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HRW pide a Chile rechazar la ley que castiga el negacionismo de los abusos de Pinochet

HRW pide a Chile rechazar la ley que castiga el negacionismo de los abusos de Pinochet
Santiago de Chile —

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Santiago de Chile, 28 sep (EFE).- La organización Human Rights Watch (HRW) pidió este lunes al Parlamento de Chile que rechace un proyecto de ley que busca castigar el negacionismo de los abusos cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Aprobada en el Congreso el pasado 22 de septiembre y a la espera de ser debatida aún en el Senado, la iniciativa penalizaría con hasta tres años de presidio a quien “justifique”, “apruebe” o “niegue” las violaciones a los derechos humanos que informes oficiales documentaron al término del régimen cívico-militar.

A juicio del director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, “las expresiones ofensivas, por hirientes que resulten, deben ser contrarrestadas con argumentos, no con sanciones penales”.

“El proyecto de ley contra el negacionismo contraviene estándares internacionales de derechos humanos actualmente en vigencia y probablemente no contribuirá a que cesen las expresiones ofensivas en el país”, agregó Vivanco.

El proyecto de ley fue presentado en 2017, durante el segundo mandato de Michelle Bachelet (2014-2018) y en el marco de la conmemoración de los 44 años del golpe de Estado que en 1973 protagonizó Pinochet contra el presidente socialista Salvador Allende.

Según HRW, las restricciones establecidas en el proyecto de ley atentan contra la libertad de expresión y “pueden convertir a los sancionados en víctimas y conseguir que sus ideas generen aún más atención”.

“Chile tiene un interés legítimo en garantizar que la sociedad conozca de forma certera los aberrantes abusos cometidos durante la dictadura y en asegurar que se respete a las víctimas. Sin embargo, la criminalización de expresiones ofensivas no es una forma aceptable de lograr esos objetivos”, añadió en un comunicado la organización.

Durante la dictadura de Pinochet, unas 3.200 personas murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 40.000 fueron encarcelados y torturados por causas políticas.

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