La lucha contra el terrorismo está por encima de los derechos humanos en Arabia Saudí

''Arabia Saudí ha detenido indefinidamente a más de 9.000 personas en virtud de su programa de lucha contra el terrorismo desde 2003, ofreciendo a muchos “reeducación” religiosa en lugar de la revisión judicial para lograr su libertad'', denuncia Human Rights Watch (HRW) en un informe publicado ayer.

El documento informa que Arabia Saudí mantiene detenidos a varios disidentes políticos de manera indefinida y la agencia de inteligencia nacional, la Mabahith, que cuenta con su propias prisiones, ha impedido una efectiva supervisión judicial.

“La respuesta de Arabia Saudí al terrorismo desde hace años ha sido encerrar a miles de sospechosos y tirar la llave”, señala Sarah Leah Whitson, directora de Oriente Medio para HRW, quien considera que el asesoramiento religioso que ofrecen las autoridades saudíes no puede sustituir a un juicio transparente y con todas las garantías legales.

HRW también reprueba la actitud de gobiernos como el de Estados Unidos y Reino Unido que elogian públicamente el programa de reeducación religiosa, pero miran a otro lado cuando se les pregunta sobre la detención indefinida de miles de personas y los juicios injustos de 330 sospechosos en julio bajo el amparo de la lucha contra el terrorismo.

Según el documento elaborado por la organización, ''en lugar de permitir a los detenidos impugnar su detención ante un juez, el Ministerio del Interior ofreció consejería religiosa a los detenidos de la Mabahith, incluyendo a los transferidos del centro de detención estadounidense de Guantánamo''. Dicho programa es obligatorio y un requisito indispensable para conseguir la libertad.

La ley establece que una persona puede permanecer detenida un máximo de seis meses antes de que se celebre un juicio. Sin embargo, familiares de detenidos han denunciado ante la Junta de Reclamaciones -el tribunal administrativo de Arabia Saudí- que muchos de los presos continúan retenidos sin que se les someta a un proceso.

Un ejemplo de ello es el caso de Majid al-Husaini, detenido sin cargos desde agosto de 2002, cuando tenía 17 años. En abril el tribunal ordenó la liberación del prisionero, pero la sentencia todavía no se ha llevado a cabo por parte de la Mabahith.

En octubre de 2008, las autoridades remitieron a 991 militantes sospechosos a un recién creado Tribunal Penal Especial para su enjuiciamiento, prometiendo un juicio justo supervisado por expertos en derechos humanos. Sin embargo, el Gobierno rompió su promesa y anunció en julio que 329 sospechosos habían sido condenados por cargos relacionados con el terrorismo después de juicios secretos y sin representación legal. A pesar de que HRW y dos organizaciones de derechos humanos pidieron estar presentes en el juicio, la solicitud fue denegada.

El documento también denuncia presión por parte del Gobierno sobre los abogados que representaban a los militares para que abandonaran los casos, e incluye información provista por familiares de los detenidos, quienes dijeron que no se les informó con antelación las fechas del juicio, que los procesos no se realizaron con todas las garantías legales y sólo se aceptaron las pruebas facilitadas por la Mabahith.

“La justicia tiene que ser justa y debe ser percibida como justa”, dijo Whitson. Por eso Human Right Watch pide a las autoridades saudíes que liberen o presenten una acusación formal contra los detenidos para que éstos puedan ser juzgados en audiencia pública.