Alcohol o drogas podrían considerarse agravantes en delitos de violencia machista

El Congreso de los Diputados ha pedido al Gobierno que los efectos de las bebidas alcohólicas o de las drogas se consideren una agravante específica y no una circunstancia atenuante en los delitos relacionados con la violencia de género, al igual que ocurre en los delitos contra la seguridad vial. En estos momentos, el hecho de haber cometido delitos machistas bajo los efectos del alcohol o de las drogas es una circunstancia que puede rebajar o incluso anular la pena del maltratador.

Los grupos parlamentarios seguirán negociando durante esta semana el documento que dará paso a la ley definitiva, que será votado el martes 17 en la Comisión de Igualdad. El documento final, elaborado tras la comparecencia de una treintena de expertos, se enviará al departamento dirigido por Bibiana Aído para que lleve a cabo las recomendaciones que considere oportunas.

Un informe reciente del Grupo de Expertos de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial ha revelado la “escasa incidencia de la adicción al alcohol y las drogas sobre la imputabilidad del autor” en estos casos, ya que no se había considerado eximente completo en ninguna de las 530 sentencias analizadas y sólo en cuatro fue tenido en cuenta como eximente incompleto, lo que supone menos del 1%.

Por otra parte, los grupos demandan que la orden de alejamiento que se conceda a la madre se extienda a los hijos y que los padres que tengan una condena firme por violencia machista pierdan la custodia de los menores y la patria potestad. Además, solicitan que no se aplique la mediación familiar en los casos en los que haya existido violencia de género.

El Congreso denuncia que la “cultura mediática sigue hipotecada por la persistencia de contenidos [informativos, de entretenimiento, de opinión, publicitarios] que legitiman la violencia de género y que se conforman como un elemento cultural decisivo que refuerza el sexismo y dicha violencia”.

Por ello, reclama a los medios de comunicación que apliquen sus Códigos de Autorregulación para mejorar el tratamiento informativo de estos casos y temas y que recojan “el esfuerzo de las mujeres que están saliendo del maltrato”.

Por otro lado, según el texto, es necesario que los profesores de los colegios e institutos tengan formación permanente en igualdad y violencia de género y que dichos contenidos estén en el currículum escolar desde los primeros años para que los niños creen “relaciones igualitarias desde la infancia”.

En la misma línea, los diputados solicitan que se incremente la formación de los jueces, abogados, fiscales, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y de los equipos psicosociales, así como que se mejore la coordinación de las administraciones y de los profesionales involucrados en esta lucha.

En el texto, se propone que las mujeres reciban asesoramiento jurídico previo a la denuncia y a la solicitud de la orden de protección para que conozcan de las consecuencias que implica esta decisión. Además, se reclama al Ministerio de Igualdad que desarrolle un sistema estadístico que permita contabilizar y visualizar la recuperación de las víctimas. También se pide incrementar la financiación para los recursos sociales destinados a la atención de las víctimas de la violencia de género, especialmente en los ayuntamientos, y que se flexibilice el acceso al Fondo de Garantía de Alimentos para hacer frente al impago de pensiones por parte de los hombres.

Con respecto a cuanto a la actuación policial, el informe reclama incrementar los agentes destinados a las unidades especializadas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, mejorar su formación y los medios materiales de los que disponen. Además, pide la aprobación de un Manuel de Buenas Prácticas común a los cuerpos estatales, autonómicos y locales.