Cómo se fraguó la alianza contra la migración entre la ultra Meloni y la socialdemócrata danesa Frederiksen

Lo sucedido en Ceuta a finales de julio ha consolidado la unión de una extraña pareja dentro de la Unión Europea, formada por la socialdemócrata danesa Mette Frederiksen y la ultraderechista italiana Giorgia Meloni. Pese a pertenecer a familias políticas antagónicas, la primera ministra italiana y su homóloga del país nórdico comparten un mismo objetivo: reducir a cero la llegada de inmigración irregular a sus países con una política de mano dura.

El último ejemplo de esta alianza entre Roma y Copenhague fue el comunicado conjunto publicado el lunes, en el que ambas mandatarias alertaron de los efectos de la inmigración “descontrolada” y se posicionaron a favor de los centros de repatriación fuera de la UE y de la defensa de los “valores cristianos” europeos.

Meloni y Frederiksen han estrechado su colaboración en los últimos años para promover una transformación del sistema europeo de asilo y reforzar las políticas de deportación de inmigrantes a países de fuera de la UE. El argumento de ambas líderes es que “nadie puede negar que la inmigración ilegal tiene un impacto negativo”, al provocar un “aumento de las tasas de criminalidad”, ejercer “más presión sobre los servicios públicos” y erosionar “la confianza en las instituciones públicas”, según el comunicado conjunto.

En el caso de Meloni, el control migratorio se ha convertido en una de las principales señas de identidad del Gobierno que ella encabeza, formado por tres partidos de derecha y ultraderecha, de marcado carácter conservador y populista.

En el caso de Dinamarca, resultan más llamativos los gestos de complicidad de Frederiksen con Meloni, ya que acercan a la dirigente socialdemócrata a los discursos de la ultraderecha, pese a que encabeza una coalición gobernante de centroizquierda formada hace apenas unos meses. Con todo, Frederiksen lleva tres legislaturas al frente del país nórdico, durante las cuales ha desarrollado una combinación de políticas poco habitual dentro de la familia socialdemócrata, con una firme defensa del estado del bienestar y los servicios públicos, pero acompañada de algunas de las leyes migratorias más restrictivas de la UE.

Desde que Frederiksen llegó al poder, su Gobierno ha introducido mayores obstáculos para acceder al asilo, ha retirado permisos de residencia en determinados casos y ha promovido el retorno de refugiados y solicitantes de asilo a sus países de origen cuando los servicios migratorios consideran que las circunstancias que justificaban su protección han dejado de existir.

El último comunicado de Meloni y Frederiksen también destaca la fuerte carga identitaria al remarcar la necesidad de preservar “los valores europeos” y proteger “el patrimonio cultural cristiano de Europa”. Esta reivindicación de las raíces cristianas encaja perfectamente con la conservadora Meloni, pero ha sorprendido más por el perfil progresista de Frederiksen.

Sin embargo, no es la primera vez que la líder socialdemócrata introduce esta cuestión en su discurso, ya que hace un año sorprendió al afirmar que Dinamarca necesitaba un “rearme espiritual”, pese a que el país es de los más seculares de Europa.

Juntas para reformar el sistema de asilo de la UE

La relación política entre Frederiksen y Meloni comenzó a estrecharse en abril de 2023, cuando las dos mandatarias se encontraron por primera vez en una reunión bilateral en Roma, con la cuestión migratoria como uno de los principales asuntos sobre la mesa. Dos años después, en mayo de 2025, ambas impulsaron junto a otros siete países europeos una iniciativa para revisar el actual sistema comunitario de asilo y explorar nuevas vías para gestionar la inmigración.

Frederiksen subrayó entonces la particularidad de su alianza con Meloni: reconoció que pertenecían a “dos familias políticas completamente distintas”, pero que, pese a ello, habían construido una cooperación “muy, muy estrecha”, según informó el Gobierno danés. Las dos dirigentes también unieron sus voces para cuestionar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por algunas de sus resoluciones que han dificultado la expulsión de extranjeros condenados por delitos en Dinamarca.

Su preocupación por un posible repunte de los flujos migratorios volvió a unir a Frederiksen y Meloni en marzo de este año, cuando ambas alertaron del impacto que el conflicto armado en Irán podía tener sobre Europa. En una declaración conjunta, las dos dirigentes advirtieron de que la UE debía evitar que se repitiera el escenario migratorio de 2015, cuando el continente recibió la llegada de un gran número de personas refugiadas y migrantes, principalmente del conflicto en Siria.

Con todo, la propuesta más concreta de la pareja formada por Frederiksen y Meloni ha sido trasladar a los socios de la UE la construcción de centros de retorno de migrantes instalados en terceros países fuera de las fronteras comunitarias. El Gobierno de Meloni ya intentó este modelo con Albania, donde levantó espacio de recepción y un centro de retención. A pesar de ser la medida estrella de la política migratoria ultra de la italiana, el plan fue puesto en entredicho por la Justicia europea.

Por su lado, Dinamarca ya había explorado esta vía de externalización de los centros migratorios lejos de sus fronteras en 2018, cuando llegó a un principio de acuerdo con Ruanda. Un año más tarde, el Gobierno de Frederiksen hizo suyo el proyecto, aunque las trabas jurídicas acabaron llevando al Ejecutivo a aparcar la iniciativa y a buscar una fórmula que pudiera desarrollarse de manera coordinada con otros países europeos.

Finalmente, la presión ejercida por Italia y Dinamarca junto con otros socios europeos dio sus frutos a principios de junio, cuando la UE aprobó el Pacto de Migración y Asilo, que autoriza a los Estados miembros a firmar acuerdos con terceros países que se consideren “seguros” para deportar a los migrantes.

La nueva legislación permite establecer centros de retorno fuera de las fronteras de la UE para personas cuya solicitud de asilo haya sido rechazada o que ya no tengan derecho a permanecer en territorio comunitario –entre los países que podrían acoger los primeros centros figuran Uganda, Ruanda y Montenegro–. Con iniciativas como estas aprobadas por Bruselas, que podrían entrar en funcionamiento en el plazo de un año, Frederiksen y Meloni están más cerca de ver realizada una de las principales apuestas políticas de sus Gobiernos.