzar en la resolución de los casos están menos relacionados con la legislación y más con el colapso de las instituciones y la falta recursos para resolver los feminicidios y las desapariciones, según apunta Melissa Ayala. Para esta abogada mexicana especializada en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, “el diagnóstico más honesto es que México tiene, en el papel, uno de los marcos conceptuales más sofisticados de la región, pero con una brecha de implementación enorme: el problema no es de definición, sino de capacidad institucional, periciales sin perspectiva de género, ministerios públicos sin recursos, reclasificaciones a la baja”, explica a elDiario.es.

Coincide con ella Emanuela Borzacchiello, investigadora especializada en violencias territoriales y autora del ensayo ¡rExistimos! El feminicidio y la telaraña de poderes, publicado en 2024 por CIEG-UNAM y Bajo Tierra Ediciones. “La falta de estrategias preventivas eficaces y el colapso institucional en la seguridad pública local operan como una estructura previa que posibilita el acto. Y también la estructura social patriarcal teje la permisividad social indispensable para que los agresores asuman que sus actos no tendrán consecuencias catastróficas para ellos”, escribe en una respuesta por email.

“En los contextos de economías precarizadas y/o atravesadas por economías ilegales o criminales, los cuerpos de las mujeres, mujeres trans y, en particular, jóvenes, son tratados como mercancías o territorios de conquista y los feminicidios sirven para fortalecer un determinado tipo de orden político y social: un sector político que propone y ejecuta políticas de seguridad y neoliberalización avanzada; un sector económico-empresarial que impulsa, se beneficia de los cambios y financia a determinados sectores políticos; y el crimen organizado, que diversifica sus tráficos más allá de las drogas, buscando los negocios más rentables”, prosigue la investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), incluyendo el feminicidio en una red de violencias opaca y compleja de desenmarañar.

La falta de estrategias preventivas eficaces y el colapso institucional en la seguridad pública local posibilitan el acto. Y también la estructura social patriarcal teje la permisividad social indispensable para que los agresores asuman que sus actos no tendrán consecuencias catastróficas para ellos

La lucha contra los feminicidios en América Latina

La culpa, como cantó hace varios años el colectivo chileno Lastesis, no era de ellas, ni de dónde estaban, ni de cómo vestían. Y la cuestión pasa por seguir desplazando el foco sin revictimizar: de las mujeres asesinadas a los feminicidas y de quienes cometen los feminicidios a las condiciones y contextos estructurales que posibilitan la existencia de esta y otras violencias por razones de género. “El Estado opresor es un macho violador”, coreaban Lastesis en la canción que terminó por convertirse en himno. Esa mención al Estado no es casual: sintetiza la reivindicación que atraviesa todo un continente, tal y como enfatiza Tatiana Romero: “Es profundamente simbólico decir que el Estado es cómplice, te estás refiriendo directamente a la impunidad”.

“En América Latina tenemos una tradición de lucha y está completamente invisibilizada. En México, esto fue una conquista del movimiento feminista”, detalla Tatiana Romero. Se refiere a las movilizaciones que en los años 90 del siglo pasado empezaron por los feminicidios de Ciudad Juárez e inspiraron a toda la comunidad internacional, una “genealogía de lucha”, en palabras de Romero, que no siempre es reconocida en Europa. En aquel entonces, colectivos de madres buscadoras, como Nuestras hijas de regreso a casa, comenzaron a exigir responsabilidad penal y política al Estado. En 2009, una sentencia histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó por primera vez al Estado mexicano por hechos relacionados con la violencia en Ciudad Juárez.

Desde 2010, el feminicidio comenzó a ser incluido en las legislaciones de algunos Estados de la República, y en abril de 2012 se tipificó como delito autónomo en el Código Penal Federal. “Conceptualmente, la categoría no viene solo de la criminología anglosajona”, recuerda Melissa Ayala, en alusión al concepto de femicide propuesto por Jill Radford y Diana Russell a finales de los 80. En México, fue clave la reelaboración de la antropóloga Marcela Lagarde, quien introdujo “el elemento distintivo de la tolerancia, omisión o complicidad estatal que produce impunidad”, indica Ayala. Esta victoria institucional fue posible, en primer lugar, por aquellas que tomaron las calles cuando no existían palabras para nombrar la violencia.

“Cada feminicidio y transfeminicidio genera un devastador efecto dominó contra los cuerpos de todas las personas porque permite ampliar territorios de permisividad y violencia”, concluye Borzacchiello. Afortunadamente, también puede contrarrestarse el efecto dominó a través de la movilización colectiva por la justicia. La Red de estudiantes de la UAEM, al igual que muchas otras mujeres en México y otros lugares del mundo, lo exige alto y claro: “No queremos ser la próxima cifra. Queremos volver a casa”.