Abierta una cuenta de crédito para adelantar los pagos a los afectados

El Gobierno riojano y el Ayuntamiento calagurritano abrirán una cuenta de crédito para anticipar el pago de los daños a los afectados por la explosión, el pasado día 21, de una coche bomba ante el cuartel de la Guardia Civil de Calahorra (La Rioja).

Este anuncio lo han hecho hoy el presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz Alonso, y el alcalde de Calahorra, Javier Pagola, tras visitar la zona de explosión, que provocó dos heridos leves, unos daños materiales estimados en 3,5 millones de euros y la presentación de unas 600 reclamaciones de reparación de daños.

Sanz y Pagola se han reunido con un grupo de vecinos afectados por este atentado de ETA, tras lo que han anunciado la apertura de una cuenta de crédito para evitar que se produzcan retrasos en los pagos a los afectados.

El objetivo de esta iniciativa, según el presidente del Ejecutivo autónomo, es “anticipar, en la medida que sea necesario, los pagos a los afectados en la reparación de obras”.

Se creará una comisión de trabajo para coordinar este tipo de actuaciones entre el Consorcio de Compensación de Seguros del Ministerio de Economía, el Ayuntamiento de Calahorra y el Gobierno de La Rioja, que se reunirá el próximo día cuatro.

Sanz Alonso, en declaraciones a los periodistas, ha dicho que “a partir de ahora es cuando vienen, quizá, los temas más delicados, que tienen que ver con la rehabilitación y la normalización de toda la zona” y ha destacado que “la respuesta de los propietarios de las viviendas y comercios ha sido excelente, hay un clima de colaboración y diálogo muy positivo”.

Ha indicado que “esa cuenta será de anticipo para prever que los retrasos de seis meses o un año que se hablaban en días pasados se resuelvan en quince días, desde el momento en el que tengamos las facturas encima de la mesa”.

El consejero de Industria, Innovación y Empleo, Javier Erro, se desplazará mañana a Calahorra para reunirse con los comerciantes afectados para “asesorarles y plantear ayudas, independientemente de las indemnizaciones, para mejorar la actividad empresarial y buscar las soluciones menos gravosas para los comercios”, ha dicho.

Sanz Alonso ha resaltado la “valentía” del alcalde de Calahorra al asumir la responsabilidad de la contratación directa de las obras de reparación de las viviendas afectadas.

“Es un esfuerzo añadido a algo que correspondería hacerlo al Ministerio del Interior, pero, siendo consciente de que la gestión se puede hacer mejor desde el Ayuntamiento de Calahorra, el alcalde ha asumido esa responsabilidad de ofrecer el mejor servicio a sus ciudadanos”, ha puntualizado.

Pagola ha señalado que “el convenio que se nos propuso desde el Ministerio del Interior es manifiestamente mejorable, pero en este momento prima dar solución a los graves problemas que se han generado y, por ello, hemos asumido la responsabilidad porque vamos a ser nosotros más ejecutivos”.

Ha adelantado que “se ha emitido un decreto de Alcaldía para declarar la emergencia que nos permita agilizar los trámites” y ha anunciado que el Ayuntamiento ha elegido a Jesús Gil-Alías como arquitecto y a la empresa “LMB Construcciones” para la puesta en marcha de la reforma de los edificios afectados.

Se ha referido a que “ya están visitando la zona para que, una vez que se realice la valoración de los daños, las obras empiecen inmediatamente en los cuatro edificios de la 'zona cero' que están más perjudicados”.

De forma paralela, ya hay siete peritos del Consorcio de Compensación de Seguros para valorar todos los daños, además de que los afectados tendrán un interlocutor directo.

El Ayuntamiento de Calahorra también contempla disponer una partida de 300.000 euros “para atender casos y necesidades especiales que puedan aparecer”, según el alcalde, quien ha indicado que ya hay doce viviendas en alquiler amuebladas para ponerlas a disposición de los afectados en los próximos días.

Entre la tarde del pasado día 21 y el día siguiente, se retiraron 36 toneladas de escombros procedentes de la explosión, con un trabajo de 104 personas dentro del dispositivo establecido.

Algunas familias de la Guardia Civil afectadas han conseguido habilitar algunos pisos de la casa cuartel y que otras han sido acogidas en los cuarteles de Arnedo y Autol.