De la paz total fallida de Petro al militarismo de De la Espriella: qué pasará con los grupos armados en Colombia

En el Putumayo, una zona selvática junto a la frontera con Ecuador, el Gobierno de Gustavo Petro instaló en las últimas semanas un centro para la Coordinadora Nacional de Combatientes. Se trata de un centenar de guerrilleros que esperan allí desde el 14 de junio bajo una profunda incertidumbre. El proceso de paz con el Ejecutivo progresista los condujo a este confinamiento provisional, donde ya entregaron sus armas sin un marco legal sólido ni un horizonte claro para su transición a la vida civil. Los negociadores oficiales, además, tienen los días contados: el próximo 7 de agosto está previsto que asuma el poder el presidente electo, el ultraderechista Abelardo De la Espriella, quien ha prometido una guerra sin cuartel.

La apuesta de Petro por la política de “paz total”, con la que llegó al poder en 2022, termina sin acuerdos definitivos y con los grupos armados más fuertes que al inicio del proceso. El ELN, guerrilla de raíz castrista, mantiene control sobre zonas en la frontera con Venezuela; las disidencias de las antiguas FARC se han expandido; y el secuestro, casi erradicado años atrás, vuelve a registrar alrededor de 350 casos al año. De la Espriella, abogado penalista de 47 años, ganó las elecciones el pasado fin de semana con una promesa simple: retomar el enfoque militar en lugar de las concesiones del último cuatrienio. No ha precisado, sin embargo, cómo ni con qué recursos lo hará.

En todo caso, Washington ya ha venido moviendo fichas antes de que el presidente electo detallara sus planes. La estrategia que el secretario de Estado, Marco Rubio, bautizó como SHIELD of the Americas reordena la región bajo una lógica de seguridad continental y sitúa a Colombia en el centro. Ecuador, gobernado por su aliado derechista Daniel Noboa, suscribió primero un acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Y De la Espriella llega a la presidencia como nuevo socio natural de ese circuito que pone fin a cuatro años de enfriamiento entre Bogotá y Washington.

Una lectura trasnochada

En esta historia el contexto importa. Los fenómenos de violencia que hereda De la Espriella no son del todo iguales a los de 2002, cuando el país vivía atrapado en una espiral de secuestros masivos, masacres paramilitares y una guerrilla que amenazaba las cabeceras urbanas. “Había una sensación muy fuerte de pérdida de control”, recuerda María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz. 

Hoy el conflicto tiene otra anatomía: los grupos armados controlan territorios fronterizos, disputan las rutas de salida de la cocaína y pelean a muerte por la riqueza del subsuelo. A saber: la minería ilegal de oro, cobre y tierras raras, que se ha convertido en una de sus principales fuentes de financiación y, al mismo tiempo, en un recurso que la Casa Blanca mira de reojo por su valor estratégico en la carrera global por materiales críticos para los semiconductores y la carrera por desarrollar la inteligencia artificial.

Estamos en un momento global que favorece la violencia contra la oposición. Trump ha fijado el marco: el narcoterrorista es el nuevo comunista. Un enemigo que justifica casi todo

Colombia es, además, el mayor productor mundial de cocaína. La droga es el motor de la sangría, pero también sostiene economías rurales enteras y condiciona desde hace décadas la relación entre Bogotá y Washington. En el tramo final de su Gobierno, Petro retomó una campaña de bombardeos contra los grupos violentos. No obstante, fue tarde y sin coherencia, de acuerdo con varios expertos consultados. 

De esta forma Colombia cierra con 262.000 hectáreas de hoja de coca sembradas, la cifra más alta desde que hay registros, y una destrucción manual de apenas 9.400 hectáreas en 2024, el nivel más bajo en una década. Ante esta situación, De la Espriella promete fumigar 300.000 hectáreas en sus primeros meses. Llorente no discute su enorme voluntad política: “Requiere de un aparato militar que no tenemos”.

Se trata de una advertencia a la que se suma el consultor en seguridad Hugo Acero: la lectura de la realidad del presidente electo llega con dos décadas de retraso. “Desde 2016 es claro que no hay un conflicto armado político. No hay guerrillas, hay crimen organizado transnacional”. Y abunda en que las disidencias de las FARC y el ELN ya no buscan la revolución, sino el control del oro y los cultivos ilícitos. Por eso lamenta que De la Espriella llega con una doctrina diseñada para un enemigo que ya no existe.

¿Quién va a costear la guerra?

