Más ayudas a los servicios sociales en las Comunidades Autónomas

La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, ha anunciado este martes, tras su encuentro con los consejeros autonómicos en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, que su departamento destinará una partida de 103 millones de euros entre las Comunidades Autónomas (CCAA) para reforzar la red de servicios sociales. Con esta suma se pondrán también en marcha programas de atención a los colectivos en riesgo de exclusión.

Esta cuantía se distribuirá en cinco planes entre los que destaca el Plan Concertado, que recibe la mayor dotación de unos 97 millones de euros para mantener los servicios sociales de atención primaria gestionados por corporaciones locales. El resto se reparte en planes como el de atención al pueblo gitano, el programa contra el maltrato infantil o el de defensa de la discapacidad.

“En un momento de especial relevancia como el actual, el gobierno pretende combatir la crisis y cambiar el perfil de los grupos en riesgo”, explicó Jiménez. En ese sentido, aseguró que en la reunión autonómica “ha reinado el entendimiento”, por lo que su departamento no contempla variar esas partidas.

En concreto, el programa para la atención al pueblo gitano contempla un crédito de más de un millón de euros para la gestión de proyectos de intervención social que promuevan el desarrollo de este colectivo. Según recordó la titular de Sanidad y Política Social, a esto hay que unir que en el último Consejo de Ministros se fijó un plazo máximo de dos meses para la creación de un plan específico que atienda a esta población en el periodo 2010-2012.

Por su parte, los programas contra el maltrato infantil, con un importe de más de 900.000 euros, tienen como objetivo mejorar el sistema de protección a la infancia en dificultad social. Mientras que el plan de medidas para menores infractores en medio abierto destinará cerca de cuatro millones de euros a facilitar la ejecución de vías alternativas al internamiento para las sentencias dictadas por jueces y a capacitar a los profesionales que trabajan con estos jóvenes.

Las personas con discapacidad también se verán beneficiadas del nuevo reparto del Ejecutivo. En su caso, será con la cofinanciación de proyectos de intervención social que buscan impulsar la autonomía de este colectivo. Estas ayudas de más de dos millones de euros se destinarán a iniciativas como la promoción de la lengua de signos y la comunicación oral.

El segundo punto que se discutió con los consejeros fue la distribución de los 205 millones de euros en subvenciones. “Son 14 millones más que en la convocatoria de 2009, que se enmarcan en el Plan Extraordinario de Fomento de la Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza que aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes”, matizó la ministra.

Dicho plan concede a los ayuntamientos, a través de un Fondo de Inversión Local, 737 millones de euros para el desarrollo de programas sociales. De ellos, 300 millones se destinarán directamente a los consistorios para iniciativas de inclusión social, como el mantenimiento de albergues o viviendas tuteladas. Para concluir, Trinidad Jiménez añadió que “además, el anteproyecto de la Ley de Economía Social que presentará el Gobierno en los próximos seis meses reforzará el papel de las entidades no lucrativas, socias estratégicas de nuestra economía”.