AI cuestiona el estado de los menores en los centros de protección
acaba de presentar su informe Si vuelvo, me mato II sobre la vulneración de los derechos humanos en los Centros de Protección Terapéuticos de Menores. De esta manera, la organización quiere dejar constancia de la respuesta de las autoridades estatales y autonómicas ante su primera investigación sobre el tema, en diciembre del 2009 y del incumplimiento de la legislación española de los acuerdos internacionales en materia de protección al menor.
En concreto, este informe recoge las denuncias que se han hecho ante el Defensor del Menor y el Defensor del Pueblo sobre el funcionamiento de estos centros y que hasta el momento no han surtido ningún efecto en cuanto a decisiones legislativas por parte de las Administraciones Públicas se refiere.
En la presentación del estudio, han participado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España, Virginia Álvarez, responsable de Política Interior de AI y Endika Zulueta, abogado que representa a los menores que presentaron una denuncia contra el centro de menores Hogar de Galapagar de Madrid.
Esteban Beltrán ha dejado claro que “el sistema que vulnera los derechos de los menores permanece intacto” y ha hablado de un “régimen de excepción y arbitrario” en el que “los menores son privados de su libertad sin supervisión judicial”, esta falta de atención legal hace que los menores estén en peor situación que los adultos.
Por su parte, Virginia Álvarez ha dado a conocer el único avance en materia legislativa que ha habido desde que AI hiciera pública su denuncia. El Ministerio de Sanidad y Política Social junto con las Comunidades Autónomas han hecho público un protocolo de actuación en la materia de Centros de Protección Terapéuticos que no es vinculante, es decir, no obliga y deja a decisión de cada Comunidad Autónoma la decisión de aplicarlo. Además, Álvarez ha destacado la postura del Comité contra la Tortura que se muestra “preocupado por las prácticas de aislamiento y medicación forzosa ante las que España tiene que responder”. Así, ha dejado claro que “no se han dado pasos para asegurar la protección de los menores en los Centros Terapéuticos”.
Finalmente, Endika Zulueta, abogado de los cuatro menores que denunciaron, entre diciembre de 2009 y febrero de 2010, al centro Hogar de Galapagar en el que habían estado internos, por “haber sufrido malos tratos de forma reiterada”. Así, los imputados son el director, el responsable del centro y algunos de los educadores están citados como testigos.
Este centro de Galapagar tiene una normativa interna y sus responsables han indicado que los menores son sometidos a medidas de contención siguiendo siempre el protocolo del centro. Así, el centro asegura que los menores son “castigados” únicamente cuando están fuera de control. En este sentido, el centro contempla tres tipos de castigo, en primer lugar la contención psíquica en celdas de aislamiento, la contención química mediante sedación oral y la contención mecánica atando al menor a una cama por un tiempo indeterminado, incluso toda la noche, tal como ha reconocido el propio centro.
Así, una de las principales denuncias de AI es que dichos niños no tienen la necesaria supervisión médica ni psiquiátrica, ya que dicho especialista acude una vez por semana al centro.
Otro punto importante es que estos centros, que dependen de cada Comunidad Autónoma, están siendo gestionados por entidades privadas, ya sean empresas, ONG o Fundaciones cuyo personal no tiene formación ni experiencia.
Ante las denuncias presentadas a los Defensores del Menor y del Pueblo, cabe señalar que el primero no hizo una fuerte crítica a los centros pese a que sus informes recogen datos alarmantes, como los siete intentos de suicidio que hubo en un centro con 16 internos, según apunta AI. Por su parte, el Defensor del Pueblo reconoce que estos lugares no responden a las necesidades de unos menores muy frágiles con los que “no pudo dialogar a solas”.
Por último, AI reclama más atención e implicación del gobierno central e insta a que se actúe de acuerdo con la Constitución en su artículo 149.1 donde se reserva como “competencia exclusiva del Estado la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales”, por ello, la organización reclama que el Ejecutivo se haga cargo de la gestión de los centros que actualmente tiene delegada en Comunidades Autónomas.
Imágenes cedidas por: Amnistía Internacional
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