Camilo Cruz, analista político y doctor por la Universidad Autónoma de México, prevé que el componente antidrogas regresará a ser el eje central de la seguridad. La estrategia, a su juicio, combinará el combate a los grupos criminales junto con “la lógica de protección frente al narcotráfico que Estados Unidos impulsa para la región”. Por eso recuerda que las recientes operaciones militares de los gobiernos en Ecuador y Venezuela contra la minería ilegal son hechos parte del nuevo orden. “Eso se va a convertir en una agenda —añade Cruz— y en parte ya estuvo presente en esta elección”.

El politólogo Jorge Mantilla, investigador de seguridad y conflicto armado, centra el problema en términos de capacidades: “Estamos en un momento de reducción muy importante de la fuerza pública: poder aéreo, personal uniformado, inteligencia, capacidades operacionales y logísticas. Y esa ofensiva que se anuncia llega justo ahí”. Financiarla obligará al Estado a elegir: ¿A qué se le va a quitar presupuesto para inyectárselo a una guerra de alta intensidad?

Acero expone algunas cifras: la administración saliente comprometió 17 billones de pesos (unos 3.500 millones de euros al cambio actual) en aviones de combate suecos Gripen. “No vamos a tener un conflicto internacional y eso no sirve para bombardear mafias”. A este lastre se suman otros 13 billones (2.700 millones de euros) en gastos heredados de Petro. Con unas finanzas asfixiadas y la promesa electoral de no subir impuestos, el experto vislumbra una sola salida: emular a Uribe en 2002 e imponer un gravamen extraordinario al patrimonio. 

Desde 2016 es claro que no hay un conflicto armado político. No hay guerrillas, hay crimen organizado transnacional

De cualquier forma Llorente no descarta que el nuevo Ministerio de Defensa bajo el mando de De la Espriella consiga victorias tempranas: operaciones mediáticas que movilicen la opinión pública. “Imagínese que en el primer mes el Ejército da de baja a 'Mordisco'”, asegura, refiriéndose al comandante de las disidencias de las FARC. “Con la ayuda de la inteligencia extranjera, una operación así sería muy popular”. Pero confundir ese golpe de opinión con una política sostenible y bien estructurada es, en su opinión, un riesgo: “¿Con esto va a resolver alguno de los problemas de fonde orden público que tenemos? No”.

El desafío, en un país que ha sido tierra fértil durante más de medio siglo para diversas confrontaciones políticas, no es menor. Por eso, Jorge Mantilla aterriza el debate en la realidad del terreno al advertir el impacto de enviar al Ejército, como se supone hará el nuevo presidente, a zonas donde las mafias ya controlan el tejido social de forma sofisticada. Una ofensiva de esa naturaleza, explica, no solo disparará la violencia, sino que agravará la crisis humanitaria en esos mismos municipios rurales y periféricos que, paradójicamente, rechazaron el proyecto de De la Espriella en las urnas.

Trump fija el marco

La ofensiva militar, además, supone riesgos que exceden lo fiscal. Jenny Pearce, profesora visitante de la London School of Economics y con décadas de estudio sobre la violencia política en América Latina, señala que el contexto internacional juega a favor de la mano dura. “Estamos en un momento global que favorece la violencia contra la oposición”, explica. “Trump ha fijado el marco: el narcoterrorista es el nuevo comunista. Un enemigo que justifica casi todo”.

Bajo esa premisa, los derechos ciudadanos suelen tambalear. El espejo más claro de esta deriva es El Salvador de Nayib Bukele, un modelo admirado por el nuevo mandatario de Colombia, quien en su momento llegó a considerarlo “blando”. Allí, la construcción de megacárceles y la drástica reducción de los homicidios sirvieron de plataforma para el control absoluto de las instituciones. Al final, recuerda Pearce, el cálculo detrás de estas estrategias trasciende el discurso del orden público: “Las dificultades reales de la población, como el miedo al crimen, son muy rentables para los políticos”.

El debate de fondo lo zanja Acero: ningún bando político ha dado con la respuesta para garantizar la convivencia pacífica y el monopolio estatal de la fuerza en Colombia. La primacía del acento militar no ha prosperado y el enfoque social puro se quedó corto sin instituciones fuertes que garanticen derechos. Con todo, De la Espriella ha insistido en encajonar el problema en una alternativa a blanco y negro: el sometimiento voluntario o la baja militar de los “bandidos”.

Esa retórica choca, por lo demás, con un país mucho más fragmentado. “La sociedad civil no es la misma de hace veinte años”, apostilla Mantilla. “Abelardo puede ser más radical que Uribe, pero no le van a dejar hacer lo que quiera”. La movilización ciudadana y un electorado consolidado de centro e izquierda aparecen así como el único contrapeso real frente a un nuevo mandatario con grandes promesas, un ejército maltrecho y las arcas vacías. A pesar del enorme costo humano que se avecina, quienes conocen la crudeza y complejidad del conflicto coinciden: esta tampoco será la guerra que De la Espriella ha prometido.