La polémica del velo, al Tribunal Constitucional

“No se trata de lo que le gusta a una persona u otra. Si no le gusta que se ejerzan los derechos es su problema”. Estás son las declaraciones de Yusuf Fernández, secretario de la Federación Musulmanda de España, a la agencia de noticias Europapress, en relación al caso de Nawja Malha que fue expulsada de una de sus clases por llevar puesto el hiyab, prenda que se usa para cubrir la cabeza.

Esta situación supone una “aberración” que “viola y pisotea” los derechos que se recogen en la Constitución, afirma el secretario.

Fernández asegura que la Federación piensa trasladar el caso de Nawja al Tribunal Constitucional ante la decisión del Consejo Escolar del instituto de no permitir a la joven el asistir a clase con el velo puesto.

“No cabe ningún tipo de negociación porque estamos hablando de un derecho básico. Esto es una batalla por la libertad de los musulmanes y de los españoles en general. No podemos vivir en un Estado que viola los Derechos Humanos de forma gratuita”, subraya Fernández.

Por su parte, la organización pro derechos humanos, Amnistía Internacional (AI), entiende que la prohibición de usar el velo viola la legislación internacional al entrar en conflicto con los artículos 18 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los artículos 9 y 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Desde Amnistía Internacional entienden que “el derecho a usar indumentaria o símbolos religiosos, como otros derechos, no es absoluto”. Afirman que existen tres premisas que limitan este derecho: estar previstas en la ley, abordar un objetivo concreto legítimo (garantizar el respeto por los derechos de los demás o proteger la moral, la salud, la seguridad o el orden público) y ser necesarias para lograr ese objetivo.

Sin embargo, “la conservación de la naturaleza laica del Estado no puede ofrecer una justificación indiscriminada para la restricción en la manifestación de creencias religiosas en determinados ámbitos públicos, aunque dicha restricción se justifique en proteger la seguridad pública o proteger los derechos de otras personas”, afirman desde AI.

La organización se ha dirigido a las autoridades nacionales para que el derecho a la libertad de expresión de la religión sea recogido correctamente en la próxima Ley de libertad religiosa, respetando las normas internacionales.

El caso francés

Según el diario Le Figaro, el gobierno de Francia pretende crear de forma urgente un proyecto de ley por el que se prohibirá el uso del burka en los espacios públicos. Francois Fillo, primer ministro francés, espera que el carácter de urgencia del proyecto permita tener esta ley aprobada en agosto.

Con esta nueva ley, las mujeres que vistan el burka podrán ser multadas y además se les negará la entrada en los edificios públicos o las tiendas.

El diario galo también asegura que en caso de que no se pague la multa se podrá ordenar la retención del salario de las sancionadas o se les descontará de las prestaciones sociales que éstas pudieran recibir. Además, si la mujer cubierta se niega a quitarse el velo a petición de los agentes, será llevada a comisaría.

Esta ley contemplará unas sanciones más severas para aquellos hombres que obliguen a las féminas de su entorno familiar usar el burka.

Según las estimaciones oficiales, unas 2.000 mujeres en Francia hacen uso de esta prenda que las cubre de la cabeza a los pies.