“La Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Cógido Penal no responden a las necesidades de la sociedad”

El Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha mostrado su convicción de que la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal serán de “difícil aplicación” para jueces y fiscales porque “no responden a las necesidades de la sociedad”. A su juicio, supone “un error” pensar que elevar las condenas o aumentar los tipos penales “solucionarán los problemas de delincuencia o seguridad pública”. El Congreso aprobó el pasado 26 de marzo, con los únicos votos a favor del Partido Popular, la Ley de Seguridad Ciudadana, y la reforma del Código Penal normativas que entrarán en vigor el 1 de julio.

En una entrevista a Europa Press, Calparsoro, que ha dicho conocer ambas reformas “a grandes rasgos”, por lo que deberá “estudiarlas con detenimiento”, ha considerado que su aplicación “práctica” por los fiscales y tribunales “va a ser muy difícil”, porque “no responde a las necesidades de la sociedad en materia de libertad, seguridad y justicia”.

Además, ha recordado que ambas leyes han recibido “profundas críticas de expertos” y “habrá que ver cómo se aplican y qué recorrido tienen”. Calparsoro cree que la criminología “demuestra que resulta un error pensar que con elevar las penas o aumentar los tipos penales se va a solucionar los problemas de delincuencia o seguridad pública”.

En su opinión, eso puede “caer” en el “llamado Derecho penal simbólico”, que “proclama disposiciones que puedan calmar a una parte de la sociedad, pero que luego resultan inaplicables”. “Se consiguen mejores resultados con más y mejores planes de prevención, y mejorando la eficacia de los cuerpos policiales y de la justicia”, ha apuntado.

Yihadismo

Respecto al acuerdo cerrado entre PP y PSOE para hacer frente al terrorismo yihadista, ha admitido que los pactos entre los grupos políticos mayoritarios “son importantes y tienen un valor de enorme ejemplaridad publica”. “Además, el peligro que representa para nuestras sociedades el terrorismo 'yihadista' no se debe desestimar”, ha dicho.

Por ello, considera que las medidas “dirigidas a prevenir la creación de grupos o células terroristas y las acciones de terroristas solitarios, son imprescindibles”. Además, ha indicado que “se ha demostrado que la propaganda yihadista a través de Internet y las redes sociales son el principal instrumento para el adoctrinamiento y la captación en nuestras sociedades de personas con fines terroristas”.

En este asunto, ha advertido de que “siempre hay que garantizar los derechos fundamentales y libertades públicas de todas las personas” sin “renunciar a ello” pues “en caso contrario haríamos un gran daño a nuestras sociedades y democracias”.

Sin embargo, también ha animado a contar “con los instrumentos legales, procesales y técnicos” para hacer frente a “ese peligro que, además en España, ha demostrado su extrema crueldad y capacidad de destrucción con los salvajes asesinatos del 11 de marzo de 2004 en Madrid”. “Investigar y perseguir legalmente los actos de conspiración, proposición y provocación de estos gravísimos delitos en los medios en que se cometen es irrenunciable”, ha señalado.

Internet

El Fiscal Superior vasco considera posible actuar contra la difusión yihadista por Internet, un medio que “multiplica la facilidad de perpetración de delitos adoctrinamiento y reclutamiento de terroristas y debe ser objeto de una atención prioritaria”. “Es no solo posible, sino necesario actuar penalmente y por todos los medios legales contra esas verdaderas actividades delictivas”, ha considerado.

También ha apuntado que en el Código Penal español, además de los delitos de apología y de organización o grupo criminal, se incluyen “tipos penales que sancionan estas conductas” como los delitos de provocación al odio, discriminación o racismo.

Calparsoro ha admitido que existen “dificultades objetivas” para perseguir delitos en la Red “cuando se cometen desde países lejanos o ajenos la Unión Europea”, pero ha advertido de que “cada vez contamos con más y mejores equipos y finalmente se consigue imputar a un buen número de personas”.

“Las redes sociales y las tecnologías del conocimiento y la información constituyen un medio idóneo para gran número de delitos, de injurias, de acoso menores (ciberacoso), de estafas a través de modalidades como el ”phishing“, difusión de pornografía infantil etc. por su capacidad de difusión y la sensación de anonimato o privacidad con los que se pueden cometer”, ha señalado.

Por ello, ha precisado que las Fiscalías investigan “cada vez más delitos cometidos por ese medio” y cuentan “con más medios y unidades policiales especializadas”. “Es un área de trabajo de las Fiscalías que ya está especializada y consolidada”, ha dicho.