En los últimos días hemos vivido dos hechos que ponen en evidencia el deterioro institucional que está provocando la derecha española en el ámbito de la Justicia. Por un lado, el presidente del Gobierno afirmó algo que todo el mundo sabe, aunque pocos se atreven a decirlo y es que hay jueces que hacen política y políticos que pretenden hacer justicia. Por otro lado, Alberto Núñez Feijóo decidió ausentarse de la solemne apertura del año judicial en protesta por la presencia del fiscal general del Estado, procesado en una causa cuya solidez jurídica está, como mínimo, en entredicho.
En varias ocasiones he tenido que responder ante la Justicia por denuncias y acusaciones lanzadas desde el Partido Popular o por empresas beneficiadas por sus decisiones políticas. Afortunadamente, siempre he resultado exonerado, siempre he sido absuelto, y en más de una ocasión los acusadores han terminado condenados en costas y, por eso, desde mi propia experiencia, puedo hablar con franqueza. Porque lo más duro no fueron los procesos judiciales en sí, sino comprobar cómo determinados jueces y, sobre todo, algún fiscal, lejos de actuar con imparcialidad, se empeñaban en hacer política, en algunas ocasiones incluso con más virulencia que los propios acusadores con quienes incluso era pública y notoria su amistad personal. Y lo hacían con tanto descaro que hasta sus propios compañeros los desautorizaban.
Sé por tanto muy bien de lo que hablo cuando digo que en la justicia española existe una minoría de jueces y fiscales contaminados por la ideología y por intereses partidistas. Existía en Logroño, ¡no va a existir en Madrid! Afortunadamente, no son mayoría, pero son los suficientes y están tan estratégicamente ubicados, como para ser capaces de erosionar gravemente la credibilidad del sistema y corroer los fundamentos de nuestra democracia. Y esa minoría, además, no se limita a dictar sentencias sesgadas; se ha convertido en un auténtico ariete contra cualquier intento de reformar y democratizar la Justicia.
Ahí están, por ejemplo, las resistencias furibundas a las reformas impulsadas por el Gobierno y el Congreso para modernizar el acceso a la carrera judicial, con el objetivo de hacerlo más abierto, más meritocrático y menos endogámico. Quienes deberían estar agradeciendo y acompañando ese proceso, lo combaten con uñas y dientes. Y son los mismos jueces y fiscales que alentaron una huelga abiertamente ilegal contra el Estado, y se enfrentaron a los otros poderes democráticos, vulnerando la ley con la pretensión de situarse por encima de ella. Ahora esos mismos se revuelven, indignados, porque el poder político y la ciudadanía denunciamos lo que es evidente: que sus vínculos partidistas condicionan su actuación y que no defienden la justicia, sino sus intereses y los del partido al que se sienten ligados.
Y es precisamente ahí donde el cinismo de Feijóo alcanza cotas insoportables. ¿Cómo puede atreverse a insultar al presidente del Gobierno por señalar una verdad palmaria? ¿Cómo puede fingir indignación y ausentarse de un acto solemne, alegando motivos éticos, el líder de un partido que lleva décadas retorciendo, manoseando y usando las instituciones del Estado en su propio beneficio?
Hablamos del mismo individuo que se vanagloria de su amistad con un narcotraficante. Del presidente de un partido que ha presumido públicamente, a través de su portavoz en el Senado, de controlar la sala segunda del Tribunal Supremo. De la organización que vulneró la Constitución bloqueando durante casi seis años la renovación del Consejo General del Poder Judicial para atrincherar a sus jueces afines. Del partido que diseñó desde el Gobierno una “policía patriótica” que utilizó la mentira, el dinero público, la extorsión y la manipulación más abyecta para perseguir a adversarios políticos. Del único partido en España condenado por corrupción, señalado en sentencias firmes como una auténtica organización criminal.
¿Y este personaje pretende ahora dar lecciones de ética institucional? ¿Este individuo pretende hablar en nombre de la decencia y la honestidad? ¿Cómo se puede ser tan cínico y exhibir tan poquísima vergüenza? ¿Cómo es posible que alguien así siga al frente de un partido político que se dice democrático?
Lo más triste es que en el Partido Popular todavía militan personas valiosas, honestas, con convicciones democráticas sólidas, que no merecen estar representadas por dirigentes de esta escasísima catadura moral. Son ellos quienes deberían rebelarse contra una cúpula que degrada día tras día la política, que manipula las instituciones y que pretende dictar lecciones de ética desde la cloaca.
Aunque frente a ese cinismo insoportable, también conviene subrayar algo importante; que la mayoría de los jueces y fiscales de este país cumplen su labor con rigor, con profesionalidad y con un compromiso admirable con la independencia judicial. Son ellos los que sostienen día a día el Estado de derecho y garantizan que la justicia siga siendo un pilar sólido de nuestra democracia. Precisamente por respeto a ellos, por respeto a la ciudadanía y a la democracia, no podemos seguir callando frente a esa minoría que pervierte el sistema ni frente a quienes, desde la política, se benefician de su servilismo.
Porque lo que necesita España no es más cinismo, sino más decencia. Y eso, desde luego, no lo van a encontrar ni en Feijóo ni en la dirección actual del PP.